Argentina

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El último semestre ha estado poblado de obstáculos, amenazas y ataques, en su mayoría impulsados por el gobierno nacional, que condicionan el desarrollo de la actividad periodística. El boicot publicitario que sufren algunos medios; el uso de recursos públicos como herramienta de coacción y disciplinamiento; el riesgo de estatización de la producción de papel para diarios y el de intervención de empresas de comunicación; la aplicación selectiva de leyes y las agresiones físicas y verbales contra periodistas conforman un cóctel que afecta la libertad de expresión y que, en gran medida, deriva de la intención del oficialismo de acallar toda voz que cuestione su discurso. El boicot publicitario contra los diarios Clarín, La Nación, Perfil y El Cronista, entre otros, lleva más de ocho meses y constituye el golpe económico más duro para los medios independientes en las últimas décadas. Desde febrero de este año, las principales cadenas de supermercados y electrodomésticos retiraron su pauta de medios independientes, lo que generó una caída de sus ingresos publicitarios de hasta un 20%, lo que en ciertos casos implica déficit operativo. El impacto anual de esta medida ilegal se estima en 60 millones de dólares. Esta retracción publicitaria implica, también un avasallamiento del derecho del consumidor, que pierde la posibilidad de informarse acerca de precios y ofertas de productos. El presidente de la Unión de Consumidores de la Argentina reveló que, en una audiencia de conciliación que se realizó en junio de este año, los representantes de cuatro cadenas de supermercados reconocieron la existencia del cepo publicitario a los diarios, "impuesto por (el Secretario de Comercio Interior) Guillermo Moreno" y sostuvieron que "no pueden hacer nada". Un grupo de diputados de diferentes bloques de la oposición presenta mensualmente en el Congreso un “Índice de censura a la publicidad en los medios gráficos", que abarca a 17 diarios que se editan en la ciudad de Buenos Aires. El índice muestra que los avisos publicitarios de 50 rubros se desplomaron un 75% respecto de enero de 2013, mes previo a la instauración del boicot. La intimidación a los anunciantes privados se combina con una arbitraria distribución de la pauta estatal. Los tardíos informes oficiales sobre su distribución indican que entre el segundo semestre de 2009 y el primero de 2012, más del 40% de los más de 300 millones de dólares distribuidos en ese período fueron destinados a cinco grupos mediáticos, que en ningún caso lideran la audiencia en sus segmentos, dentro de un universo de 15.000 medios de comunicación. Estimaciones privadas arrojan que en 2013, año electoral, los montos de publicidad oficial aumentaron y que su reparto siguió siendo empleado, en general, para nutrir a medios afines al gobierno y castigar a los críticos. A través de una resolución firmada por el jefe de Gabinete y el ministro de Economía de la Nación, publicada en julio en el Boletín Oficial, la partida de publicidad oficial prevista en el presupuesto se amplió de 135 a 215 millones de dólares. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecieron que la publicidad estatal no puede ser retirada como sanción gubernamental por la línea editorial de un medio, siguen sin ser acatados por el Gobierno. La publicidad oficial domina espacios, como los de "Fútbol para Todos", en los que esta no se computa como gasto. El costo anual para el Estado argentino de este programa, por el que se estatizaron las transmisiones televisivas de los partidos de fútbol de primera división, ronda los 250 millones de dólares. Una ley de acceso a la información pública es solo una aspiración en proyectos sistemáticamente ignorados en el Congreso. La obtención de datos públicos por parte de periodistas o ciudadanos comunes sigue siendo oficial. Esto es grave en un país en el que las estadísticas oficiales son manipuladas, en el que se censura a quienes publicitan índices alternativos a los oficiales con onerosas multas y en el que los funcionarios quiebran circunstancialmente esa censura. En mayo de este año, legisladores del oficialismo presentaron un proyecto para expropiar  acciones de Papel Prensa (la única fábrica de papel para diarios argentina), en un porcentaje que le daría al estado nacional el control de la compañía. La denominada ley de medios siguió siendo objeto de cuestionamientos tanto por su texto como por su aplicación selectiva por parte del gobierno. A cuatro años de su sanción, el escenario mediático dista en mucho del que pregonaban sus promotores: se observa una pronunciada “colonización” de medios por parte del gobierno, multiplicación de nuevas licencias para actores estatales (que alcanzaron al 96% de las licencias otorgadas), fracaso de los concursos de televisión digital para el sector privado y una aplicación selectiva de la norma. La misma es utilizada –al igual que la publicidad oficial- como sistema de premios y castigos.   Tal como denunciaran entidades como la SIP y ADEPA, la ley en cuestión afecta la libertad de expresión al restringir el funcionamiento, sin justificación técnica, de medios que no usan espectro radioeléctrico –como las señales audiovisuales o los operadores de cable-, lo que implica censura en los términos del Pacto de San José de Costa Rica. Del mismo modo genera discriminación entre distintos operadores, favorece el control de los medios por empresas contratistas del Estado, privilegia la cobertura de las voces estatales en desmedro de las restantes. Compromete la sustentabilidad de los medios privados y, por ende, su independencia periodística. Actualmente la constitucionalidad de la norma se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia. La reglamentación de una nueva ley que regula el mercado de capitales, le permite al órgano de aplicación separar a los órganos de administración de las