Nicaragua

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El secretismo y la falta de información pública sigue siendo la tónica del gobierno de Daniel Ortega. Solo los medios oficiales, que se auto llaman del Poder Ciudadano, pueden informar asuntos de Estado. A  ningún ministro o funcionario se le permite dar entrevistas, contestar preguntas o simplemente informar. Solo los medios oficialistas reciben la publicidad estatal. Muchos medios, especialmente noticieros pequeños o de provincias,  han tenido que cerrar. El presidente Ortega avanza en la concentración de poder, dominando absolutamente todos los poderes del Estado y gobernando autocráticamente, en base de pasar sobre la Constitución y las leyes aún en aspectos aparentemente innecesarios, mientras  se experimenta una creciente pérdida de los espacios democráticos en la pluralidad de los medios de información especialmente, en los electrónicos. El irrespeto a la Ley de Acceso a la Información Pública aprobada en 2007, es absoluto. En el primer período de esta segunda etapa, después de la dictadura revolucionaria de los años 80´, el presidente Ortega se dedicó a atacar a los medios independientes en todas sus intervenciones públicas. En el segundo período descubrió que es más fácil ahorrarse el costo político de esa retórica o de cerrar algún medio de información; y que es más efectivo comprar todos los medios posibles, o neutralizarlos, especialmente los medios radiales y televisivos y asignarse canales de Televisión por medio de TELCOR, que es el ente regulador de las frecuencias radioeléctricas. De los nueve canales de televisión abierta, ocho están en manos de un duopolio. La familia presidencial controla directamente los canales 4, 6, 8  y 13 y el 16 y 47 fueron asignados a televisión abierta, mientras al cable CLARO TV se le dio el nombre de canal 91. Algunos como el canal 8 fueron comprados con fondos de la cooperación venezolana, de la que no da cuentas en el país, se ignora si da cuentas a alguien en Venezuela. El empresario mexicano Ángel González, quien  fue socio de Ortega en el canal 4, controla los canales 2, 9, 10 y 11. González recibió carta blanca para convertirse en el zar de la televisión nicaragüense, siempre que el perfil de sus canales fuese pro gubernamental. Solo quedan el canal 12 y otros tres canales de televisión por cable que con mucho cuidado difunden programas de noticias y opinión, pero su situación económica es cada vez más precaria. El 23 de septiembre de este año una sociedad llamada Difuso Comunicaciones, productora audiovisual propiedad de Juan Carlos Ortega, hijo del presidente Ortega solicitó a TELCOR la concesión para operar un canal de televisión con frecuencia de Canal 22. El aviso publicado solicitando la concesión, da 30 días para oponerse, pero en ninguna de las anteriores concesiones se ha presentado ninguna oposición. Difuso Comunicaciones produce todos los spot publicitarios del gobierno incluyendo los de las campañas electorales del Frente Sandinista. Un equipo de periodistas de La Prensa fue retenido por la policía por un poco más de una hora, cuando trataba desde la calle de tomar fotos y videos de la sede de Difuso. Otro equipo del mismo diario que llegó posteriormente  con el mismo objetivo, fue impedido por un capitán del Ejército, algo inusual ya que los militares no resguardan propiedades privadas. Cuando se le pidió al oficial que explicara la razón del atropello, contestó que “estaban haciendo fotos  en un perímetro de seguridad”. Las oficinas de Difuso funcionan en los alrededores de los locales del partido Frente Sandinista, la casa familiar de los Ortega y al despacho presidencial. Los atropellos contra periodistas son comunes y violentos, sin ningún trámite o explicación. Un fotógrafo de La Prensa y una periodista fueron sacados violentamente del edificio de los juzgados, cuando pretendían cubrir una denuncia de la hijastra de Daniel Ortega contra una embajada europea que, por presiones del gobierno, cortó los fondos de la ONG que ella dirigía, dejándola con compromisos de pago pendientes. En este período varios periodistas extranjeros fueron expulsados del país sin ningún trámite y de una manera violenta. El periodista sueco Peter Torbiornsson, quien presentó un documental sobre el atentado de La Penca en 1984 fue expulsado del aeropuerto de Managua cuando pretendía regresar a Nicaragua. Lo mismo pasó con Matteo Cardella, fotógrafo de AFP, al que pusieron en la frontera con  Costa Rica después de retenerlo varios días preso e incomunicado. La  explicación oficial fue que “violentó un circulo de seguridad de la casa Presidencial”. No quedó claro en qué consistió esta violación y AFP tampoco quiso dar detalles. Un periodista de El Nuevo Diario fue golpeado cuando cubría una protesta de adultos mayores que demandaban al Seguro Social el pago de una pensión reducida.

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