Ecuador

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El 25 de junio entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación y con ello se consolidó legalmente la tesis de que la comunicación es un servicio público y, por lo tanto, el Estado la debe regular administrativamente. Tratadistas opositores a la ley consideran que el derecho a la libre expresión ha sido degradado a la condición de servicio público. Este cambio es uno de los ejes fundamentales de la transformación política que el presidente Rafael Correa ha realizado durante los últimos siete años y que ha propuesto internacionalizar tal como lo anunció en la Asamblea de la OEA de Cochabamba en el 2012. Varias personas y agrupaciones han demandado la inconstitucionalidad de la ley ante la Corte Constitucional, sin una respuesta hasta el momento. Además de la incompatibilidad de la ley con los tratados internacionales, los demandantes denuncian que en el pleno de la Asamblea Nacional nunca se discutió la estipilaciój del “linchamiento mediático”, ni la creación de la Superintendencia de la Información, ambas figuras en la norma. La Ley de Comunicación tiene 119 artículos e incluye normas para la difusión de información a través de los medios, la distribución de frecuencias y el fomento del arte nacional. Las nueve normas principales relacionadas a la publicación de información y a la libre expresión son: 1. Crea el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y le da funciones como las de “establecer mecanismos para los usuarios de los servicios de comunicación e información”, “elaborar estudios respecto al comportamiento de la comunidad sobre el contenido de los medios de información y comunicación”, elaboración de informes vinculantes para la adjudicación de frecuencias, entre otras. El consejo está integrado por cinco miembros, todos con cercanía al Ejecutivo. 2. Crea la Superintendencia de la Información, que es el organismo técnico de vigilancia, auditoría, intervención y control, con capacidad sancionatoria. Por lo tanto se presume que es la instancia que debe vigilar que una información cumpla con los requisitos legales de ser “verificada, contrastada, precisa y contextualizada”. El 8 de octubre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designó a Carlos Ochoa como el primer Superintendente de Información y Comunicación. Ochoa es un periodista de 30 años de trayectoria en televisión, radio y periódicos; fue director de noticias de Gamatv, uno de los canales de televisión incautados por el gobierno. Él encabezaba la terna de candidatos que el Presidente de la República envió al consejo y fue impugnado por tres asambleístas y un ciudadano. Las impugnaciones básicamente cuestionan que Ochoa no cumple con el perfil de experiencia profesional y  que carece de idoneidad, una vez que públicamente y en reiteradas ocasiones ha denostado y criticado a la prensa independiente que ahora debe vigilar, y a la vez se ha identificado con el gobierno. En septiembre Fundamedios publicó un estudio sobre el lenguaje utilizado por Ochoa en sus artículos de opinión y apariciones en la televisión. El estudio concluye: “El discurso de Ochoa es temerario, sesgado, desbocado en su parcialidad. Los medios privados están constantemente satanizados, lo que crea en la audiencia un referente de desprecio”. El estudio analiza varias frases de Ochoa sobre los medios independientes, entre las que constan: “Controlan la información a su antojo... La regulan, la invisibilizan... La modelan... Crean lo que, muy convenientemente denominan como “opinión pública” y que solo es, su muy particular e interesado, punto de vista” “Una ley que pone fin, no solo a sus excesos, sino también a sus abusos (...) La nueva ley garantiza la libre expresión”. “Miserables; sí, miserables. No existe otro término que les calce. Y es que uno no termina de entender cómo es que los grandes medios de comunicación y sus propietarios sean tan minúsculos en solidaridad y tan amigos del dinero. Dinero del que gozan en cantidad, gracias a su servilismo al sistema que representan”. 