Uruguay II

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Resolución de la 62a Asamblea General Ciudad México, México 2006 CONSIDERANDO que el 27 de junio, el presidente Tabaré Vázquez decidió salir a señalar públicamente a nueve medios de comunicación (El País y El Observador y el semanario Búsqueda –los tres miembros de la SIP–, las radios Carve, Sarandi, El Espectador y Montecarlo y los canales de televisión privados Saeta TV Canal 10 y Montecarlo Televisión Canal 4), a los que identificó como “actores políticos” que forman parte de la “oposición” a su gobierno CONSIDERANDO que el señalamiento de una lista de medios por parte del presidente fue interpretado por los partidos políticos opositores y por la gran mayoría de los medios y de los periodistas como un intento desde la cúspide del poder para restarles autoridad y credibilidad a esos medios ante el público CONSIDERANDO que el “clima enrarecido” denunciado ya en marzo por la SIP en su asamblea de Quito para el ejercicio de la libertad de prensa y del periodismo en Uruguay, ha cambiado ahora a una situación de hostigamiento contra algunos de los medios señalados por el presidente CONSIDERANDO que algunas situaciones concretas muy preocupantes ya han comenzado a producirse, siendo la más grave de ellas una investigación oficial iniciada por el estatal Instituto del Niño y de la Adolescencia del Uruguay (INAU), que decidió dar curso a una denuncia anónima contra el jefe de redacción del semanario Búsqueda, ocurrida al día siguiente de que el periódico publicara una información que molestó a sus autoridades, por presuntos maltratos del periodista y su esposa a uno de sus hijos, de 6 años de edad, a quien quieren interrogar los sicólogos del Estado CONSIDERANDO que éste parece ser un nuevo método para coaccionar, amedrentar y presionar a los periodistas, atacándolos desde el Estado con denuncias anónimas que involucran a sus familias, lo cual constituye una nueva y extremadamente peligrosa amenaza para el ejercicio de la actividad periodística y para la vigencia de la libertad de prensa en Uruguay CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec advierte de que “el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE: manifestar su enorme preocupación por el curso que están tomando las cosas en Uruguay en cuanto al hostigamiento verbal y de hecho a algunos medios y periodistas considerados “opositores” por el gobierno del presidente Tabaré Vázquez reclamar al Poder Ejecutivo de Uruguay la suspensión inmediata de este tipo de presiones indebidas, especialmente aquellas que, como las comentadas en el considerando quinto, resultan a todas luces violatorias de la libertad, las garantías y el derecho de los ciudadanos mantenerse en estado de alerta ante el giro muy preocupante que ha tenido durante el último semestre la conducta del Poder Ejecutivo respecto a la prensa que no le es adicta.

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