Impunidad / México I

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CONSIDERANDO Que en México la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a ser informada atraviesa una situación crítica, que pone en riesgo uno de los derechos fundamentales en los que se soporta cualquier democracia CONSIDERANDO Que los periodistas y medios de comunicación, en más de la mitad del territorio mexicano, son víctimas de una situación alarmante de amenazas, secuestros y asesinatos, por parte de distintos poderes fácticos CONSIDERANDO Que una muestra de esta grave situación fue el secuestro, en el estado de Tamaulipas, de ocho periodistas, cinco continúan desaparecidos, dos ya están en lugares seguros y uno murió a causa de la tortura a la que fue sometido CONSIDERANDO Que otra prueba de la grave situación que prevalece en México, es que en los últimos cuatro meses, seis periodistas fueron asesinados y una reportera permanece desaparecida desde noviembre pasado, sin que hasta ahora las autoridades muestren algún avance serio, ni determinan cuáles están relacionados con el ejercicio periodístico CONSIDERANDO Que en estados como Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Sonora, Sinaloa, Baja California, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Nuevo León y Tabasco, los comunicadores experimentan una preocupante condición de temor y de desconfianza ante los altos grados de corrupción de las autoridades, que deberían protegerlos y las amenazas incesantes que reciben, por lo que la autocensura se ha extendido y acrecentado CONSIDERANDO Que la mayor falta en la que han incurrido los poderes públicos, tanto en el ámbito federal como estatal, es que no han cumplido con sus obligaciones de prevenir, procurar y administrar una justicia pronta y efectiva, lo que ha provocado que se incrementen los niveles de impunidad CONSIDERANDO Que a consecuencia de la misión que la SIP realizó en México en febrero pasado, el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación y del procurador general de la República se comprometió a efectuar cambios en la investigación, tratamiento y resolución de los ataques a los comunicadores CONSIDERANDO Que la Procuraduría General de la República mantiene sin resolución los casos que tiene bajo su responsabilidad en la SIEDO, en la Fiscalía Especial y en las delegaciones regionales de la PGR, desde 1997 a la fecha, sobre ataques a periodistas y medios de comunicación CONSIDERANDO Que la Secretaría de Gobernación se comprometió con la misión de la SIP en atender las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a los homicidios de los periodistas Héctor Félix Miranda y Víctor Manuel Oropeza, que fueron aceptadas por el gobierno mexicano y que la Secretaría de Relaciones Exteriores relegó junto con las procuradurías de justicia de los estados de Baja California y Chihuahua CONSIDERANDO Que las procuradurías generales de justicia de los estados de la República, donde han ocurrido ataques graves a los comunicadores, muestran avances limitados o nulos en las investigaciones sobre periodistas asesinados, desaparecidos o amenazados CONSIDERANDO Que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece: “El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”. LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESULEVE Exigir que de forma inmediata el gobierno mexicano desarrolle una estrategia integral, clara y de fondo, para que la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a ser informada sean garantizados Reclamar a los poderes públicos federal y estatal, que adopten un compromiso para que no permitan que continúen los ataques a periodistas y que la impunidad siga prevaleciendo Urgir al gobierno mexicano a que ejerza todas sus facultades y recursos para que los periodistas secuestrados en Tamaulipas sean rescatados con vida y los responsables sean sometidos a juicio para que cumplan una condena ejemplar Reclamar a las procuradurías generales de justicia de los estados de la República, -en los que existen averiguaciones previas abiertas por ataques a comunicadores y medios informativos, como en el caso de Sonora, Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, estado de México, Tabasco, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Jalisco y el Distrito Federal- para que atiendan estos casos, los investiguen y sometan a juicio a los responsables Instar a la Secretaría de Gobernación a que cumpla su compromiso de atender las resoluciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Apremiar al Procurador General de la República a que acelere las investigaciones y muestre resultados de las distintas averiguaciones previas que están en manos de la institución y dé a conocer los resultados, estableciendo una política de información sobre los hechos violentos que ocurren en el país Instar al Procurador General de la República a que ordene a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, para que revise los casos de asesinatos y desapariciones de periodistas cometidos 20 años atrás y que están en manos de las autoridades estatales para que en una estrategia de coadyuvancia y coordinación los resuelvan y sometan a juicio a los responsables o, en su caso, sean atraídos por la PGR Exhortar al Congreso de la Unión y en particular a la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación que desarrolle un plan de trabajo serio, que incluya la federalización de delitos contra la libertad de expresión, su no prescripción y su agravamiento, tal como esta organización lo viene reclamando desde hace 15 años.

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