3. Crea la figura de “medios de carácter nacional” y estipula que alcanzan esa denominación los medios que tengan presencia en provincias que suman el 30% o más de la población nacional. A los medios nacionales les obliga a contratar, remunerar y dar espacio en sus instalaciones al Defensor de la Audiencia, funcionario seleccionado a través de un proceso que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El defensor tiene la misión de analizar las denuncias de los lectores y ordenar rectificaciones o publicaciones similares. Al cierre de este informe no se ha nombrado a ninguno; se estima que serán nombrados hasta fines de año. Además los accionistas, directivos y editores de los medios nacionales tienen prohibido tener otra actividad económica. Y si cualquier ciudadano se asocia con ellos en más del 6% de acciones en una empresa de medios, también pasan a ser considerados nacionales. 4. Prohíbe que los directores o dueños de los medios censuren contenidos, pero al mismo tiempo los hace responsables de lo que se publique. 5. Crea el delito de “linchamiento mediático”. Hasta el cierre de este informe no hay un reglamento que aclare el tema. 6. Obliga a los medios a publicar información de “interés público”. La primera advertencia al respecto la dio el presidente Correa en septiembre, cuando varios medios publicaron noticias relacionadas a una pugna legal que Ecuador y la petrolera Chevron mantienen, en un espacio y de una forma que no fue satisfactoria para el gobierno. 7. Dispone que sean profesionales en periodismo, o carreras afines, todas las personas que trabajan a tiempo completo en los medios en la tarea de editar información. Deja la excepción para los medios comunitarios y establece un plazo de seis años para el cumplimiento de esta disposición. 8. Manda a que cada medio cree su propio código de ética y lo publique en su sitio web. Debe incluir una treintena de normas mínimas establecidas en la ley. 1. Referidos a la dignidad humana: a. Respetar la honra y la reputación de las personas; b. Abstenerse de realizar y difundir contenidos y comentarios discriminatorios; y, c. Respetar la intimidad personal y familiar.   2. Relacionados con los grupos de atención prioritaria: a. No incitar a que los niños, niñas y adolescentes imiten comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud; b. Abstenerse de usar y difundir imágenes o menciones identificativas que atenten contra la dignidad o los derechos de las personas con graves patologías o discapacidades; c. Evitar la representación positiva o valorativa de escenas donde se haga burla de discapacidades físicas o psíquicas de las personas; d. Abstenerse de emitir imágenes o menciones identificativas de niños, niñas y adolescentes como autores, testigos o víctimas de actos ilícitos; salvo el caso que, en aplicación del interés superior del niño, sea dispuesto por autoridad competente; e. Proteger el derecho a la imagen y privacidad de adolescentes en conflicto con la ley penal, en concordancia con las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia; y, f. Abstenerse de emitir contenidos que atenten contra la dignidad de los adultos mayores, o proyecten una visión negativa del envejecimiento. 3. Concernientes al ejercicio profesional: a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública o interés general; b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u opiniones difundidas; c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, catástrofes u otros eventos similares; e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; f. Impedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien pretenda realizarla; g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística; h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional; i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para obtener beneficios personales; j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas.   4. Relacionados con las prácticas de los medios: a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado como falsas o erróneas; c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia; d. Abstenerse de difundir reportajes como si fuese material informativo; e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las noticias; f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el material comercial o publicitario; h. Evitar difundir, de forma positiva o valorativa, las conductas irresponsables con el medio ambiente; i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan; y, j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por tales, la difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública. El incumplimiento de las normas establecidas en este artículo podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de la Información y Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. 