Uruguay

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Finalmente, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el proyecto de ley de medios. Su objetivo principal son los medios audiovisuales —se denomina Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual— y no los medios de prensa, pero se incluyen disposiciones que afectan a la libertad de expresión, fuente primera de la libertad de prensa. El proyecto fue enviado el 21 de mayo, pero el 1 de octubre, luego que la comisión parlamentaria recibiera a 49 representantes de distintos sectores vinculados con la libertad de expresión, incluidas las cátedras de derecho público de la Universidad de la República y de las tres universidades privadas, el ministro de Industria anunció unas 80 modificaciones de los 183 artículos que integran el proyecto. Muchos de los cambios propuestos responden al informe elevado por Claudio Paolillo que en su carácter de Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP fue invitado a dar su opinión. El informe completo de Paolillo fue publicado oportunamente por la SIP. Los avances más notorios son: Se elimina la calificación de los servicios audiovisuales como “elementos estratégicos para el desarrollo nacional”. El Consejo de Comunicación Audiovisual (CCA), responsable de la aplicación, fiscalización y del cumplimiento de las disposiciones de la ley será integrado por cinco miembros: uno será designado por el Presidente de la República en acuerdo con el Consejo de Ministros y los restantes cuatro por la Asamblea General, sobre propuesta motivada en las condiciones personales, funcionales y técnicas, por un número de votos equivalente a 2/3 de sus integrantes. Como los informativos se encuentran en el horario de protección al menor y allí rigen severas restricciones sobre las imágenes y noticias, se establece que, como excepción, “en los programas informativos, cuando se trate de situaciones de notorio interés público emitidas en tiempo real, podrán incluirse imágenes de violencia excesiva, incluyendo avisos explícitos para prevenir la exposición del público infantil a las mismas. Obliga a  a la autorregulación de los medios de comunicación, aunque quita la exigencia de “conforme a las disposiciones de la ley”. Lo que queda: El art. 27 de la ley, bajo el título de Derecho a la no discriminación dice que los servicios de comunicación audiovisual deben ofrecer en sus emisiones una imagen respetuosa e inclusiva de todas las personas en su diversidad, en tanto manifestación enriquecedora de la sociedad. No podrán realizar ninguna forma de discriminación hacia las personas por motivos de género, raza, etnia, orientación sexual, edad, discapacidad, identidad cultural, estado civil, lugar de nacimiento,  credo, ideología, filiación política o condición socio-económica; impidiendo la difusión de contenidos que signifiquen o promuevan dicha práctica. Es decir, hay un conjunto de bienes muy indefinidos que reciben tutela. La indeterminación de esos conceptos puede dar lugar a una azarosa discrecionalidad, muy cercana a la arbitrariedad. Las sanciones: La inobservancia de estos conceptos daría lugar a sanciones, que van desde la mera observación a la revocación de la autorización para funcionar, pasando por el apercibimiento, multa, suspensión de emisiones y decomiso de bienes. La obligatoriedad de integrar cadenas nacionales de radio y televisión simultáneas, sin límites de número o tiempo de emisión y con el solo requisito de resolución fundada del Poder Ejecutivo. El 18 de marzo, el presidente José Mujica, en su audición radial semanal, consideró que los uruguayos no reconocen la “imagen positiva” del país en el exterior, producto de la “defectuosa y enferma libertad de prensa. No porque no exista libertad, sino porque se cae en el libertinaje, deformación de la libertad. Pululan verdades a medias, la constante eliminación de contextos y falta esfuerzo para ratificar la veracidad de las noticias”. El 5 de abril, el Presidente se manifestó a favor de regular los medios de comunicación en una conferencia realizada en la sede del Mercosur, donde también participó el expresidente de Brasil, Lula da Silva y el secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras, Víctor Báez: “Las sociedades —dijo— tienen que instrumentar ciertos mecanismos de regulación que aseguren, más allá de la fuerza económica, la existencia de opiniones que pueden ser distintas y que se manifiesten públicamente”. Si no se logra eso “y la libertad de prensa tiene que pasar por el ojo de la cerradura del sistema empresarial, no tenemos efectiva libertad de prensa”. El 11 de abril el presidente Mujica apuntó contra la prensa por haber “violado su privacidad” al difundir su conversación privada donde trató de “vieja” y “terca” a la presidente Cristina Fernández y se refirió como “el tuerto” a su ex marido Néstor Kirchner. Lo cierto es que la difusión de estas frases corrió por cuenta de la página web de la Presidencia de la República y lo que hicieron los medios fue recogerlas. El 29 de abril, un llamado telefónico del Ministerio de Educación a un canal privado de televisión impidió la realización y puesta al aire de un reportaje a un periodista que había sido cesado por la emisora estatal Televisión Nacional de Uruguay (TNU), donde co-conducía el programa “Poder Ciudadano”, lo que constituyó un acto de censura previa. El periodista Miguel Nogueira había sido invitado a dar testimonio sobre su cese en TNU en el programa “Algo contigo” de Canal 4, que conduce Luis Alberto Carballo. Cuando promediaba la grabación, que iba a ser emitida dos días después, una funcionaria del canal irrumpió en el estudio y ordenó suspenderla. “Nos llamaron de arriba; tenemos que cortar la nota. Llamaron del Ministerio de Educación y Cultura”, dijo la funcionaria. La grabación fue efectivamente suspendida y la entrevista a Nogueira nunca salió al aire. El sindicato de periodistas APU emitió una declaración cuestionando tanto al gobierno como al canal por el acto de censura. Pero el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, deslindó toda responsabilidad de su Secretaría y resaltó el “firme compromiso” de su Ministerio “con la libertad de prensa”. Sin embargo, tanto dirigentes del sindicato como el conductor del programa “Algo contigo”, Luis Alberto Carballo, afirmaron que sí existió una llamada a la dirección de Canal 4 de la emisora estatal TNU a raíz de la molestia de su directora, Virginia Martínez, por la presencia de un móvil del canal privado que procuraba entrevistarla mientras en estudios se reporteaba al periodista Nogueira. El 14 de mayo, el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente, el organismo que tiene a su cargo toda la problemática de los menores, resolvió multar al diario El País porque en una nota sobre una peligrosa banda de menores rapiñeros publicada el 16 de junio de 2010, los identificó por su apodo y mencionó el asentamiento en el que residían. El hecho, cuando estaba en vías de gestación, ya había sido denunciado en le reunión anual de San Pablo. El informe de El País contaba las andanzas de un menor apodado "El Ricky" (autor de siete infracciones gravísimas previstas en la ley penal: homicidio muy especialmente agravado en reiteración real con seis rapiñas reiteradas). El 30 de junio, en el marco del proyecto de la ley de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento, se incluyeron modificaciones a la ley de acceso a la información pública aprobada en el 2008. Ellas suponen mayores restricciones a las solicitudes en virtud de que se amplían los motivos de negativa que puede interponer el organismo requerido para dar informaciones. Si ya existía malestar por la arbitraria discrecionalidad que se manejaba el Estado a la hora de negar informaciones, las modificaciones acrecientan sus posibilidades de “acción secreta” y se desnaturaliza el instituto que pasará a ser simple “letra muerta”. El 18 de julio, el periodista Gustavo Guisulfo denunció la agresión de efectivos policiales en momentos en que estaba cubriendo una actividad en Presidencia. Allí grabó la detención de un turista mediante “fuerza abusiva”. Pese a que se identificó como periodista, fue esposado, metido dentro de un patrullero y trasladado a una seccional policial donde le borraron su grabación. El hecho fue denunciado por la Asociación de la Prensa de Uruguay (APU).      

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