Colombia

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En este período se registró un aumento de asesinatos contra periodistas y empleados de medios de comunicación. Dos casos fueron por claros motivos profesionales. A mediados de septiembre, en Puerto Berrío, Antioquia, fue asesinado Molina, abogado conductor de un programa en la emisora comunitaria de esa ciudad y a finales de ese, fue ultimado José Darío Arenas, voceador del diario Extra del Quindío, en el municipio de Caicedonia, Valle. Todavía no existe certeza sobre los móviles de otros dos asesinatos, los de Alberto Lázaro y José Naudín Gómez. También en el interior del país continúan las amenazas a periodistas y medios de comunicación, como en regiones del centro del país, la Costa Atlántica, el Eje Cafetero, Antioquia y las regiones del Valle y Cauca. La impunidad se constituye en el común denominador ya que las investigaciones que se anuncian por los organismos de seguridad rara vez llegan a resultados positivos. Una amenaza reciente fue contra el director y periodistas del diario La Tarde de Pereira, a raíz de informaciones publicadas el 25 de septiembre, en relación con protestas estudiantiles en la universidad de esa localidad. El 1 de mayo, el periodista Ricardo Calderón, de la revista Semana, sufrió un atentado mientras conducía. Calderón se encontraba en un peaje cuando dos sujetos se bajaron de un automóvil, se le acercaron, lo llamaron por su nombre y le descargaron varios disparos. El periodista alcanzó a maniobrar su auto y resultó ileso. El atentado dejó cinco impactos de bala en su carro. Calderón había publicado una nueva entrega de la investigación Tolemaida Resort. En el reportaje se denuncian los privilegios de algunos militares que están detenidos en la base militar de Tolemaida, situada en cercanías a Bogotá. Hace unos años Calderón también hizo la investigación sobre los seguimientos y las interceptaciones ilegales por parte del DAS. La Fiscalía dispuso un grupo especial de la Policía Judicial del CTI para investigar el hecho y medidas especiales de protección para el periodista. También se incrementaron las acciones judiciales como método de intimidación o censura, mientras que desde el Poder Legislativo se presentaron proyectos restrictivos a la divulgación de contenidos. Organizaciones defensoras de la libertad de prensa, como Andiarios y la FLIP, protestaron por excesos de la Policía Nacional contra periodistas y medios durante marchas de campesinos, agricultores, transportistas y otros gremios vinculados a la actividad rural. Entre los hechos más preocupantes estuvieron las detenciones arbitrarias, como la que sufrió un grupo de seis periodistas independientes en el departamento del Valle del Cauca; el exceso de fuerza por parte de agentes del ESMAD, que en uno de los casos implicó graves lesiones en el ojo derecho al periodista Fred Núñez, en el municipio de Tibú, Norte de Santander; y los constantes ataques contra la prensa en la región del Bajo Cauca Antioqueño, que motivó a que 10 periodistas de la zona paralizaran sus actividades durante un periodo de tres días. También un grupo de manifestantes atacó las instalaciones del diario El Meridiano de Córdoba, arrojando antorchas a sus oficinas. Estos hechos ocurrieron pese a 20 agentes de la policía presentes en el lugar que asumieron una actitud pasiva. La competencia publicitaria con otros medios y la baja circulación ha ocasionado el cierre de varios periódicos en el último año, como el diario El Liberal de Popayán (Cauca) y Vanguardia de Valledupar (Cesar) con sus respectivos periódicos populares y El Espacio de Bogotá; mientras que otros diarios han reportado dificultades económicas, lo que posiblemente hará que aumente el número de títulos en vías de desaparecer. En lo positivo, la Corte Suprema de Justicia absolvió en julio al periodista Luis Agustín González, quien había sido condenado por el Tribunal Superior de Cundinamarca por injuria a pena de prisión y multa, por un editorial crítico contra la ex gobernadora Leonor Serrano de Camargo en el periódico Cundinamarca al Día de Fusagasugá. En materia de impunidad sobre crímenes contra periodistas, el 11 de marzo la Fiscalía General de la Nación declaró como “Delito de Lesa Humanidad” el asesinato de Eustorgio Colmenares, un día antes de cumplirse los 20 años y que el hecho