9. Establece que si dentro de un año un medio reincide en no publicar rectificaciones y disculpas públicas solicitadas por el Superintendente de Información, será multado por el monto equivalente al 10% de su facturación mensual. La multa se duplicará respecto a cada ocasión anterior en caso de reincidencias. Antes de la promulgación de la Ley de Comunicación las relatorías para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos y de las Naciones Unidas pidieron al presidente su veto, por considerarla atentatoria contra los tratados internacionales que protegen el derecho a la libre expresión. El 3 de octubre el presidente Correa adelantó que estudia retirar a Ecuador del Sistema Interamericano de Derechos Humanos si éste no cambia en la asamblea general a realizarse en el 2014. Sus principales reclamos son que las diferentes comisiones de la CIDH tengan igual presupuesto, que se cambie la sede de EE.UU. a otro país y que su cumplimiento sea obligatorio para todas las naciones que lo suscriben. En estos días en la Asamblea Nacional se discute el proyecto de reformas al Código Penal. Se espera que los delitos de honor sean ratificados como penales, que se elimine la palabra desacato, pero que la figura de la falta de respeto a la autoridad se mantenga; que penalice la injuria a través de redes sociales y la divulgación de información que sea obtenida sin consentimiento previo. El jueves 11 de abril el periodista Fausto Valdiviezo fue asesinado en Guayaquil. Según testigos, tres encapuchados lo atacaron y le dieron tres tiros. La Policía informó que Valdiviezo había sufrido un atentado la noche anterior, pero no lo reportó a las autoridades. Se desconoce si el crimen tiene relación con su trabajo de periodista. Dentro del ambiente hostil que se vive en contra del periodismo es muy difícil, si no imposible, aplicar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (2004). Se extiende a prácticamente todo nivel de gobierno público, ya sea nacional o local, la práctica de premiar o castigar a los medios con la contratación de publicidad y con la entrega de información. Está vigente la obligación que tienen los medios de rendir cuentas al pueblo, ya que son considerados prestadores de un servicio público. Ante la falta de una reglamentación, ni los medios ni casi ninguna institución pública o privada han cumplido con esta ley. Como consecuencia de disposiciones legales se vive un período de recambio del espectro radioeléctrico y redistribución de las frecuencias que está provocando el cierre de decenas de radios y canales de televisión. Según la ley, esas frecuencias deben destinarse a medios comunitarios y públicos hasta lograr un tercio para cada uno de esos sectores, más un tercio del sector privado. En su trabajo diario el periodista se enfrenta a un sinnúmero de agresiones, que van desde: detención provisional, amenazas de juicio, golpizas y muerte; pedidos de disculpas públicas, acoso e intentos de desacreditación a través de decenas de cadenas de televisión. Por ejemplo, a la fecha La Hora reporta tener 48 procesos administrativos y laborales en su contra sin que se haya determinado ni una multa. Los periodistas Freddy Aponte y Yaco Martínez fueron declarados inocentes en los juicios que enfrentaban, respectivamente, contra el exalcalde de la ciudad de Loja y la exgobernadora de Carchi. El 20 de septiembre se registró una nueva querella millonaria en contra de la prensa, cuando la justicia admitió la demanda por 30 millones de dólares que la ex jueza de Esmeraldas, Ivonne Boada Ortiz, interpuso al diario La Verdad y cuatro de sus representantes por haber publicado, citando al ministro de Seguridad, que ella había participado de un cohecho. Cronología de los hechos más importantes de este período El 4 de marzo, la cuenta en Twitter de Carlos Andrés Vera, comunicador y cineasta crítico con el gobierno, fue suspendida durante cuatro días por razones que no fueron explicadas. Ese día Vera había publicado cinco tuits en los que cuestionaba