Estados Unidos

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En su primer mandato y a pesar de su promesa de un gobierno abierto y transparente, el presidente Barack Obama sorprendió a la mayoría de los activistas de medios al perseguir implacablemente bajo las leyes de espionaje a informantes dentro del gobierno. Obama fue elogiado en noviembre del 2012 cuando firmó nuevas medidas legales de protección para los autores de denuncias. En julio, el Departamento de Justicia hizo más estrictas las directrices que sus fiscales utilizan en investigaciones relacionadas con los medios de comunicación, pero las instituciones de control de los medios siguen preocupadas por la dirección que toma la libertad de prensa en el país. El gobierno trata de establecer que el privilegio de que goza un reportero no existe para aquellos que cubren temas de seguridad nacional. Esto ha llevado a una ofensiva contra los informantes, que parece diseñada para restringir todas las versiones, menos las oficiales, de eventos e informaciones. Lo anterior ha fundado el reclamo de una Ley Escudo a fin de dar protección legal formal a los periodistas. La administración Obama ha procesado a más funcionarios gubernamentales por presuntas filtraciones bajo la Ley de Espionaje de 1917, que todos sus predecesores juntos hasta el gobierno de Ronald Reagan. Las acusaciones de seis personas bajo la Ley de Espionaje han provocado las críticas de quienes argumentan que dichos actos represivos paralizan el disenso y cercenan la libertad de prensa. En enero, John C. Kiriakou se convirtió en el primer funcionario de la CIA condenado a la cárcel por filtrar información clasificada a los medios de comunicación. Kiriakou, de 48 años, fue condenado a 30 meses de prisión por revelar a  un periodista el nombre de un agente encubierto de la CIA, así como por brindar información sobre el uso de una técnica prohibida de interrogatorio, conocida como water-boarding. En agosto, el soldado Chelsea (Bradley) Manning fue condenado a 35 años de prisión y dado de baja del Ejército por filtrar información clasificada al sitio web Wikileaks. En junio del 2013, los fiscales federales acusaron al especialista en informática y ex empleado de la CIA y de la Agencia de Seguridad Nacional,  Edward Snowden, de espionaje y robo de propiedad del gobierno. Mientras tanto, las compañías de medios de Estados Unidos han sido objeto de ataques de piratas informáticos chinos. En febrero, la compañía de seguridad cibernética Mandiant Corp publicó un informe en el que supuestamente vincula una serie de ataques cibernéticos contra empresas de medios de EE.UU. con una unidad del Ejército Popular de Liberación de China con sede en Shanghai. Después de 3 años de prisión preventiva, el ex analista de inteligencia militar del Ejército, soldado Bradley Manning, fue condenado a 35 años de cárcel en agosto por 10 cargos de espionaje y robo. Manning fue acusado de revelar cientos de miles de documentos confidenciales del gobierno a WikiLeaks. Manning enfrentó 22 cargos relacionados con la filtración de cientos de miles de cables diplomáticos secretos, registros bélicos de las guerras de Afganistán e Irak, y videos de acciones militares de Estados Unidos. Fue absuelto del cargo más grave, el de “ayudar al enemigo”; este lo acusaba de organizar la publicación en Internet de secretos de Estado, sabiendo que Al-Qaeda tendría acceso a ellos. Algunos grupos condenaron el enjuiciamiento de Manning, alegando que era un golpe contra la democracia estadounidense, pues la prensa debe ser libre para denunciar los abusos del gobierno. En mayo del 2013, Edward Snowden, especialista en informática y ex empleado de la NSA y la CIA, ahora fugitivo, reveló al diario The Guardian, de Londres, detalles clasificados acerca de programas de vigilancia masiva, altamente secretos, de los gobiernos de EEUU y Gran Bretaña. En junio del 2013, la Fiscalía Federal acusó a Snowden de espionaje y robo de propiedad gubernamental. Snowden huyó de Estados Unidos antes de la publicación de sus revelaciones, primero a Hong Kong y luego a Rusia. La agresiva guerra del gobierno de Obama contra las filtraciones y otros esfuerzos para controlar la información no tienen precedentes, según 30 experimentados periodistas de Washington, entrevistados para un nuevo informe publicado en octubre por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ). El informe expresa que, a pesar de la promesa de Obama para encabezar el gobierno más abierto en la historia de EE.UU., las políticas de la Casa Blanca han afectado la comunicación entre los periodistas y sus fuentes. El informe, El gobierno de Obama y la prensa: investigaciones de filtraciones y vigilancia en EE.UU. después del 9/11, encontró que el enjuiciamiento de sospechosos de filtraciones, junto con amplios programas de vigilancia electrónica, han dejado a los funcionarios del gobierno profundamente aprensivos para hablar con la prensa. El informe describe cómo el gobierno ha realizado más del doble de procesos penales por supuestas filtraciones de información clasificada, que todos los gobiernos anteriores juntos. El CPJ hizo una serie de recomendaciones que acompañan el informe. El Comité instó al gobierno de Obama a “afirmar y garantizar que los periodistas no estarán en riesgo legal o serán procesados por recibir información confidencial y clasificada” y “ser más explícito sobre el alcance y la naturaleza de la Agencia de Seguridad Nacional y otras entidades de vigilancia que se están enfocando ahora en periodistas nacionales e internacionales”, entre otros. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reforzado las directrices que sus fiscales utilizan en investigaciones relacionadas con los medios de comunicación, pero instituciones de control de los medios siguen preocupadas por la dirección de la libertad de prensa en Estados Unidos.   