prescribiera. La Fiscalía consideró que “existe suficiente evidencia de que la muerte de Colmenares se produjo como consecuencia de un patrón sistemático contra la población civil de la región,”  declarando así la acción penal como imprescriptible. Colmenares Baptista fue asesinado el 12 de marzo de 1993 por un comando del ELN mientras departía con su esposa en la puerta de su residencia. En noviembre de ese año, la SIP le entregó en forma póstuma el premio Libertad de Prensa, en su 49 Asamblea realizada en Bariloche, Argentina. Este año prescribirán cinco casos de periodistas asesinados hace 20 años. A la fecha ya han prescrito los casos de Gerardo Didier Gómez, Carlos Lajud Catalán, Nelson de la Rosa Toscano y Manuel José Martínez Espinosa; el próximo en prescribir es el de Danilo Alfonso Baquero, asesinado en Tame, Arauca el 26 de diciembre de 1993. Los casos de asesinatos del semestre que estarían relacionadas al oficio son los de Edison Alberto Molina y José Darío Arenas. Molina, asesinado el 11 de septiembre, era abogado de profesión y a través de su programa “Consultorio Jurídico”, transmitido todos los miércoles por la emisora comunitaria “Puerto Berrio Stéreo, resolvía las interrogantes legales de los oyentes. En su espacio también hacía denuncias sobre corrupción administrativa, según informó la FLIP. Esta misma organización, estableció que 15 días antes del homicidio fue apedreada la oficina de Molina y le hicieron llamadas amenazantes como consecuencia de sus denuncias. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 20 millones de pesos para quien dé información que sirva para encontrar a los responsables. El 28 de septiembre fue asesinado de varios disparos José Darío Arenas, el único voceador del periódico popular Extra del Quindío en el municipio de Caicedonia, Valle del Cauca, cuando ejercía su labor de venta en las calles de esa localidad. Ese día la noticia principal del periódico se refería a irregularidades en la cárcel de ese municipio con las autoridades del Inpec. Poco después del homicidio una de las fuentes consultadas para la elaboración de la noticia recibió una llamada en la que le dijeron que “ya había caído el primero”, razón por la cual una de las principales hipótesis del crimen fue la nota periodística. Según Andrés Mauricio Osorio, periodista judicial del informativo, el voceador del periódico fue una de las fuentes de la información y además colaboró en la consecución de otras fuentes y de información gráfica para la noticia. Uno de sus amigos refirió, que al parecer Arenas había sido advertido “que no fueran a sacar esa noticia porque iba a tener problemas”. Otros dos casos de asesinatos, cuyos móviles aún se desconocen, son los de Alberto Lázaro del Valle y José Naudín Gómez. Lázaro del Valle, reconocido locutor y director de la emisora Planeta en Cali, fue asesinado el 10 de mayo por dos sicarios que le dispararon cuando salía de la radio, ubicada en el norte de Cali, según reporte de la Policía Metropolitana de Cali. Lázaro del Valle murió cerca de las 9:00 de la noche, en la clínica de Los Remedios, a pocas cuadras de donde ocurrió el atentado. Por más de 30 años trabajó como locutor de diferentes emisoras en Cali. Durante la mayor parte de su carrera profesional permaneció vinculado con las estaciones juveniles Por su parte, José Naudín Gómez, gerente de la emisora Radio Guadalajara en Buga, Valle del Cauca, fue asesinado el 29 de julio. Según señaló un testigo que presenció el hecho, Gómez de 63 años, fue alcanzado por dos sicarios que le dispararon mientras esperaba que abrieran la puerta para ingresar a la emisora, ubicada en el centro de Buga. Gómez era un empresario que empezó a alquilar la emisora desde el 2004 y pocos años después participó activamente en los contenidos, a través del programa matutino “El Oyente Opina” en el que abría los micrófonos a los radioescuchas para que expresaran sus opiniones y críticas sobre la administración municipal. La emisora Radio Guadalajara está vinculada a Caracol Radio y retrasmite parte de su programación. Además tiene dos noticieros como contenido propio. Aún no se ha logrado determinar si el asesinato está relacionado con su oficio periodístico. Ni la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ni su familia sabía sobre amenazas en su contra. En materia legal, el 20 de junio