empresas que coticen en bolsa, como el Grupo Clarín, cuando considere que está frente a "un peligro de extrema gravedad para los derechos de los accionistas mayoritarios". La irrupción del secretario de Comercio Interior y del viceministro de Economía de la Nación en una asamblea del Grupo Clarín, sumada a una inusual acumulación de pedidos de informes por parte de la Comisión Nacional de Valores, fortaleció la versión de que el Gobierno analizó una intervención de hecho al grupo mediático. En julio pasado, la Secretaría de Comunicaciones, en cumplimiento de un decreto del Poder Ejecutivo, emitió una resolución que obliga a los prestadores de telecomunicaciones a brindar a la Comisión Nacional de Comunicaciones toda la información que les sea requerida. La amplitud de esta disposición le permitiría al organismo estatal requerir información de los usuarios, como la contenida en sus e-mails, sin autorización judicial. A raíz de la preocupante situación de la prensa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concedió una audiencia a siete periodistas argentinos, prevista para el 2 de noviembre, para que expongan sobre los ataques a la prensa. Numerosos periodistas, directivos de medios y medios sufrieron distintos tipos de ataques: El 21 de marzo de este año, desconocidos arrojaron dos bombas molotov contra una empresa distribuidora de diarios en la provincia de Santa Fe. El 27 de marzo, tres integrantes de un equipo periodístico del diario Día a Día fueron ilegítimamente detenidos por efectivos de la Policía provincial, y luego liberados,  mientras cubrían una toma de terrenos en la provincia de Córdoba.   El 5 de abril, la radio Génesis de Ingeniero Suárez, provincia de Formosa, sufrió un incendio intencional que consumió sus instalaciones. Lo mismo ocurriría, a principios de junio, con la radio FM Paraíso 42 de la localidad El Hoyo de la provincia de Chubut. A fines de agosto, el director de FM Libertad, de la localidad de Ibarreta, provincia de Formosa, recibió un ataque incendiario contra su domicilio, aparentemente relacionado por su participación en una investigación periodística para el programa del periodista Jorge Lanata. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, atacó sistemáticamente al diario salteño El Tribuno. El 8 de abril, dijo que un escándalo por una entrega irregular de viviendas sociales era “una maniobra extorsiva con tintes mafiosos”. El 29 de mayo, con motivo de noticias sobre desmanejo de los aviones oficiales, Urtubey dijo que “no nos perdonan que en la provincia se combata el narcotráfico”. El diputado nacional por Salta, Pablo Kosiner, dijo que “el diario es vocero de los narcotraficantes”. Urtubey redobló la acusación y, aunque reconoció carecer de pruebas, afirmó: “Cuando el río suena, agua trae”. El 18 de abril, mientras se realizaba una marcha en la ciudad de Buenos Aires, una cronista y un camarógrafo de la agencia Télam fueron agredidos por manifestantes. Varios periodistas de distintos medios resultaron heridos por balas de goma de la Policía Metropolitana mientras cubrían los incidentes que se generaron entre efectivos de esta fuerza y trabajadores del Hospital Borda, a fines de abril, en la Ciudad de Buenos Aires. A principios de mayo, desconocidos dispararon con una pistola 9 milímetros contra la fachada de la sede de Cablevisión, empresa perteneciente al Grupo Clarín. El 7 de mayo, seis individuos fueron detenidos por la policía mientras pintaban en una pared "Puntal miente", en referencia al diario de la localidad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Esa leyenda apareció antes y después de la detención en distintas paredes de la localidad cordobesa. El 20 de junio, un paro de trabajadores pertenecientes al gremio de camioneros afectó gravemente la distribución de ejemplares de varios matutinos en la ciudad de Buenos Aires, impidiendo que cientos de miles de lectores se informaran por el canal que eligen diariamente. El 4 de julio, en un coctel ofrecido hoy en la embajada de los Estados Unidos el secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno increpó a una periodista del diario Clarín. El 8 de agosto, el CEO del Grupo Clarín y su abogado fueron insultados, escupidos y golpeados por militantes del Frente para la Victoria y de la agrupación Tupac Amaru a la salida de una audiencia de mediación. El 18 de agosto, se denominó "sicario de Magnetto" a Jorge Lanata, en la cuenta de la Casa de Gobierno en Twitter, mientras se transmitía su programa televisivo. Horas después, el secretario general de la Presidencia fue más directo con sus términos y afirmó, en declaraciones a un medio, que el periodista era un "asesino mediático". La jefa del bloque oficialista de la cámara de diputados de la Nación dijo, en referencia a los informes periodísticos de Lanata, que "la intención de fondo es dar un golpe institucional a la democracia". El 28 de agosto, cuando salía de una audiencia en la Corte Suprema sobre la ley de medios, un periodista del diario La Nación fue escupido e insultado por militantes kirchneristas. El 29 de agosto, dos fotógrafos del diario Río Negro sufrieron agresiones durante una represión policial a manifestantes frente a la Legislatura de la Provincia de Neuquén. El mismo día, el corresponsal de la provincia de Jujuy del canal América TV fue detenido y agredido por la policía mientras cubría una manifestación de empleados estatales. El 12 de septiembre, el director del diario La Verdad, de Junín (provincia de Buenos Aires), fue amenazado de muerte por una persona a la que todavía no se ha podido identificar. Semanas atrás, el periodista Tomás Méndez, de Canal 10, de la ciudad de Córdoba, denunció amenazas de muerte en su contra luego de haber difundido un informe sobre vinculaciones entre el narcotráfico y personal de la División de Drogas Peligrosas de la Policía provincial.  

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