Crimines sin Castigo I

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CRIMENES SIN CASTIGO - 1 CONSIDERANDO que todavía permanecen sin ser esclarecidos los casos de asesinatos de periodistas investigados por la SIP en su proyecto sobre Crímenes sin Castigo Contra Periodistas y expuestos en la conferencia hemisférica realizada en Guatemala del 30 de julio all de agosto de 1997 que se adoptó una serie de recomendaciones a gobiernos para combatir la impunidad LA ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE exhortar a los congresos nacionales a adoptar el principio de que no prescriben los crímenes contra las personas cuando son perpetrados para impedir el ejercicio de la libertad de información y de expresión o cuando tuvieren como objeto la obstrucción de la justicia. También se insta a prohibir amnistías, indultos o perdones a favor de los responsables por estos delitos instar a los congresos nacionales a que perfeccionen las legislaciones para posibilitar el procesamiento y condena de los autores intelectuales de los asesinatos contra quienes están ejerciendo el derecho a la libertad de expresión propulsar reformas o interpretaciones constitucionales que prevean que las leyes o normas que regulan estados de excepción (Estado de Sitio), no permitan u autoricen restricciones o limitaciones a la cobertura periodística y la libertad de prensa establecer, mediante ley, en los países que amerite, la prohibición de que los responsables de delitos contra periodistas en ejercicio de sus funciones profesionales y los medios puedan ser juzgados en tribunales militares y/o especiales solicitar a los gobiernos de Colombia, Guatemala y México que presten debida colaboración a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la que a solicitud de la SIP, ya ha ameritado la investigación y proceso de los siguientes casos: Victor Manuel Oropeza (Caso No. 11.740); Guillermo Cano Isaza (Caso No. 11.728); Carlos Lajud Catalán (Caso No.11.731); Héctor Félix Miranda (Legajo No. 11.739); Irma Flaquer Azurdia (Legajo No. 11.766), así como el caso de Jorge Carpio Nicolle (Legajo No. 11.333) sobre el que la Comisión ya había intervenido con anterioridad a la investigación de la SIP inducir a la Fiscalía General de la N ación a que practique una revisión a la investigación sobre el asesinato de Guillermo Cano Isaza y a las decisiones judiciales del caso para documentar los posibles nexos entre los reales autores de ese crimen y el de Giraldo Galvis, abogado de la familia Cano, y las irregularidades en la investigación y los fallos urgir a la Fiscalía a que transfiera las nuevas investigaciones del caso de Lajud Catalán a un juzgado con sede en Bogotá y que investigue las razones por las que en la investigación de los últimos tres años no se incluyó a sospechosos de ser los autores intelectuales requerir a la Fiscalía General que investigue las amenazas de muerte contra parientes de Lajud Catalán y su debida protección, y que profundice las investigaciones sobre corrupción en la firma de contratos municipales que tendrían relación con el crimen y en los que estarían involucrados ex funcionarios del gobierno insistir al Presidente de Guatemala a que exija al Ministerio Público una investigación exhaustiva para determinar la autoría material e intelectual del asesinato de Jorge Carpio Nicolle y se cumpla con la obligación de garantizar la seguridad de los investigadores, demandantes, testigos fiscales y jueces pedir al Presidente de Guatemala impulsar una profunda investigación oficial para determinar el paradero de Irma Flaquer y exigir al Fiscal General su intervención para iniciar el proceso judicial respectivo en contra de quienes resulten responsables de la desaparición forzada de la periodista Flaquer, delito que es imprescriptible a la luz de la legislación internacional y la reciente ley de Reconciliación Nacional instar a la Procuraduría de los Derechos Humanos el nombramiento de funcionarios que investiguen especialmente la muerte violenta o desaparición de los periodistas Jorge Carpio Nicolle e Irma Flaquer Azurdia, se constituya como parte en el respectivo proceso, supervisando el estricto cumplimiento de la ley en el mismo urgir a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico una investigación especial de la muerte violenta de periodistas en los últimos treinta y cinco años, determinando el estado de los respectivos procesos judiciales, instando a su posible prosecución y finalización insistir al gobernador del estado de Chihuahua a que instruya al Procurador General del estado para que un agente del Ministerio Público retome el caso de Víctor Manuel Oropeza, actúe sobre los datos que ha aportado la SIP en su informe y solicitar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos le envíe copia de todos los documentos que obran en su archivo instar a que, ante el hecho de que el asesinato de Oropeza está por prescribir de acuerdo a la ley mexicana y ante un generalizado y sospechoso silencio, se solicite al presidente de México que encabece un movimiento social para impedir que los culpables de este asesinato logren la impunidad perfecta mediante la prescripción del delito pedir al gobernador del estado de Baja California para que instruya al Procurador General de ese estado de manera que, de acuerdo al compromiso adoptado con la SIr, active las investigaciones del caso Héctor Félix Miranda y se logre detener al autor intelectual del crimen.

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