fueron archivados o retirados por sus autores varios proyectos de ley que contenían restricciones a la libertad de información. Se dejó sin efecto el  P.L. 167 de 2012 Cámara “por el cual se expide el Código Electoral” en el cual se establecían restricciones relacionadas  con la divulgación de información política y electoral, resultados de encuestas y propaganda electoral; el P.L. 53 de 2012 que imponía a los medios de comunicación la obligación de divulgar ampliamente la política de parques del Estado; el P.L. 246 de 2012 Senado que obligaba a los medios a publicar la valoración de los esfuerzos deportivos del fútbol femenino; el P.L. 202 de 2012 de la Cámara, “ por el cual se expide el Código de Policía” que facultaba a las autoridades de policía para clasificar contenidos informativos y para censurar aquellos que no fueran aptos para menores de 18 años. El 13 de junio se aprobó en último debate el proyecto de ley estatutaria (P.L. 227 de 2012 cámara, 65 Senado) regulatorio del Derecho de Petición, el cual contiene normas que contradicen las que sobre el mismo tema se incluyen en la recientemente aprobada Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública, como la reserva de informaciones y los procedimientos para hacer efectivo el derecho. El Proyecto se encuentra en la Corte Constitucional para su estudio por tratarse de una ley estatutaria. En el Proyecto de Ley No. 23/13 Senado 256/2013 Cámara, por el cual se reforma el Código Penitenciario, aprobado en segundo debate en la Cámara, se establecían prohibiciones y restricciones para que los periodistas entrevistaran a detenidos en los centros penitenciarios y carcelarios del país. Esta norma, considerada como una medida de censura muy perjudicial para el periodismo investigativo, fue eliminada en la ponencia para tercer debate. El proyecto se encuentra en trámite en el Senado. Se tramitan otros proyectos de ley que imponen restricciones a la divulgación de contenidos. Entre ellos: El Proyecto de Ley 243 /2013 Senado 052 de 2012 Cámara, que establece un sistema de monitoreo de medios en cada departamento de Colombia para prevenir que informaciones, patrones o campañas comerciales contribuyan o favorezcan cualquier forma de discriminación o maltrato  contra las niñas y mujeres, a fin de propiciar la erradicación de tales eventos. El Proyecto de Ley 079 de 2013 Senado, similar a otro que se tramitó y retiró en la pasada legislatura, prohíbe a medios televisivos, escritos, radiales, virtuales prestar servicios de clasificados, realizar propagandas, presentar programas, concursos u ofrecer servicios donde se haga insinuación explícita o implícita de servicios sexuales y aquellos que guarden relación directa, so pena de ser multados de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales. También se impone a los medios realizar campañas y coberturas sobre los derechos de quienes ejercen la prostitución. En materia judicial, las demandas, muchas planteadas por funcionarios buscan silenciar los medios especialmente las penales por calumnia e injuria y las demandas por responsabilidad civil extracontractual que pretenden cuantiosas indemnizaciones de perjuicios, como lo planteado por la ex gobernadora de Cundinamarca Leonor Serrano de Camargo por un editorial publicado en 2008 en el periódico local de Fusagasugá, Colombia Democrática. El Tribunal Superior de Cundinamarca condenó por el delito de injuria a Luis Agustín González, director del periódico, imponiéndole  18 meses y 18 días de prisión, el pago de una multa de 17.77 salarios mínimos legales mensuales, inhabilitándolo para el ejercicio de derechos y funciones públicas. En julio pasado, la Corte Suprema de Justicia lo absolvió considerando que si bien algunos epítetos afectan la honra y buen nombre de Serrano de Camargo, ellos corresponden a una crítica sobre la manera como se desenvolvió mientras ocupaba cargos públicos. En cuanto a las demandas por responsabilidad civil, los periódicos y otros medios se ven enfrentados con frecuencia a reclamos económicos cuantiosos por divulgar informaciones relacionadas con investigaciones penales o administrativas sobre corrupción o crimen organizado, basadas en información oficial. Aunque la mayoría de las demandas no prosperan, generan obstáculos de tiempo y costo para el ejercicio del periodismo. Las acciones de