Impunidad - México

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IMPUNIDAD/MÉXICO Resolución de la Reunión de Medio Año Caracas, Venezuela 28 al 30 de marzo del 2008 CONSIDERANDO Que en el estado de Tamaulipas han sido asesinados 10 periodistas desde 1987 hasta la fecha, nueve de los casos están en manos de la Procuraduría General de Justicia del estado sin que hasta el momento hayan resuelto a fondo uno solo y las autoridades federales tampoco tienen resultados en las pesquisas sobre el crimen de Guadalupe García Escamilla, ni han sometido bajo su jurisdicción el resto de las indagatorias como la SIP lo ha solicitado reiteradamente CONSIDERANDO Que en el estado de Chihuahua son siete los periodistas asesinados en los últimos 21 años, seis de ellos están bajo la jurisdicción de la Procuraduría General de Justicia de la entidad y no ofrece resultados claros ni contundentes CONSIDERANDO Que es en el estado de Chihuahua, en donde las autoridades se comprometieron a investigar y resolver el caso del periodista Víctor Manuel Oropeza, atendiendo la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia no ha avanzado en la indagatoria y pretende cerrar el caso a pesar de los múltiples esfuerzos de la SIP para que se investigue a fondo CONSIDERANDO Que en los estados de México, Oaxaca, Sinaloa, Coahuila, Morelos, Guerrero, Distrito Federal y Jalisco, las respectivas procuradurías generales de justicia tienen en total a su cargo 28 expedientes de secuestros y crímenes cometidos contra periodistas y que permanecen impunes por la falta de atención y resultados de sus funcionarios para llevar a prisión a todos los responsables y conocer las razones que motivaron esos hechos. CONSIDERANDO Que en el caso del crimen del periodista estadounidense Philip True, la Procuraduría General de Justicia de Jalisco conoce la identidad de los dos responsables, pero de manera negligente desde hace cuatro años no los ha reaprendido, a pesar de haberse comprometido con la SIP en distintas ocasiones para someter a prisión a los culpables CONSIDERANDO Que el estado de Michoacán registra un escenario de incertidumbre para los periodistas, ya que reciben amenazas y presiones permanentemente por parte de integrantes del crimen organizado, sin que las autoridades locales y federales muestren acciones firmes y contundentes, pues ningún caso ha sido resuelto desde 1991, cuando fue asesinado el locutor Lázaro Cárdenas y hasta la fecha cuando se han sumado tres informadores más asesinados: Ramiro Ramírez Duarte (1999), Jaime Arturo Olvera Bravo (2006) y Gerardo García Pimentel (2007); y tres reporteros desparecidos: Jaime Antonio García Apac (2006), Juan Pablo Solís (2007) y Mauricio Estrada Zamora (2007) CONSIDERANDO Que desde 1995 a la fecha permanecen desaparecidos 10 periodistas, la mayoría desde 2003, por lo que pueden ser parte de la estrategia del crimen organizado para generar temor e incertidumbre entre los informadores, ya que en esos años esos grupos desataron una ola de violencia en el país, y ante esto ni las procuradurías de justicia de los estados ni la PGR han podido resolver alguno de estos casos: Cuauhtémoc Ornelas Ocampo (Coahuila 1995); Jesús Mejía Lechuga (Veracruz 2003); Alfredo Jiménez Mota (Sonora 2005); Rafael Ortiz Martínez (Coahuila 2006); José Antonio García Apac (Michoacán 2006); Rodolfo Rincón Taracena (Tabasco 2007); Gerardo Paredes y Gamaliel López (Nuevo León 2007) CONSIDERANDO Que la Procuraduría General de la República tiene bajo su jurisdicción algunas investigaciones sobre el asesinato de periodistas: José Ramírez Puente, Chihuahua abril 2000; Guadalupe Gacía Escamilla, Tamaulipas abril 2005; Enrique Perea Quintanilla, Chihuahua agosto 2006; Raúl Gibb Guerrero, Veracruz abril 2005; Francisco Ortiz Franco, Baja California junio 2004; Bradley Ronald Will, Oaxaca octubre 2006, y Amado Ramírez Dillanes, Guerrero abril 2007, y que en ningún caso ha informado sobre el avance de éstas y tampoco ha sometido a juicio a todos los responsables CONSIDERANDO Que la policía federal detuvo a Saúl Montes de Oca Morlett, ex agente de la policía ministerial de Baja California y actualmente identificado como posible jefe de una de las células del cártel de los Arellano Félix encargada del trasiego de drogas, del cobro de plaza y de secuestros de personas, y que por información de inteligencia policial, se informó, que se tienen indicios de que habría participado en el atentado contra el director del semanario Zeta, Jesús Blancornelas ( noviembre 1997), pero no existe orden de aprehensión en su contra por ese hecho, por lo que fue sometido a arraigo domiciliario por 60 días CONSIDERANDO Que en el estado de Baja California existen tres asesinatos de periodistas sin resolver: Francisco Ortiz Franco (2004), el fotógrafo Dante Espartaco Cortés (1995) y el codirector de Zeta, Héctor Félix Miranda (1988), los dos últimos en manos de la Procuraduría General de Justicia del estado, que no muestra resultados claros y