Bolivia

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El gobierno continúa con su estrategia para implantar un nuevo paradigma de comunicación que se aplica con precisión, regulada sistemáticamente y con abundancia de recursos económicos. Una estrategia que intenta asfixiar al ya escaso 10 por ciento de medios independientes. El porcentaje no es antojadizo, lo proporcionó el presidente Evo Morales cuando afirmó en declaraciones a la prensa el 24 de septiembre que entre los medios de comunicación “ahora quedan 10 o 20 por ciento de opositores”. Fue una admisión implícita de dominio gubernamental sobre la mayoría de los medios privados. Los métodos empleados para ese control fueron diversos. El ataque verbal y la atribución equivocada de un rol político a medios y periodistas han sido frecuentes en particular en los discursos del presidente Morales, del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de otros altos funcionarios. El 23 de agosto esa acción sistemática de ataques verbales y de tono altamente agresivo tuvo efecto en el periódico Página Siete, de La Paz, al obligar a renunciar a su director, Raúl Peñaranda. El periodista, según su explicación, dejó su cargo para preservar al diario, del que es fundador, de los ataques gubernamentales que le atribuían una posición “pro chilena” en base a datos de parentesco de otro de sus propietarios con una parlamentaria de Chile. Durante los últimos dos años ese periódico sufrió constantes ataques verbales del ministro Quintana que sindicó al medio de promover una línea editorial a favor de Chile en el diferendo sobre la mediterraneidad de Bolivia. Ya en el 2012 ese mismo medio, junto al periódico El Diario y la Agencia de Noticias Fides (ANF), fue llevado a juicio por una aparente conducta discriminatoria contra el presidente Morales. El juicio contra los tres medios sigue en curso a pesar de que existe opinión coincidente de expertos en lingüística y derecho sobre la inexistencia de delito alguno para llevarlos a la justicia ordinaria. La campaña gubernamental contra Página Siete encontró asidero en un error de interpretación de una noticia, debidamente explicada y con presentación pública de las disculpas correspondientes. El ministro de la Presidencia acusó al diario de buscar enturbiar las relaciones del Gobierno con la jerarquía católica mediante una interpretación errónea sobre una presunta excomunión de cuatro ministros. La estrategia de control se profundizó con un aumento discriminatorio de supuestas obligaciones tributarias. Varios medios coincidentemente independientes, recibieron, la “visita” de inspectores del Servicio de Impuestos Internos. La más virulenta fue ejecutada el 6 de junio, con una intervención y embargo de bienes del periódico centenario El Diario. Mientras sus ejecutivos alegan que gran parte de la deuda que tenía esa empresa fue ya pagada con la entrega de bienes inmuebles, el servicio de Impuestos argumenta la existencia de una multa millonaria. Hasta ahora le ha resultado imposible al medio realizar una conciliación de cuentas con el fisco. Entretanto y a manera de advertencia, se ha informado que el Gobierno prepara una norma que respalde el remate de bienes de empresas embargadas y con obligaciones tributarias pendientes de pago. Otro método de asfixia es el manejo discrecional de  la publicidad estatal en los medios. El 14 de agosto, el matutino El Deber denunció represalias del Gobierno contra medios críticos mediante la reducción de la pauta publicitaria estatal. En la ciudad de Tarija, en el sur del país, la gobernación departamental aplicó de manera abierta y declarada formalmente un modelo de contrato que otorga publicidad sólo a los medios que se abstengan de realizar denuncias contra la gestión de sus autoridades regionales. El 30 de agosto la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) denunció un chantaje publicitario y reveló que el periodista Julio Barragán fue obligado a suspender un programa de entrevistas en televisión por presión directa de un funcionario de la Gobernación del departamento de Tarija, de la misma filiación política que el partido del Presidente. Frente a esos abusos, las organizaciones periodísticas reclaman una ley que regule el uso y la distribución de las pautas publicitarias oficiales bajo el único principio de equidad. En los primeros nueve meses del año, el Gobierno admitió que gastó 21 millones de dólares en propaganda y publicidad y gran parte del dinero se usó para transmitir actuaciones públicas del presidente Morales, en una anticipada campaña electoral con vistas a las elecciones de 2014. Informes independientes señalan que los medios estatales difundieron un promedio de tres horas diarias de propaganda gubernamental camuflada como informes de gestión. La presión económica a los medios también se esconde detrás de impuestos como la creación de un seguro de vida para los trabajadores de prensa, financiado íntegramente por las empresas pero administrado mediante un consejo en el que su representación es realmente mínima: sólo un delegado de todos los medios privados frente a tres del Gobierno y tres de los sindicatos. En realidad, el beneficio representa una recolección de dinero para crear una afortunada bolsa que podría ser usada en otros fines que no son necesariamente beneficiosos para los periodistas, según expresa la ley que tiene, además, una serie de vicios de inconstitucionalidad. La autoridad encargada de regular las telecomunicaciones aplicó un reordenamiento de frecuencia para radioemisoras, con la finalidad de insertar en el dial a emisoras favorables al Gobierno. El resultado se expresa en problemas técnicos para más de 300 radioemisoras privadas de frecuencia modulada. Este ha sido el medio más efectivo para silenciar radioemisoras independientes, eliminarlas virtualmente de los círculos de audiencia por el cambio de frecuencias. La Unidad de Monitoreo de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión de la ANP reportó 15 denuncias de agresiones físicas y verbales contra medios y periodistas de parte de funcionarios gubernamentales y organizaciones sociales afines al gobierno. A lo anterior se suman los crecientes rumores sobre la compra de medios a cargo de personas cercanas al Gobierno, la presencia de periodistas que sirven de propagandistas y de otros que abrazados a una aparente independencia, operan para distorsionar la realidad y estimulan el sensacionalismo para empujar a los medios independientes a errores que luego son capitalizados por el Gobierno para sus ataques.  

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