tutela también se han incrementado. Ya no solo se acude a ellas para solicitar la rectificación de informaciones erróneas o falsas sino, cada vez más, para que se elimine una determinada información que aparece en los periódicos digitales y que el demandante considera que afecta su honra, dignidad, intimidad o buen nombre. Otros hechos de importancia: El 6 de mayo, en Valledupar, departamento de Cesar, agremiaciones rechazaron un panfleto en el que se amenazaba a ocho periodistas de la región: “Se le informa a todos los vallenatos que a partir de este momento los siguientes periodistas (sapos), son declarados objetivos militar y tienen 24 horas para salir de la ciudad”. La amenaza estaba firmada por Ejército Anti restitución de tierras en contra de los periodistas Herlency Gutiérrez (RCN Radio); Jaime José Daza (Maravilla Stereo); Damaris Rojas (periódico Al Día Valledupar); Renier Asprilla (El Heraldo), Katia Ospino (Noticias UNO y CM&), Óscar Arzuaga (La Tribuna del Cesar de Radio Guatapuri), Ubaldo Anaya Flórez (Noticiero RPT), Martín Mendoza (Caracol Televisión y periodista judicial de El Pilón). El 28 de junio, Juan Pablo Barrientos, director del noticiero Teleantioquia Noticias que se emite diariamente en el canal del mismo nombre, señaló que fue citado por la directora de Teleantioquia, Selene Botero y el secretario de comunicaciones de la gobernación de Antioquia, Sergio Valencia. En esa reunión se le informó que el diputado a la Asamblea de Antioquia, Adolfo León Palacio y el ex diputado, Julián Bedoya, se habían reunido con Botero para mostrarle unas grabaciones donde Barrientos se “despachaba en el consejo de redacción contra la Asamblea, por su inasistencia a las sesiones, por cancelar debates para ver un partido de fútbol, en fin, los tratabas de sinvergüenzas y descarados”. Después de conocido lo sucedido Barrientos presentó su renuncia. El politólogo y periodista León Valencia y sus compañeros de investigaciones para la Fundación Arco Iris, Gonzalo Guillén y Ariel Ávila, debieron salir del país a mediados del año ante el anuncio del gobierno colombiano de que se estaba fraguando un atentado contra sus vidas. Al parecer las amenazas se originan según Valencia, en la publicación del libro “La Lista Negra de Arco Iris” en el 2011, en el cual se relacionaba a 127 políticos colombianos con grupos armados ilegales. En declaraciones a El País de España, Valencia dice que la investigación revivió dos años después y es usada por la fiscalía para adelantar procesos contra varios de los mencionados, quienes aún están en el poder. A fines de septiembre, también abandonó el país por una serie de amenazas contra su vida, la analista política y ex columnista de El Tiempo, Claudia López. En declaraciones al diario El Espectador, López aclaró que “los indicios muy sólidos que se tienen sobre amenazas contra nuestra vida vienen de la Guajira”. La analista ha hecho graves señalamientos en contra del gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, desde que inició su campaña política para llegar a su actual puesto en nombre del movimiento Cambio Radical y también de algunas bandas criminales de la región. Los periodistas Cecilia Orozco Tascón, directora del informativo de Televisión Noticias Uno y Ramiro Bejarano, ambos columnistas de El Espectador, enviaron una carta en marzo al presidente Juan Manuel Santos y al Fiscal General expresando preocupación al saber que oficiales de inteligencia de la Policía Nacional habrían recibido instrucción para intervenir y escuchar ilegalmente sus conversaciones telefónicas y otro tipo de averiguaciones sobre su vida privada. Los columnistas, quienes han criticado fuertemente desde sus espacios a Sandra Morelli, Contralora General de la República, solicitaron se investiguen los hechos. El 8 de octubre, la Corte Suprema de Justicia decidió no investigar al ex director del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Jorge Noguera, por los delitos de interceptaciones telefónicas ilegales a periodistas, políticos y dirigentes de oposición y utilización de equipo privilegiados, debido a que la acción penal en este caso prescribió el año pasado. Nogueras seguirá siendo juzgado por otros delitos relacionados a la interceptación ilícita de comunicaciones, conocidas como chuzadas.  

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