El ejercicio de la libertad de prensa se desarrolla en un entorno de elevada vulnerabilidad, marcado por la violencia del crimen organizado, la limitada capacidad de los mecanismos estatales de protección y diversas presiones y restricciones institucionales. Si bien el acceso a la información pública se mantiene en términos generales estable, el ejercicio independiente del periodismo enfrenta importantes obstáculos que afectan su seguridad, cobertura efectiva sobre temas sensibles y sostenibilidad.
La violencia de grupos criminales constituye uno de los principales mecanismos de presión contra los periodistas. Esta situación ha obligado a cerca de una docena de reporteros a abandonar el país y ha provocado el retiro definitivo de al menos una periodista de la actividad informativa, así como el abandono de investigaciones de interés público por razones de seguridad y presiones políticas. La contracción de la cobertura independiente ha contribuido, además, a la aparición de "desiertos de noticias" o zonas de silencio informativo, principalmente en mercados locales pequeños que carecen de medios con trayectoria consolidada.
A pesar de la existencia formal de un Mecanismo Estatal de Protección para periodistas, su funcionamiento continúa siendo limitado debido a la falta de presupuesto, lo que ha afectado su capacidad operativa. A ello se suma la persistencia de altos niveles de impunidad frente a agresiones y crímenes contra comunicadores. Los avances judiciales continúan siendo aislados, entre ellos el proceso relacionado con el asesinato del político y periodista Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023.
La integridad física de los trabajadores de prensa también se ve afectada por agresiones y actos de hostigamiento atribuidos tanto a actores estatales como a grupos criminales. Entre los presuntos responsables señalados figuran agentes de la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y agentes municipales. Asimismo, persisten campañas de desprestigio, amenazas y hostigamiento en línea contra periodistas, aunque sin un incremento significativo respecto de períodos anteriores. La violencia, combinada con la precariedad laboral y la inestabilidad económica, ha contribuido al aumento de la autocensura.
Un caso relevante fue el del periodista Hernán Higuera, de Ecuavisa, quien el 19 de junio anunció su decisión de apartarse de la investigación sobre el denominado caso Progen, tras denunciar presiones de instituciones estatales contra su esposa y su hijo. Según lo denunciado, su esposa fue despedida de una empresa pública y su hijo fue suspendido de la plaza que ocupaba como estudiante de medicina en un hospital de la seguridad social. Ecuavisa también alertó sobre represalias posteriores a la cobertura del caso, relacionado con presuntas irregularidades en contratos suscritos durante la crisis energética de 2024.
En el ámbito institucional, se han registrado prácticas que afectan el acceso de los periodistas a fuentes y espacios oficiales. En febrero, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas aprobó un reglamento interno para establecer filtros y mecanismos de acreditación de los periodistas autorizados a cubrir eventos militares. Asimismo, funcionarios del gobierno han rechazado durante al menos seis meses las invitaciones a entrevistas formuladas por Ecuavisa. La concentración de la vocería oficial en Quito también genera barreras geográficas para periodistas radicados en otras provincias.
El diario Expreso denunció una estrategia de hostigamiento estatal mediante el uso de organismos de control. En el período anterior se habían registrado otras formas de censura indirecta vinculadas a presiones sobre la pauta comercial, que derivaron en la salida del periodista Eduardo Andino de Radio Redonda y Radio Canela, así como en una intervención administrativa de la Superintendencia de Compañías contra GRANASA, empresa editora de Expreso y Extra. La SIP ha advertido que “el control sobre empresas independientes no puede, en ninguna circunstancia, convertirse en un mecanismo indirecto de censura o presión editorial”.
También generó preocupación una sentencia emitida a finales de abril por el Primer Tribunal de la Sala Especializada Civil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, que ordenó a Fundamedios eliminar de su portal una alerta sobre la seguridad de periodistas publicada en 2025. La decisión se originó en una acción de hábeas data presentada por el empresario Pedro Julio Bejarano Alvarado. La SIP, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la Red Voces del Sur cuestionaron la sentencia y señalaron que podría afectar la libertad de expresión, el acceso a la información y la labor de organizaciones que documentan agresiones y restricciones contra periodistas.
El 13 de octubre de 2026, Fundamedios informó que había acatado la resolución bajo protesta y con expresa reserva de derechos, ante el riesgo de nuevas acciones judiciales, incluidas posibles consecuencias penales para su Dirección Ejecutiva. La organización advirtió que la ambigüedad de algunas disposiciones podría restringir futuras comunicaciones sobre asuntos de interés público y generar un efecto inhibidor sobre su trabajo de monitoreo y denuncia. Asimismo, presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional del Ecuador y solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que la sentencia vulnera estándares internacionales de libertad de expresión y protección de las organizaciones defensoras de derechos humanos.
El acceso a fuentes institucionales y el flujo de información pública también han experimentado restricciones derivadas de decisiones administrativas discrecionales. En conjunto, estas restricciones, sumadas a la violencia criminal, la falta de protección efectiva, la impunidad y la precariedad económica de los medios, han contribuido a reducir la capacidad de cobertura independiente, especialmente fuera de los principales centros urbanos, y a ampliar las zonas con escasa o nula oferta informativa.
