Uruguay I

Resolución de la 62 Asamblea Ciudad México, México 2006 CONSIDERANDO que el 30 de agosto, la Suprema Corte de Uruguay emitió una sentencia que condenó definitivamente a cinco meses de prisión, en suspenso, al periodista Carlos Dogliani, dos años después de que éste informara y opinara sobre presuntos actos de corrupción en el gobierno departamental de Paysandú (350 km al noroeste de Montevideo) CONSIDERANDO que los argumentos del máximo órgano de justicia en Uruguay representan un duro golpe para el libre ejercicio del periodismo en el país, ya que echan mano a la tesis de que el honor de los funcionarios públicos es el “límite” que debe observar la libertad de prensa CONSIDERANDO que en su sentencia, la Suprema Corte de Justicia afirmó que para juzgar a los periodistas “no interesa” que los hechos sobre los que informen u opinen sean “verdaderos” porque lo único que importa es “la posibilidad de ofender la reputación ajena” CONSIDERANDO que, en su fallo, la Corte hizo suya la tesis de que “habrá delito” por parte de los periodistas “incluso cuando la persona ofendida hubiera sido condenada por ese hecho” CONSIDERANDO que una vez conocida la sentencia condenatoria, el sindicato uruguayo de periodistas APU consideró que el fallo de la Corte es “alarmante”, “peligroso” y constituye un “precedente gravísimo, pasible de generar autocensura en los periodistas y comunicadores” CONSIDERANDO que reputados columnistas uruguayos, como Tomás Linn, han comentado la sentencia como “antidemocrática y liberticida” porque “penaliza el libre ejercicio del periodismo y otorga impunidad a autoridades nacionales y municipales para hacer lo que se les antoje, sin que la prensa pueda ejercer su natural tarea de vigilancia” y que “un periodista sabe hoy más que nunca que sus dichos pueden convertirlo en un criminal y llevarlo a la cárcel” en Uruguay CONSIDERANDO que esta sentencia, sumada a otros fallos judiciales de otras instancias, sientan un precedente nefasto para el efectivo ejercicio de la libertad de prensa en Uruguay CONSIDERANDO que el Principio 1 de la Declaración de Chapultepec advierte que “no hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa” y que “el ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo” CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec recuerda que “el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad” CONSIDERANDO que el Principio 10 de la Declaración de Chapultepec sostiene que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE condenar vehementemente esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que vulnera derechos inalienables de las personas y contradice de un modo flagrante la doctrina prevaleciente desde hace ya muchos años en el sistema interamericano advertir, con enorme preocupación, que esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia puede generar un poderoso efecto de autocensura en todos los periodistas uruguayos, que gracias a este deplorable fallo ahora pueden sentir la posibilidad de ser condenados a prisión por informar u opinar sobre actos o decisiones del poder público, lo cual contribuye inevitablemente a un deterioro del sistema democrático y republicano de gobierno poner en conocimiento de esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.