Las nuevas directrices, anunciadas en julio, fueron diseñadas en respuesta a las críticas que provocó la incautación del gobierno de los registros de líneas telefónicas asignadas a las oficinas de la agencia Associated Press y la cadena Fox News. Las nuevas directrices restringen el uso de citaciones y órdenes de allanamiento para los periodistas, pero no abordan la falta de protección de las fuentes periodísticas. “Estas directrices revisadas ayudarán a asegurar el equilibrio adecuado en las investigaciones sobre divulgación de información no autorizada”, declaró el Fiscal General, Eric Holder tras el anuncio. Holder celebró siete sesiones con cerca de 30 organizaciones de medios, así como con grupos de la Primera Enmienda, asociaciones de la industria de medios y expertos del mundo académico, según el sitio web del Departamento de Justicia. Las nuevas normas también establecen un nuevo comité de revisión que aconsejaría altos funcionarios del Departamento sobre la manera de manejar investigaciones relacionadas con los medios, así como realizar un informe estadístico anual sobre tales investigaciones. Los fiscales federales ya no pueden obtener una orden de registro para los archivos del periodista a menos que el periodista sea parte de una investigación criminal. Bajo las nuevas reglas, se prohíbe el retraso en la notificación a las organizaciones de noticias de este tipo de búsqueda. Ahora los funcionarios del Departamento deben proporcionar aviso a las organizaciones de noticias, con 90 días de antelación al menos, sobre si tienen intención de indagar en los archivos de los periodistas, a menos que “dicho aviso y negociación anticipadas representen una amenaza clara y sustancial” para la investigación o “grave riesgo de daño para la seguridad nacional”. Si fuera así, el Fiscal General puede acordar retrasar la notificación por 45 días. En un esfuerzo por obtener una orden de registro de los correos electrónicos del reportero de Fox News, James Rosen, los funcionarios llamaron al reportero un posible “co-conspirador” en la filtración de información clasificada. Rosen había informado información clasificada que implicaba a Corea del Norte que le reveló una fuente del Departamento de Estado. Eso ya no sería permitido por las normas. Una coalición de 46 organizaciones de medios de comunicación, incluido el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, ha solicitado a Fiscal General, Eric Holder, que retire una citación del Departamento de Justicia al reportero del New York Times, James Risen, en un caso criminal. La carta de la coalición respalda una misiva de los abogados de Risen, fechada el 25 de julio,  solicitando similar acción. En ésta se argumenta que la búsqueda del testimonio de Risen resulta incompatible con la nueva política del Departamento de Justicia sobre citaciones a medios, según lo anunciado por Holder en un informe al Presidente el 12 de julio. El 19 de julio, en una votación de dos a uno, un fallo de la cuarta corte de apelaciones de circuito de Richmond, Virginia, determinó que el periodista del New York Times, James Risen, debía prestar declaración en el juicio penal del ex agente de la CIA, Jeffrey Sterling, quien está siendo procesado por filtraciones no autorizadas de secretos de Estado. Sterling ha sido acusado de filtrar información a Risen en violación de la Ley de Espionaje. La información se dio a conocer en un capítulo de libro de Risen: State of War: The Secret History of the CIA and the Bush Administration (Estado de Guerra: La historia secreta de la CIA y el gobierno de Bush), que reveló una operación encubierta que implicó un intento de suministrar planes defectuosos de armas nucleares a funcionarios iraníes. Risen ha expresado su compromiso de proteger sus fuentes. La ofensiva gubernamental contra los informantes ha puesto de relieve lo que algunas instituciones de control de los medios exigen: una ley integral de protección federal que otorgue a los periodistas la protección contra la obligación de revelar información confidencial o la identidad de una fuente. El 15 de mayo del 2013, la Casa Blanca pidió el senador Charles E. Schumer (D-NY) que volviera a presentar una versión de la Ley del Libre Flujo de Información, ley escudo que Schumer defendió en el Senado en el 2009. Otra versión de la ley escudo se ha presentado también en la Cámara de Representantes. La versión del 2009, favorecida por la Casa Blanca, mantiene exenciones más amplias para revelar las fuentes y la información confidencial que su  contrapartida en la Cámara. Por ejemplo, el proyecto del Senado contiene importantes exenciones para cualesquiera filtraciones que se considere afectan la seguridad nacional. Se excluiría específicamente WikiLeaks y a otros grupos de Internet que no encajan en el lenguaje estricto utilizado por los legisladores para definir una organización de noticias. Del mismo modo, el lenguaje para definir quién califica para protección como periodista, excluiría a algunos periodistas en línea, blogueros y escritores independientes, en dependencia de su situación contractual. Por primera vez, ahora se difunde al público estadounidense programación de noticias producida por medios de financiación pública como la Voz de América (VOA) y TV y Radio Martí, luego de la derogación de una ley que prohibía que tal contenido se difundiera dentro del país. El Congreso derogó las disposiciones de una ley que había restringido durante mucho tiempo la difusión interna y la difusión de programas de noticias financiados por el gobierno y que son destinados a audiencias extranjeras. Los críticos a menudo han visto a la VOA y TV y Radio Martí como propaganda gubernamental inadecuada para las audiencias nacionales. Los críticos de las restricciones argumentaron con éxito que la vieja ley violaba la transparencia del gobierno.  

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