Impunidad / Brasil

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CONSIDERANDO Que el policía Mozart Brasil, condenado a 18 años de prisión en septiembre del 2003 por el asesinato del periodista Manoel Leal de Oliveira en enero de 1998, fue exonerado de su cargo después de un procedimiento administrativo realizado por una comisión de la Junta General Revisora de la Policía de Bahía, pero permanece en una prisión especial porque apeló la decisión; que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un acuerdo amistoso con el gobierno brasileño, sugirió reabrir el caso de Oliveira para que fueran identificadas las personas que ordenaron el crimen, algo que no ocurrió hasta marzo del 2010; y que en cumplimiento del acuerdo establecido con la CIDH el 7 de abril del 2010 el gobierno brasileño pagará la remuneración a la familia del periodista asesinado CONSIDERANDO Que las apelaciones especiales del ex alcalde de Eunapolis, Paulo Dapé, y de sus empleados Maria José Ferreira Souza, Waldemir Batista de Oliveira y Antônio Oliveira Santos, acusados del asesinato del reportero de radio Ronaldo Santana de Araújo el 9 de octubre de 1997 en Eunápolis, Bahía, no fueron aceptadas por el Tribunal Supremo de Justicia, y han solicitado nuevas apelaciones que ahora se analizan por el Tribunal Supremo Federal en Brasilia; que Paulo Sérgio Mendes Lima, el único condenado por el crimen, recibió el beneficio de la progresión de la sentencia, y aprovechando el régimen semiabierto que le permite dejar la prisión durante el día, salió a trabajar y nunca volvió, en mayo del 2008 CONSIDERANDO Que Maria Bernadete Ferreira de Sousa, Dolival Pereira de Andrade y Maria Deusa Pires da Silva, acusados del asesinato del periodista de radio Jorge Araújo da Costa, el 23 de marzo del 2001 en Timon, Maranhão, obtuvieron un habeas corpus y sus casos se archivaran; que la fiscalía apeló, pero los jueces del Tribunal Supremo de Justicia (STJ) rechazaron la apelación; que la fiscalía puede apelar otra vez; que los otros tres acusados fueron juzgados y condenados el 29 de septiembre del 2005, pero solamente uno de ellos está preso porque es acusado también de otro crimen y los demás lograron el derecho de apelar sus sentencias en libertad CONSIDERANDO Que no se ha identificado a los autores intelectuales del asesinato de José Carlos Mesquita ocurrido el 10 de marzo de 1998 en Ouro Preto do Oeste, Rondônia, y que la investigación está prácticamente paralizada; y que, además, no se ha castigado a la persona que ordenó el asesinato de Mário Coelho de Almeida Filho, el 16 de agosto del 2001 en Magé, Rio de Janeiro CONSIDERANDO Que la Fiscalía de Paulo Afonso, en Bahía, ha estado esperando desde junio del 2008 la respuesta a una petición de levantar el secreto telefónico para continuar la investigación de la muerte de Nivanildo Barbosa Lima, encontrado muerto en la presa de Paulo Afonso el 22 de julio de 1995 CONSIDERANDO Que el retraso en las investigaciones del asesinato de Edgardo Lopes de Faria el 29 de octubre de 1997 en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, y la desaparición del periodista Ivan Rocha el 22 de abril de 1991 en la ciudad de Teixeira de Freitas, Bahía, consolidó la impunidad de estos crímenes CONSIDERANDO Que los acusados del asesinato de Samuel Román en Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul, el 20 de abril del 2004; de Aristeu Guida da Sillva, muerto el 12 de mayo de 1995 en São Fidélis, Rio de Janeiro; y de Luiz Otávio Monteiro en Manaus, Amazonas, el 29 de diciembre de 1988, permanecen prófugos. En el último caso ni siquiera se ha identificado a la persona que ordenó el crimen CONSIDERANDO Que en relación con el asesinato de la cronista social Maria Nilce Magalhães el 5 de julio de 1989 en Vitória, Espírito Santo, hay todavía apelaciones en curso que se decidirán y la alegación de demencia por dos de los acusados ha retrasado el proceso CONSIDERANDO Que João Arcanjo Ribeiro, principal acusado de ordenar el asesinato del empresario Domingo Sávio Brandão de Lima, el 30 de septiembre del 2002 en Cuiabá, Mato Grosso, todavía no se ha resuelto porque él ha apelado CONSIDERANDO Que la investigación del asesinato del periodista Reinaldo Coutinho da Silva, ocurrido el 29 de agosto de 1995 en São Gonçalo, Rio de Janeiro, todavía está en manos de la policía para otros procedimientos, con el riesgo de que el caso se archive CONSIDERANDO Que el caso contra el juez de apelaciones José Maria Lucena, señalado como autor intelectual del asesinato del reportero de radio Nicanor Linhares