Costa Rica

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Resolución de la 62a Asamblea General Ciudad México, México 29 de septiembre al 3 de octubre del 2006 CONSIDERANDO que el magistrado Ernesto Jinesta, integrante de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, exigió a varios directores de medios de comunicación rendir un informe bajo juramento sobre “…un eventual juicio paralelo de prensa o mediático” del cual alega haber sido objeto un ex presidente de la República CONSIDERANDO que esa inusitada investigación abre una puerta para la indebida injerencia judicial en la conducción de la política informativa de los medios y constituye una seria amenaza a las libertades de prensa y expresión CONSIDERANDO que las informaciones publicadas sobre casos de corrupción le han ganado a la prensa costarricense un prestigio internacional que suscita el más fuerte rechazo a cualquier intento de ponerle cortapisas indebidas CONSIDERANDO que el 3 de mayo pasado, Día Mundial de la Libertad de Expresión, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica –en clara contradicción con las tendencias internacionales más avanzadas– reafirmó la vigencia de la anacrónica Ley de imprenta que castiga con cárcel la injuria y la calumnia CONSIDERANDO que el Principio 10 de la Declaración de Chapultepec establece que “ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público” LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE manifestar su sorpresa por el menoscabo a la libertad de expresión surgido de la instancia judicial encargada, más que cualquier otra, de asegurar el cumplimiento de los derechos humanos exhortar a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica para que asegure el respeto a las libertades de expresión y prensa.

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