Conclusiones

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Reunión de Medio Año
Fortaleza, Ceará, Brasil
16 - 20 de marzo de 2016
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CONCLUSIONES El asesinato sigue siendo utilizado como recurso para acallar al periodismo en el continente. En los últimos seis meses, seis periodistas fueron muertos en el ejercicio de sus funciones. Tres de ellos en Colombia, uno en Haití, Paraguay y México, respectivamente. Al mismo tiempo, y sin que esto mitigue la pérdida de vidas humanas, se dieron procesos sociales positivos por lo menos en tres países. En Guatemala, el gobierno aceptó reiniciar las investigaciones por la desaparición en 1980 de la periodista Irma Flaquer. Los esfuerzos de la SIP para terminar con la impunidad en los homicidios y desapariciones de periodistas logran así otro paso adelante y demuestran la importancia de perseverar en esta tarea. En el Perú, las verdaderas batallas del periodismo y las investigaciones de los reporteros sobre los abusos de la administración del presidente Fujimori produjeron una saludable renovación en la sociedad peruana y la consecuente reapertura democrática. La Declaración sobre Libertad de Expresión elaborada por la Relatoría y recientemente adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos significa un paso positivo en la lucha para reafirmar los principios fundamentales de la democracia en el sistema legal interamericano. La promulgación de esta Declaración demuestra la trascendencia de la conferencia continental a la que convocara la SIP en México en 1994 en la que surgió la Declaración de Chapultepec. En México se inició la alternancia en el poder después de 71 años de gobierno de un sólo partido, despejando así el camino hacia una democracia plena en la que se practica la libertad de expresión. En este sentido, es alentador que el nuevo gobierno haya decidido enviar al Congreso un anteproyecto de ley que permitiría el libre acceso a la información pública. Además de su disposición a definir como crimen de jurisdicción federal el asesinato de periodistas. El acoso judicial al periodismo en Costa Rica, Jamaica, Argentina, Brasil, Uruguay y Chile adquiere características alarmantes por cuanto ese poder del estado se convierte en instrumento utilizado contra la libertad de prensa y para promover la autocensura. En este sentido, el caso del Perú de Fujimori debe resultar aleccionador. También merece especial atención el caso de Costa Rica, donde un tribunal condenó al diario La Nación y a uno de sus periodistas por reproducir informaciones provenientes de reconocidas publicaciones europeas sobre corrupción de un funcionario público local en el exterior. La sentencia fue ratificada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. En Argentina, se iniciaron algunos de los 4.000 juicios anunciados contra el diario El Liberal de Santiago del Estero, que sigue sometido a constantes ataques del gobernador de esa provincia. En Jamaica, el diario The Gleaner está apelando una sentencia que fijó una millonaria indemnización en un caso de difamación. En Brasil, varios diarios sufrieron un fuerte impacto financiero por el pago de indemnizaciones desproporcionadas por aparentes daños morales. En Chile, la ley de seguridad interior y dos artículos del Código Penal están siendo utilizados para proteger a 300 funcionarios y ex funcionarios en pleitos con medios de comunicación. En Uruguay, un fiscal pidió sanciones contra un reportero gráfico que fotografió a un personaje público. En opinión del magistrado, esa fotografía no fue sino un acto de provocación. Algunas de las ideas impulsadas desde la España corporativa en la era franquista han reaparecido en países como Nicaragua, donde fue sancionada recientemente la ley de colegiación obligatoria. En Honduras y Venezuela, siguen vigentes las exigencias de una licencia previa para ejercer el periodismo. En la provincia de Mendoza en Argentina, y en el Ecuador se promueven proyectos de ley que exigen la colegiación o la posesión de un título universitario habilitante para ejercer el derecho humano de buscar y difundir informaciones u opiniones. En este sentido, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece, en su sexto principio que: “Toda persona tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión. La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los estados”. En Cuba, al asedio, la persecución y la cárcel que enfrentan los periodistas independientes se suma ahora una férrea incomunicación con el exterior. Preocupa la aparición de ataques que buscan minar la credibilidad de la prensa en Venezuela, Guatemala, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Nicaragua. Como antes ocurrió en Perú, los ataques intentan desacreditar a periódicos y periodistas que denuncian la corrupción en los gobiernos y la impunidad. Las agrupaciones periodísticas de Venezuela y de todo el continente se muestran cada día más preocupadas por la escalada de agresiones verbales directas a la prensa hechas desde el gobierno, sobre todo por el presidente Hugo Chávez. La finalidad de esa política no puede ser otra que intentar ejercer el control absoluto en la divulgación de informaciones y opiniones propia de los regímenes autoritarios. Aparte de la eliminación física de periodistas, la falta de independencia de los poderes judiciales de muchas de las naciones de América Latina y el Caribe se convierte en una amenaza grave para el libre flujo de la información en el continente. Por otra parte, se desarrolla un proceso, como ya se describió anteriormente, de hostigamiento judicial a periódicos y periodistas. Estos hechos limitan el goce pleno de las garantías propias de la democracia en esos países. De aquí la especial trascendencia de los principios enumerados en la Declaración de Chapultepec y en la Declaración Interamericana de la Libertad de Expresión y la necesidad que esta última sea ratificada en la asamblea de la Organización de Estados Americanos.

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