Impunidad - Brasil

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CONSIDERANDO que la investigación sobre la muerte de Reinaldo Coutinho da Silva, asesinado en 1995, permanece prácticamente estancada porque la Policía Civil alega dificultades para obtener pruebas que conduzcan a encontrar a los asesinos y los autores intelectuales CONSIDERANDO que la investigación sobre la muerte de Manoel Leal de Oliveira, asesinado el 14 de enero de 1998, avanzó bastante gracias a los esfuerzos del juez Marcos Bandeira y de la fiscal Cinthia Portela, pero nunca se llegó a conocer el nombre del autor intelectual del crimen y que uno de los acusados, que está prófugo, fue visto transitando por la ciudad donde el periodista fue asesinado, en un enfrentamiento con la justicia CONSIDERANDO que no se llegó a los asesinos de Edgar Lopes de Faria, asesinado el 29 de octubre de 1997, debido a dificultades técnicas de la policía en proseguir la investigación y a que persiste el miedo de los testigos a hablar CONSIDERANDO que el fiscal João Alves da Silva Neto enfrenta trámites burocráticos y presión política para llegar a los acusados del crimen contra el locutor de radio Ronaldo Santana de Araújo, asesinado el 9 de octubre de 1997 CONSIDERANDO que las investigaciones sobre la muerte del presentador de televisión José Carlos Mesquita finalmente culminaron en la encarcelación de Orico Rodrigues, uno de los acusados que estaba prófugo, pero que el otro acusado permanece prófugo y el autor intelectual del crimen está impune CONSIDERANDO Que el ex policía Divino José de Matos, conocido como Divino 45, señalado como el asesino que mató al periodista Mário Eugênio Rafael de Oliveira, muerto el 11 de noviembre de 1984, permanece prófugo, después de haberse cambiado su sentencia de 17 años, a pesar de existir evidencia de que se encontraba residiendo en otro estado, la policía aún no ha logrado localizarlo CONSIDERANDO que Aristeu Guida da Silva fue asesinado el 12 de mayo de 1995 y que Vladimir Rainieri Pereira Sobrosa, acusado de ser uno de los ejecutores, fue condenado a 28 años de reclusión, apeló la sentencia y aguarda un nuevo juicio, y otros acusados permanecen prófugos CONSIDERANDO que el empresario Domingos Sávio Brandão de Lima, dueño del diario Folha do Estado de Mato Grosso y de Radio Cidade de Cuiabá FM, fue asesinado el 30 de setiembre de 2002, que la Policía Civil identificó a uno de los sospechosos de ser el autor material del crimen, y él está preso, pero aún siguen las investigaciones en busca del autor intelectual CONSIDERANDO que el caso policial que investiga la desaparición del locutor de radio Ivan Rocha, ocurrido el 22 de abril de 1991, fue archivado, a pesar de haberse identificado a los presuntos secuestradores, que fueron acusados, encarcelados y absueltos por falta de pruebas y que jueces, fiscales, jefes de policía y testigos reconocen haber sufrido amenazas y presiones durante la investigación sobre este caso CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan seriamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad” LA REUNIÓN DE LA SIP RESUELVE solicitar al Gobierno nacional que la investigación de los crímenes contra los derechos humanos, incluido el homicidio de periodistas y locutores de radio, se traslade a la jurisdicción de la Policía Federal. solicitar la ampliación y mejora del programa de Protección a Testigos, desconocido por la población, que no logra atender a la demanda, y en algunos casos, mantiene a los testigos en situaciones muy precarias, que hace que muchos prefieran no pertenecer al programa. solicitar al Gobierno Federal y a los gobernadores del Estado un compromiso con el derecho de libertad de expresión y el fin de la impunidad. solicitar al Gobierno Federal y a los gobiernos municipales y estatales una garantía de transparencia de la información, para que los periodistas puedan seguir los procesos e investigaciones, al contrario de lo que establece la Ley Mordaza y otras orientaciones internas de control de la información. solicitar a las Secretarías de Seguridad Pública de los Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahía, Río de Janeiro, Brasilia, Sergipe, Espírito Santo, Rondônia que brinden las condiciones técnicas y de infraestructura para que los policías puedan efectivamente investigar los crímenes, incluso: pago de viáticos para la persecución de los sospechosos, agilidad en los servicios de laboratorio para los exámenes de balística, ADN e impresión digital, disponibilidad de vehículos para la investigación básica, agilización de los pedidos órdenes de cateo y prisión. exigir a la Policía y la Justicia que las investigaciones no se limiten a la identificación y encarcelamiento de los asesinos, sino que también de los autores intelectuales de los crímenes. pedir a la Secretaría de Seguridad Pública de los estados, previsiones para trasladar a los presos a lugares de máxima seguridad, evitando así la fuga de los acusados solicitar que se implemente un programa más eficiente para la búsqueda de prófugos, interconectando a los estados, de modo que los policías de todo el país puedan identificar fácilmente a los sospechosos con prisión decretada y efectuar el arresto solicitar las previsiones necesarias para impedir que la burocracia y la corrupción modifiquen la tramitación de los procesos de la justicia, demorando el juzgamiento de los acusados

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