la propuesta del gobierno de Ecuador de cambiar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La cuenta fue reactivada el 8 de marzo. El 8 de marzo, el juez Bayardo García, de la provincia de Carchi, sentenció al periodista Yaco Martínez, presidente ejecutivo del diario La Nación de esa jurisdicción, a un mes de cárcel y al pago de 30.000 dólares por injurias calumniosas no graves en contra de la exgobernadora María Helena Villarreal. El 11 de marzo, el caricaturista Xavier Bonilla, quien publica sus trabajos en diario El Universo bajo el seudónimo de Bonil, denunció haber recibido amenazas y comentarios hostiles que aumentaron a raíz de que publicó una caricatura por la que el presidente Correa le exigió una disculpa al periódico. El 12 de marzo, el periodista Juan Alcívar, corresponsal de diario La Hora en la ciudad de La Concordia, provincia de Santo Domingo, denunció que policías y funcionarios públicos allanaron su vivienda porque supuestamente ocupaba una parte de la acera sin permiso municipal. Él asegura que la acción es fruto de una persecución del alcalde del cantón, Walter Ocampo, por su trabajo. Alcívar enfrenta desde el año 2010 una denuncia por agresión terrorista que le hizo el primer personero municipal. Además ha denunciado hostigamiento y agresiones en otras oportunidades. El 18 de marzo Ecuavisa pidió disculpas públicas a las Fuerzas Armadas Ecuatorianas por haber difundido una información basada en un documento supuestamente forjado, cuya autenticidad no fue constatada por el canal. La noticia se refería a supuestos favoritismos e irregularidades al momento de evaluar la carrera de los oficiales de cara a los ascensos. El 16 de marzo el presidente Correa pidió a la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, que inicie acciones legales en contra del canal. El periodista autor de la nota, Freddy Barros, fue despedido. A pesar de las disculpas, el 30 de marzo el mandatario amenazó nuevamente con demandar a Ecuavisa si no pedía disculpas a la ministra Espinosa por la misma razón. El canal presentó sus disculpas públicamente el 1 de abril. El 19 de marzo el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la sentencia en contra del excandidato presidencial Nelson Zavala por haber hecho comentarios considerados homofóbicos, condenándolo a pagar una multa de 3.180 dólares y a la pérdida de sus derechos políticos por un año. Durante la campaña electoral Zavala dijo que la homosexualidad es un “severo trastorno de conducta”. El 20 marzo, el superintendente de Bancos, Pedro Solines, tras el cierre de operaciones del Banco Internacional advirtió con investigar y hacer caer “todo el peso de la ley” contra las personas que propaguen rumores falsos sobre las entidades financieras. Dijo que se había desplegado ya a los equipos de inteligencia y señaló que propagar este tipo de versiones es un delito de “desestabilización del Estado”. El 25 de marzo un equipo de cobertura del canal Teleamazonas fue impedido por guardias de seguridad y funcionarios de realizar tomas en los exteriores del hospital estatal Eugenio Espejo de Quito, donde investigaban un supuesto caso de mala práctica médica. La periodista Gisella Bayona dijo que incluso se prohibió a los familiares de la persona afectada que dieran declaraciones a los medios de comunicación. El 26 de marzo la Corte Nacional de Justicia declaró inocente a Freddy Aponte, periodista que había sido condenado a cinco años de prisión por el delito de “insolvencia fraudulenta” por la Corte Provincial de Loja. La Corte Nacional determinó que el periodista se había declarado en quiebra tras ser sentenciado a pagar una indemnización de 55.000 dólares al exalcalde de la ciudad de Loja, Bolívar Castillo, por el delito de injurias por haberlo llamado ladrón. El 4 de abril la Secretaría Nacional de Comunicación decidió denunciar a La Hora por el delito de “incitación al odio” por la publicación de fotografías sobre el supuesto conflicto que dos comunidades amazónicas (Waorani y Taromenane) habrían mantenido en la selva amazónica. Según la secretaría, esta publicación estimula la violencia, el odio y el deseo de venganza. La fiscalía inicia el proceso de indagación previa. El 18 de abril el periodista Christian Zurita Ron fue agredido con empujones y su teléfono celular retirado