Ley de comunicación de Ecuador, grave retroceso para la libertad de prensa y de expresión en América Latina

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Miami (17 de junio de 2013).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que la nueva ley de comunicación aprobada en Ecuador, representa “el más grave retroceso para la libertad de prensa y de expresión en la historia reciente de América Latina”.
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Miami (17 de junio de 2013).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que la nueva ley de comunicación aprobada en Ecuador, representa “el más grave retroceso para la libertad de prensa y de expresión en la historia reciente de América Latina”. El 14 de junio la Asamblea Nacional de Ecuador sancionó con 108 votos a favor y 26 en contra, la Ley Orgánica de Comunicación, más conocida como “ley mordaza” que regula contenidos periodísticos, impone sanciones administrativas y económicas, y establece la obligatoriedad de título universitario para los periodistas, entre otras disposiciones “que reducen a su mínima expresión el ejercicio libre del periodismo”, expresó Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. “Esta norma ha sido aprobada por un gobierno electo por el pueblo y por esa razón tiene legitimidad de origen, pero esta ley en particular demuestra con toda claridad que ese mismo gobierno carece de legitimidad de ejercicio, por cuanto las disposiciones que contiene no se diferencian en nada a las que establecían las dictaduras militares que asolaron la región en los años '70 y '80 del siglo pasado. Es el más grave retroceso para la libertad de prensa y de expresión en la historia reciente de América Latina”, enfatizó Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay. “La ley –aseveró Paolillo- es la culminación de un plan del gobierno que se viene preparando y ejecutando desde que Rafael Correa asumió la Presidencia, que determina la instauración de la censura previa en Ecuador, legaliza la acumulación de medios en manos del Estado, viola toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión, busca en forma directa eliminar los pensamientos críticos contra el gobierno y promueve la autocensura por los graves castigos y prohibiciones previstos en la norma para el que piense diferente al gobierno.” La normativa que contiene los 119 artículos y 23 regulaciones transitorias, establece en su Art. 45 la creación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con potestad para sancionar el incumplimiento de las normas. Esta instancia estará integrada por cinco miembros, entre los cuales estarán un delegado nombrado por el presidente, un representante de los consejos nacionales de Igualdad, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de los gobiernos autónomos descentralizados y del Defensor del Pueblo. La Ley también crea la Superintendencia de Información y Comunicación con atribuciones de vigilancia, auditoría, intervención y control del comportamiento de los medios, y se encargará del cumplimiento de la ley y de las penas impuestas. El superintendente será escogido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de una terna propuesta por el presidente Rafael Correa. También crea la figura del "linchamiento mediático", cuando un medio publica reiterada información con el propósito de desprestigiar o reducir la credibilidad de personas físicas o jurídicas. “La Superintendencia podrá disponer, previa la calificación de la pertinencia del reclamo, las siguientes medidas administrativas: disculpa pública y publicarlas en el respectivo medio de comunicación”, explicó un comunicado de la Asamblea Nacional. Paolillo reiteró que la ley “profundizará las restricciones a la libertad de prensa y al pluralismo que supuestamente busca fomentar, además de entrometerse en los contenidos de los medios de comunicación. Somos testigos de un gobierno que con la finalidad de silenciar a la prensa crítica se ampara en una ley de la que se ha convertido en juez y parte. Son muy preocupantes los efectos colaterales que esta normativa acarreará, entre ellos el secuestro informativo y la autocensura por temor a represalias”, agregó Paolillo La nueva regulación también reduce el espacio del sector privado mediante una nueva repartición de frecuencias de radio y TV, y establece que 34% de las frecuencias sean concedidas a medios "comunitarios", 33% a estatales y 33% a privados. Según datos oficiales, en la actualidad el 68% de los medios de comunicación son privados. De igual forma dispone en su Art. 40 la obligatoriedad de título universitario para ejercer el periodismo. “Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales o expertos en periodismo o comunicación”, con excepción de los editorialistas, los articulistas de opinión y los que publican en lenguas indígenas. Otorga un plazo de seis años para obtener el título universitario El debate del proyecto se inició en septiembre de 2009 y fue suspendido en julio de 2012. La ley fue aprobada el pasado viernes 14 de junio tras siete votaciones y luego de tres años y medio de discusión. La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org

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