La libertad de prensa se vio afectada en este período por el hostigamiento verbal desde las más altas esferas del poder. La estigmatización es un rasgo persistente del discurso oficial, con el presidente Javier Milei en el centro de una estrategia de descalificación hacia periodistas y medios críticos. La frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas” y sus siglas “NOLSALP” se convirtieron en un eslogan reiterado por él y sus seguidores, con un efecto corrosivo sobre la credibilidad del periodismo.
Aunque en las últimas semanas se percibió cierta moderación en el lenguaje presidencial, pero las descalificaciones no han cesado. En paralelo, ese discurso fue amplificado de manera sistemática en las redes sociales por influencers y cuentas asociadas al oficialismo, lo que derivó en campañas de acoso digital contra periodistas con amenazas, ataques coordinados y un nivel de presión que induce a muchos reporteros a la autocensura.
En un multitudinario acto de campaña que encabezó Milei en la ciudad de Buenos Aires, difundido por YouTube y transmitido por la mayoría de los canales de TV, se proyectó un video en el que cañones identificados con los logotipos de medios independientes disparaban contra el presidente, tras lo cual este emergía ileso de una densa nube de humo.
Se registró un aumento en las demandas por calumnias e injurias, muchas de ellas presentadas por funcionarios, incluido el presidente. Aunque hasta ahora los jueces actuaron con prudencia y sin imponer sanciones desproporcionadas, estas causas funcionan como un mecanismo de desgaste y generan un efecto inhibitorio sobre el periodismo.
También se produjeron intentos de vulnerar la protección constitucional de las fuentes periodísticas, como el pedido de allanamiento de domicilios de periodistas que difundieron audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, hermana del jefe del Estado. La Justicia rechazó el planteo, recordando la vigencia del artículo 43 de la Constitución que garantiza la confidencialidad de las fuentes.
A ello se suman restricciones judiciales para la publicación de información, como una orden que prohibió difundir audios vinculados a la misma funcionaria presidencial, decisión que provocó un amplio repudio de organismos de libertad de expresión. Esas acciones quedaron sin efecto.
También se agrega un intento de introducir la eliminación de los beneficios fiscales de la prensa, que tienen una larga tradición y el respaldo de una ley y de un fallo de la Corte Suprema, en la presentación del presupuesto nacional por el Poder Ejecutivo. Al mantener los beneficios de todos los otros sectores - libros, entradas a museos, teatros, recitales y espectáculos deportivos- se evidencia el carácter discriminatorio y arbitrario de la medida, en caso de ser aprobada.
Según el monitoreo de la organización periodística FOPEA, la mayoría de los ataques provinieron de policías, agentes de seguridad y funcionarios públicos. Algunos de los hechos más graves ocurrieron en coberturas de movilizaciones sociales, como las marchas de jubilados frente al Congreso. No existen mecanismos de protección para periodistas, ni acciones preventivas del Estado.
En materia de acceso a la información pública, hubo retrocesos. El presidente ha optado por no brindar conferencias de prensa, se impusieron restricciones a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno y se registraron intentos de reinterpretar la ley para ampliar las excepciones que permiten reservar información.
El papel de los medios públicos fue objeto de controversias. Bajo la premisa de desmantelar estructuras sobredimensionadas y revertir el uso partidario que hicieron gobiernos anteriores, el gobierno redujo de forma drástica los recursos. Algunas organizaciones advierten que ello deterioró la calidad informativa en el interior del país, dado que la agencia estatal de noticias, de radio y televisión, alimentaba a numerosos medios regionales.
Apenas asumió, el gobierno anunció la suspensión de la publicidad oficial. Aunque subsistieron partidas de organismos descentralizados y empresas estatales, se registraron exclusiones notorias, como la del Grupo Perfil. A ello se suma el proyecto reintroducido en el presupuesto 2026 para eliminar los beneficios fiscales históricos de los diarios, una medida interpretada como un desconocimiento de la tradición y de las prácticas de las principales democracias, que promueven el acceso a la información como un bien público equiparable a la cultura y la educación.
El hostigamiento verbal, las presiones legales y las dificultades económicas ha provocado un incremento de la autocensura y un creciente abandono de la profesión de periodistas debido a la precariedad laboral y a las campañas de estigmatización. El fenómeno de los “desiertos de noticias” alcanzó niveles alarmantes. Un informe reciente de FOPEA, indica que en el 70 por ciento del país existen condiciones muy difíciles para ejercer el periodismo. La falta de medios genera un fuerte impacto negativo sobre la democracia.