Batista el 20 de junio del 2003 en Limoeiro do Norte, Ceará, se ha pospuesto varias veces y hay sospecha de fuerte presión sobre este caso; que continúa el caso contra su esposa, la ex alcalde Maria Arivan de Holanda Lucena, ahora en el Tribunal de Justicia de Limoeiro do Norte. CONSIDERANDO Que los policías Paulo César Ronceiro y Edson Luiz Ronceiro y el empresario Carlos Alberto da Costa serán juzgados el 25 de marzo del 2010 por el asesinato del periodista Luiz Carlos Barbon Filho, ocurrido el 5 de mayo del 2007 en Porto Ferreira, São Paulo; que la viuda del periodista fue admitida en el Programa de Protección de Testigos, debido a amenazas en su contra; que el caso en contra del policía Valnei Bertoni fue separado del resto debido a sus apelaciones CONSIDERANDO Que el fiscal encargado de la investigación del asesinato del reportero de radio Jorge Lourenço dos Santos, ocurrido el 11 de julio del 2004 en Santana do Ipanema, Alagoas, estudia la posibilidad de enviar el caso al tribunal de la capital, a petición de la fiscalía, puesto que una de las personas bajo investigación asumió el cargo de alcalde CONSIDERANDO Que en la mayoría de los crímenes, los autores materiales e intermediarios arrestados cuentan con buenos abogados, pagados generalmente por los autores intelectuales de los crímenes, para que permanezcan callados y no señalen sus nombres, cerrándose así el ciclo de la impunidad; que, en general, quienes planifican los crímenes quedan impunes y solamente arrestan a los autores materiales e intermediarios CONSIDERANDO Que no existe un sistema eficiente para identificar y capturar a los fugitivos, de modo que las investigaciones identifican a los culpables, pero los crímenes siguen sin resolverse CONSIDERANDO Que existen mecanismos legales que facilitan a los acusados evitar o retardar al máximo el juicio y la eventual prisión CONSIDERANDO Que en el sistema penal actual el beneficio de la progresión de la sentencia es utilizado por los criminales para huir CONSIDERANDO Que muchas investigaciones se han detenido en espera de procedimientos, favoreciendo así a los delincuentes; por ejemplo, las compañías telefónicas toman mucho tiempo para dar la información CONSIDERANDO Que algunas instituciones públicas dificultan la obtención de información, lo que torna a los procesos poco transparentes e impide el progreso de las investigaciones CONSIDERANDO Que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad” LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE felicitar al gobierno de Bahía por su buena voluntad para cumplir con el acuerdo amistoso firmado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de compensar a la familia del periodista Manoel Leal de Oliveira, asesinado en enero de 1998, y solicitar que, también como parte del acuerdo, reabra la investigación policial para identificar y castigar a los autores intelectuales del crimen solicitar que sean reabiertos y solucionados los casos archivados de periodistas asesinados o desaparecidos solicitar que los responsables de la investigación del asesinato del periodista Reinaldo Coutinho da Silva, en Rio de Janeiro, continúen sus esfuerzos a fin de que el caso no quede impune garantizar que los jueces y fiscales tengan acceso, con la mayor rapidez posible, a la información que consideren crucial para la solución de casos de atentados a la libertad de prensa, y asegurar que los periodistas puedan seguir estos casos bajo el principio de transparencia e interés público garantizar que los profesionales de la prensa tengan acceso a la información de las instituciones públicas y libertad para actuar de una manera responsable, especialmente durante períodos electorales solicitar al gobierno federal que garantice, en la práctica real, la federalización de los crímenes contra los profesionales de la prensa, a fin de evitar la presión sobre fiscales, personal policial y testigos exigir a los gobiernos que reformulen y mejoren el sistema para localizar fugitivos, intensificando las búsquedas y el control de las fronteras terrestres y dentro y fuera del país solicitar que el beneficio de la progresión de la sentencia a un régimen semiabierto se conceda de una manera más cuidadosa, puesto que este beneficio ha llevado a la fuga de criminales garantizar una total transparencia en los casos en que los acusados tienen una posición de privilegio ante las cortes, y que se apliquen los mecanismos para evitar la presión sobre jueces y fiscales durante todo el período de investigación y juicio.

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