a la fuerza por el fiscal provincial de Esmeraldas, Simón Lara Grueso, mientras cubría la audiencia de juzgamiento de uno de los implicados en el caso de narcotráfico denominado Resurgir. El 2 de mayo el activista y político Trajano Andrade Viteri denunció que radio Marejada, de Manta, cerró el programa de opinión que ahí mantenía, por presiones políticas del alcalde Jaime Estrada, debido a las críticas hechas al manejo sanitario y al endeudamiento de la ciudad. Días más tarde el programa fue restablecido sin mayor explicación. El 7 de mayo la Corte Provincial de Justicia de Carchi declaró nula la sentencia que el periodista Yaco Martínez había recibido el 8 de marzo, luego de que el juez Bayardo García lo declaró culpable por el delito de injurias en contra de la exgobernadora de la mencionada provincia, María Helena Villarreal. La Corte consideró que el caso no había sido llevado de acuerdo al debido proceso. En mayo, y a pedido del Presidente, el Fiscal General de la Nación llamó a declarar a varios periodistas que, según el mandatario, son sospechosos de ser cómplices o encubridores de las jornadas del 30 de septiembre, que para unos fue una revuelta policial y para el gobierno un intento de golpe de Estado. El 17 de mayo Fundamedios reporta que el presentador y entrevistador de Ecuavisa, Alfredo Pinoargote, ha sido desacreditado y verbalmente atacado por el Presidente y su gobierno en al menos 25 ocasiones desde el 2011, con adjetivos como “torpe”, “mentiroso”, “mala fe”, “embajador de la partidocracia”, “recadero de los poderes locales”, “cara planchada”, “amargado”, entre muchos otros. El 20 de mayo un equipo de cobertura de Ecuavisa, liderado por el periodista Alex Cevallos, fue agredido física y verbalmente por guardias de seguridad del hospital Andrade Marín, de Quito, cuando levantaba información sobre las quejas de los ciudadanos en la entrega de medicinas. El 1 de junio la Secretaría Nacional de Comunicación (Senacom) exigió a Hoy la rectificación del titular “Correa califica de novelería al matrimonio homosexual”, por considerar que no refleja fielmente el despacho de AFP, que sirvió para hacer esa nota. Hoy publicó los principales aspectos del pedido de la Senacom y una nota del editor en donde sostenía que no había violado la ética periodística al publicar un titular diferente al de AFP. Días más tarde el Defensor del Pueblo solicitó a la Justicia el inicio de una acción de protección en contra de Jaime Mantilla, director de Hoy, por “negarse a rectificar una información falsa”. El 17 de junio, en la respectiva audiencia, Hoy se allanó al pedido del Defensor del Pueblo y la jueza Verónica Medina dispuso la publicación de la rectificación y de disculpas públicas. El 6 de junio cuatro periodistas fueron aprehendidos dentro de la cárcel El Rodeo, de Portoviejo, mientras cubrían un operativo policial. La orden de detención, bajo el cargo de “atentar contra la seguridad del Estado”, la dio el director del penal, Carlos Loor, a pesar de que la Policía había invitado a los periodistas a cubrir el operativo. La aprehensión duró once horas y a pesar del pedido del director de la cárcel, ni la Fiscalía ni la Comisaría encontraron motivos para levantar cargos. Los materiales como fotos, audios y videos fueron borrados por los guías penitenciarios y registraban el hallazgo de drogas y armas. Los periodistas son: Daisy Pico, del canal incautado GamaTV; Roberto Reyes e Iván Maestre, de Ecuavisa; y Rafaela Zambrano, de la Policía Nacional. El 28 de junio el asambleísta Luis Torres presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra de 62 artículos de la Ley de Comunicación. El 15 de julio el reportero Iván Casamen, de la televisora RTS, fue detenido por la Policía durante más de 12 horas por el supuesto delito de desacato a las instrucciones un oficial policial que intentaba organizar el área alrededor de un túnel al norte de Quito que se derrumbó. El reportero tuvo que pagar una multa de siete dólares. El 19 de julio el director de noticias de Canal Uno, Rafael Cuesta Caputi, denunció haber recibido amenazas de muerte por personas no identificadas. Dijo que quizás “mi trabajo está molestando a alguien”, sin más alusiones. El 22 de julio quedó integrado el Consejo de Regulación y Control de la Comunicación con cinco miembros