Honduras

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No ha cesado, en este período, el clima de inseguridad contra la prensa, destacándose el secuestro y asesinato del periodista Aníbal Barrow en San Pedro Sula. Algunos de los supuestos autores materiales del crimen han sido capturados, pero no ningún autor intelectual. Desde 2003 se registraron 36 asesinatos de periodistas, solo uno ha sido juzgado y objeto de sentencia condenatoria, lo que significa que el 97% de los casos permanecen impunes. El gobierno oficial mantiene vigentes instrucciones arbitrarias que restringen el acceso a la información pública, particularmente en la Secretaría de Seguridad donde se niega información y la misma se limita a boletines ocasionales emitidos por la Oficina de Relaciones Públicas de esa entidad. Lo anterior se suma a un discurso gubernamental que durante meses fue de abierta confrontación con los medios de comunicación, al promoverse desde el Poder Ejecutivo la “Ley Marco del Sector Telecomunicaciones” que contiene disposiciones que violentan principios sobre libertad de expresión y vulneran derechos humanos como la libre asociación, el derecho y acceso al trabajo, el derecho a la propiedad privada, entre otros. El proyecto fue ingresado al Congreso Nacional y su discusión abortada por la suscripción de un pacto de “auto-regulación” suscrito por algunos medios de comunicación. Esa ley fue una de las causas que motivó una misión oficial de la SIP a Honduras, la que fue fundamental para que se suspendiera el trámite de ese proyecto de ley. El Gobierno de Honduras aún no ha cumplido con los compromisos adquiridos a nivel nacional e internacional, incluyendo los propuestos por la SIP sobre mecanismos de protección para periodistas. Casos más relevantes en este periodo: En mayo, Elías Chahin, presidente de la Asociación de Radios y Televisoras Independientes de Honduras, recibió una golpiza de parte de varios individuos al salir de una radio. Chahin era opositor de la Ley del Sector Telecomunicaciones y atribuyó el ataque a su posición en ese tema. También denunció que su casa fue atacada días antes por sujetos que pretendieron incendiarla. Un equipo de prensa del canal “Hable como Habla” sufrió un atentado criminal en la ciudad de La Ceiba a manos de sicarios en moto que le infirieron nueve balazos al vehículo en el que se conducían el periodista Ramón Maldonado y su camarógrafo al momento del ataque, pero ninguno resultó herido. Maldonado expresó que el atentado en su contra “podría estar relacionado con informaciones sobre la alcaldía ceibeña”. En fechas posteriores otros miembros de este canal también han recibido amenazas a muerte. El 24 de junio fue secuestrado el periodista Aníbal Barrow de Globo TV. Su cuerpo desmembrado y calcinado fue hallado el 9 de julio. Tras el asesinato la SIP insistió en la urgencia de crear un sistema de protección de periodistas. Barrow, de 58 años, era ingeniero agrónomo y catedrático de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en San Pedro Sula. El 16 de julio, el periodista Mario Castro, del programa "El Látigo Contra La Corrupción" de Globo TV, denunció haber recibido varios mensajes de texto, en los que se le amenazó con correr la misma suerte de su colega y amigo Aníbal Barrow. En julio el periodista Joel Coca, corresponsal de canal 11 y coordinador del programa “Más Noticias” de Multi Cable en Puerto Cortés, fue agredido por dos personas al salir de su trabajo quienes le golpearon con un bate y quienes manifestaron que “los habían mandado solo a golpearme”. El periodista posteriormente abandonó el país argumentando falta de garantías personales y amenazas a su familia. En septiembre, periodistas de El Heraldo denunciaron que fueron objeto de amenazas de parte del personal de seguridad del Hospital Escuela en la ciudad de Tegucigalpa, quienes les manifestaron haber recibido “órdenes superiores para seguir al personal del medio de comunicación” e impedirles su labor. En octubre el periodista Esdras Amado López, director de Noticias de Canal 36, Cholusat Sur, denunció haber recibido una llamada de un alto funcionario del gobierno para advertirle que existe información que su nombre está en una lista de personajes contra quienes podrían atentar y que debería tomar sus propias medidas de protección. El periodista además denunció que de parte de las autoridades no ha recibido ningún tipo de protección.  

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