satisfactorios, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1999 emitió tres recomendaciones que continúa sin cumplir el gobierno mexicano para indagar a fondo el crimen de Félix Miranda CONSIDERANDO Que la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas de la PGR sigue siendo una oficina sin un papel real de investigación y con resultados claros y contundentes, porque sigue sin contar con facultades legales para ello ni con el apoyo económico y humano por parte del gobierno federal, por lo que no ha significado avance alguno para frenar los ataques a los informadores ni resolver éstos CONSIDERANDO Que la PGR presentó una propuesta ante la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados para federalizar los delitos cometidos contra periodistas, sin que represente una iniciativa formal por parte del Ejecutivo, sino un documento de trabajo para ser modificado y enriquecido, según se ha informado oficialmente a la SIP; sin embargo, ese borrador incluye una definición peligrosa sobre la figura jurídica de periodista CONSIDERANDO Que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad” LA ASAMBLEA DE LA SIP RESUELVE Exigir a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas que resuelva todos los casos que tiene bajo su jurisdicción (Rubén Calderón Esquer 1997; Mario Morales Palacios 1999; Luis Roberto Cruz Martínez y Pablo Pineda Gaucín 2000; Saúl Martínez Gutiérrez 2001; Félix Fernández García, 2002; Roberto Mora García y Francisco Arratia 2004, y Ramón Téllez Conteras 2006) , de manera clara y eficaz, porque la ausencia de justicia y aplicación de la ley ha favorecido la impunidad en la entidad, que está catalogada como la más violenta contra los medios de comunicación y donde no existen garantías para el trabajo informativo Demandar al gobierno federal a que atraiga las investigaciones de los asesinatos de periodistas cometidos en Tamaulipas, Chihuahua y Michoacán, ante la falta de resultados y la posible complicidad de las autoridades locales para impedir que esos casos sean resueltos Comprometer a la Procuraduría General de la República para que cumpla con su obligación constitucional y legal de procurar justicia en los casos de periodistas asesinados que tiene ya bajo su jurisdicción y de los cuales no ha dado un solo resultado que permita conocer lo que ocurrió en cada caso y someter a juicio a todos los responsables Exhortar a la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua para que cumpla con su responsabilidad constitucional y resuelva todos los casos de periodistas asesinados (Jessica Elizalde 1993; Fernando Martínez Ochoa 1998; José Ramírez Puente 2000; José Luis Ortega Mata y José Barbosa 2001) y lleve a prisión a los responsables Exigir de forma enérgica al Estado Mexicano que cumpla de manera pronta, clara y eficaz, los acuerdos alcanzados en la reunión de trabajo sobre los casos de los periodistas Manuel Oropeza y Héctor Félix Miranda y así venere y acate de una vez por todas la recomendación emitida por la CIDH, dejando a un lado la posibilidad de que cierren los casos Exhortar a las procuradurías de justicia de los estados de México, Oaxaca, Sinaloa, Coahuila, Morelos, Guerrero, Distrito Federal y Jalisco, para que revisen sus expedientes y retomen las investigaciones de los secuestros y asesinatos de periodistas, y sean resueltos de manera eficaz y contundente Reclamar a la Procuraduría General de Justicia de Jalisco para que actúe de manera efectiva y cumpla con su obligación de reaprender a los responsables del crimen del periodista Philip True Urgir a las procuradurías de justicia de Coahuila, Veracruz, Michoacán, Tabasco y Nuevo León; así como a la Procuraduría General de la República, para que concentren sus esfuerzos en la localización de los reporteros desaparecidos y determine qué es lo que ocurrió en cada caso Instar a la Procuraduría General de la República a que después de 11 años, muestre resultados contundentes en las investigaciones del atentado que sufriera Jesús Blancornelas, director del semanario Zeta, y no extradite a Estados Unidos al presunto narcotraficante Saúl Montes de Oca Morlett, sin antes ser sometido a juicio por este caso Reclamar al gobierno mexicano y al Congreso de la Unión que doten de capacidad legal, recursos materiales y humanos suficientes a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas de la PGR, para que pueda investigar de forma real y profunda los casos de secuestros, amenazas y asesinatos de periodistas ocurridas en el país, y deje de ser una oficina sin efectividad Pedir a la Cámara de Diputados que abra un espacio amplio de discusión profunda sobre las reformas constitucionales y legales que hagan falta para crear las mejores condiciones que permitan prevenir, atender y resolver los casos de periodistas amenazados, secuestrados y asesinados en México; para que los resultados de ésta puedan cristalizarse en una reforma seria y eficaz.

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