que registran cercanía al Ejecutivo. Ellos son: Patricio Barriga, periodista que trabajó en medios privados, está al frente de la Subsecretaría de Comunicación. Él presidirá el ente. Paulina Mogrovejo en representación de la Defensoría del Pueblo. El Defensor del Pueblo fue subsecretario del Régimen y su delegada fue relatora de la Comisión de la Asamblea que presidió la legisladora de Alianza PAIS Betty Carrillo. Tamara Merizalde representa a Doris Soliz, ministra de Estado, quien a su vez ejerce la representación del Consejo de la Niñez y Adolescencia. Roberto Wohlgemuth trabajó en la Presidencia y en el área de Comunicación junto a Fernando Alvarado. Hernán Reyes, profesor universitario, fue articulista y miembro del Consejo Editorial del gubernamental El Telégrafo. El 7 de agosto la jueza Sheyla Aguilar, de Manta, declaró prescrito y ordenó el archivo de la demanda que por injurias la fiscal Alexandra Bravo seguía a El Diario, La Marea y cinco de sus empleados, pidiendo tres años de prisión y un millón y medio de dólares en indemnización. El 8 de agosto la Superintendencia de Comunicaciones suspendió la frecuencia de radio Ecotel, de Loja, aduciendo que la estación operaba fuera de los parámetros técnicos establecidos. Un intento de allanamiento de las instalaciones de la radio por parte de las autoridades se frustró, debido a que unos 300 manifestantes llegaron al lugar y se opusieron. Sin embargo, sus cinco repetidoras sí pudieron ser intervenidas y sacadas del aire. El director del medio, Ramiro Cueva, sostiene que se han atropellado procedimientos, debido a que sobre este caso existe un proceso administrativo aún no resuelto. Además aseguró que se trataba de una retaliación política, ya que su radio es crítica al gobierno. El 8 de agosto Pablo Romero, de la Secretaría Nacional de Inteligencia, pidió a la Asamblea Nacional que se criminalice la divulgación de la información confidencial del Estado y que sea la Corte Constitucional la encargada de dar una aprobación previa a la publicación de esa información. En agosto el Consejo de Comunicación creó el Laboratorio de Comunicación y Derechos, a pesar que esta figura no está contemplada en la Ley de Comunicación. Este ente tiene el objetivo de “prevenir, detectar y detener los mensajes que induzcan a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, la intolerancia religiosa o política y la vulneración del derecho de las personas”. Emitirá un informe anual, boletines trimestrales y un blog de discusión. Está integrado por representantes del Instituto de Altos Estudios Nacionales, El Consejo de Participación Ciudadana y la Defensoría del Pueblo. El 19 de agosto el presidente Correa dijo vía Twitter que si convocaban a una consulta popular para preguntar al pueblo si dejaba el petróleo del Parque Nacional Yasuní bajo tierra para preservar la naturaleza, también preguntaría si los ecuatorianos quieren prohibir las ediciones de periódicos de papel para que sólo queden las digitales y así evitar la tala de los árboles con los que se hace el papel. El 21 de agosto el Secretario Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, exigió que El Universo se disculpe ante la opinión pública y rectifique una noticia que, a su juicio, incluía tuits que atentan contra la honra y el buen nombre del presidente Correa. La noticia trataba sobre la resolución del gobierno de iniciar la explotación de petróleo en el parque nacional Yasuní. Alvarado considera que la información publicada en los tuits no constituye información de relevancia pública, pero sí viola leyes ecuatorianas, por ejemplo los artículos 7 y 23 de la Ley de Comunicación. El Universo publicó la carta de Alvarado y ofreció sus disculpas. El 28 de agosto el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, propuso a la Asamblea Nacional que se penalice la injuria cometida a través de las redes sociales con sanciones que incluyen prisión de entre dos y cuatro años. El 30 de agosto el Ministerio del Ambiente recordó que, según disposiciones legales del 2011, para realizar filmaciones en los parques nacionales, entre ellos el Yasuní, los interesados deben entregar un cheque de 500 dólares en garantía, explicar el guión del reportaje, dar el título del reportaje, dar copia de las cédulas de identidad de los autores y fecha