Perú I

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CONSIDERANDO Que el 12 de enero pasado Alejandro Carrascal Carrasco, director del semanario Nor Oriente de la ciudad de Jaén, región Cajamarca, Amazonas, fue detenido por orden del juez Francisco Miranda, del Primer Juzgado Penal, quien lo sentenció a un año de pena privativa de libertad por el delito de difamación agravada. CONSIDERANDO Que al confirmar la sentencia, el referido Juez absuelve al periodista por el delito de injuria y confirma la condena por la figura de difamación, reiterando la condena de un año de pena privativa de libertad efectiva y al pago de multas por concepto de reparación civil. CONSIDERANDO Que existen indicios que el encarcelamiento de Carrascal esta vinculado a una persecución política en represalia por la cobertura del semanario al violento enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y nativos, conocido como el “Baguazo”, que dejó un lamentable saldo de 24 policías y 10 civiles muertos CONSIDERANDO Que un hijo del periodista ejerce la defensa legal de un representante nativo denunciado por el homicidio de efectivos policiales, en la zona de la Curva del Diablo. CONSIDERANDO Que el demandante Víctor Feria ya se había desistido de la querella; que existen diversas irregularidades procesales que anteceden la detención de Carrascal, como el hecho de que afirma no haber sido notificado debidamente de la lectura de la sentencia, la que se realizó en ausencia suya. CONSIDERANDO Que dado que el director del semanario Nor Oriente no tenía antecedentes judiciales, no correspondía su detención por el tipo de delito imputado, ni tampoco el plazo de la pena impuesta de un año. CONSIDERANDO Que Carrascal lleva más de dos meses detenido y su salud está seriamente resquebrajada, desde el día de su detención pese a lo que se le ha negado la atención médica apropiada. CONSIDERANDO Que 5 de junio del 2009, en el contexto de los mismos hechos trágicos ocurridos en la provincia de Bagua, las autoridades de más alto rango del gobierno del Perú acusaron públicamente a Radio La Voz de Bagua, de la ciudad de Bagua Grande, departamento de Amazonas, de ocasionar las muertes. CONSIDERANDO Que en días siguientes el ministro de Transportes y Comunicaciones, anunció que investigaría, individualizaría y sancionaría a emisoras radiales de la zona que “incitaron a la violencia”; lo que generó inmediatamente que los medios de comunicación de Bagua emitan un comunicado público de protesta. CONSIDERANDO Que tres días más tarde, Radio La Voz de Bagua recibió una notificación anunciando su clausura aunque dicha resolución oficial argumentó incumplimiento de requisitos técnicos consignados en la Ley de Radio y Televisión. CONSIDERANDO Que el propietario y director de Radio La Voz de Bagua niega tanto las imputaciones políticas como la administrativa, y que la radio ha agotado la vía administrativa y presentado una demanda de amparo ante el Poder Judicial, solicitando se deje sin efecto la clausura mencionada. CONSIDERANDO Que el 16 de febrero la Fiscal Titular de la Primera Fiscalía Provincial de Utcubamba, región Amazonas, doctora Olga Bobadilla, archivó el proceso penal contra Aurora Burgos de Flores, propietaria de Radio La Voz de Bagua y los periodistas José Flores Burgos, Leiter Flores Burgos y Alberto Pintado Villaverde, por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de apología del delito y sedición. CONSIDERANDO Que pese a esta medida, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se niega a autorizar que Radio La Voz de Bagua reinicie sus transmisiones e incluso ha embargado sus cuentas bancarias por supuestas multas no pagadas. CONSIDERANDO Que el Principio N° 5 de la Declaración de Chapultepec establece que “La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa”. LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE: solicitar al presidente de la Oficina del Control de la Magistratura (OCMA), Dr. Enrique Mendoza, disponer se realice una investigación en torno a las presuntas irregularidades denunciadas en la detención del director del semanario Nor Oriente solicitar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que reconsidere su decisión de cancelar la licencia de funcionamiento de Radio La Voz de Bagua, silenciada arbitrariamente hace casi un año encargar a la Comisión de libertad de prensa e información que prevea la formación de una misión investigadora que visite Perú para analizar la situación imperante en dicho país

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