de entrega de las filmaciones. Antes de su publicación, las filmaciones deben ser revisadas por el ministerio. El 3 de septiembre un grupo de aproximadamente 50 ciudadanos, entre los que constaban periodistas, escritores, políticos, empresarios, intelectuales, entre otros, presentaron una demanda de inconstitucionalidad de la Ley de Comunicación. El 18 de septiembre radio Centro, de Guayaquil, dejó de emitir su señal luego de que la Superintendencia de Telecomunicaciones y la Fiscalía la clausuraron por, según dijeron las autoridades, el incumplimiento del contrato de concesión de la frecuencia, al adeudar varias cuotas mensuales de operación El 20 de septiembre la justicia inició el trámite de la demanda que por injurias calumniosas interpuso la ex jueza de Esmeraldas, Ivonne Boada Ortiz, en contra de diario La Verdad, de Esmeraldas, su presidente Mario Gutiérrez, su gerente Nathaly Ibarra, su editor Saúl Ibarra y su director Rodrigo Jácome. La exmagistrada pide 10 millones de dólares de indemnización al medio y otros 20 millones a los demandados. La demanda ocurre luego de la publicación de la nota “Prófugos de La Roca se escondían en Colombia”, del 20 de abril, en donde se publica: “Serrano (ministro de Seguridad) también denunció a la jueza Ivonne Boada (...) quien tuvo el papel de intermediaria (...) para intentar sobornar al juez…” El 21 de septiembre el presidente Correa, durante su mensaje semanal a la nación, rompió copias de Hoy, La Hora y El Comercio, molesto porque, a su juicio, los medios no dieron una cobertura suficiente a las acciones que el gobierno ha realizado para demostrar al mundo el daño que, según los tribunales, la petrolera Chevron hizo a la amazonía ecuatoriana durante las décadas que operó ahí. El mandatario advirtió a los medios con aplicar la Ley de Comunicación para que publiquen las noticias de interés público. Los principales cuestionamientos de Correa fueron: que los medios publicaron en espacios secundarios una foto suya con la mano cubierta de petróleo; que dieron mucho espacio y credibilidad a un boletín de la Corte de la Haya que supuestamente exculpa a Chevron, que se manipuló la motivación que tuvo la construcción de una tarima y la convocatoria a una consulta popular para definir la explotación de la reserva natural del Yasuní. El 24 de septiembre la Defensoría del Pueblo demandó a Extra que pida disculpas públicas a las mujeres por la nota ¡Pilas con las Grillas!, publicada el 11 de abril, en donde el periodista hace un perfil de un tipo de mujer y su comportamiento interesado en la fiesta y vivir a expensas de los hombres que puedan pagar sus gastos. El 24 de septiembre el Superintendente de Bancos y Seguros, Pedro Solines, negó el pedido de información que le realizó el asambleísta Cléver Jiménez sobre las actividades de las aseguradoras estatales Sucre y Rocafuerte. La autoridad justificó su decisión diciendo que los informes de las auditorías a esas empresas son reservados. El 25 de septiembre la jueza Hilda Garcés prohibió la circulación y difusión del libro “Una Tragedia Ocultada”, que habla sobre la supuesta matanza de unos 30 miembros de pueblos no contactados en la amazonía. La magistrada emitió su orden una hora antes del lanzamiento del texto con el argumento de estar protegiendo los derechos de una niña que aparecía en la invitación. La obra fue escrita por Miguel Cabodevilla, Milagros Aguirre y Massimo de Marchi. El 26 de septiembre el gobierno nacional, invocando su compromiso con la Constitución y la libertad, rechazó la decisión de la jueza. El 27 de septiembre la magistrada Garcés levantó la prohibición de venta del libro, luego de comprobar que las fotos que incluye no afectan a los niños. El 3 de octubre el periodista Juan Carlos Calderón, de la web Plan V, denunció ante la Fiscalía haber recibido amenazas de muerte luego de la publicación de investigaciones de supuestos actos de corrupción en torno a la contratación de seguros estatales. El ministro de Gobierno ofreció investigar el caso y ubicar protección policial al periodista, que la aceptó para su familia. Al 8 de octubre La Hora reporta sufrir un acoso gubernamental a través de 48 procesos administrativos y laborales, sin que aún se haya determinado una multa.    

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