Argentina

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La persecución que desde hace 10 años lleva adelante el gobierno argentino contra periodistas y medios independientes quedó nuevamente de manifiesto mediante la flagrante discriminación de la pauta publicitaria oficial a favor de medios afines, a la vez que las autoridades siguen desconociendo fallos judiciales que condenan ese uso. Desconocen también las exigencias de ecuanimidad de la Corte Suprema en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En las últimas semanas, con un retraso habitual, el Gobierno hizo públicos sus gastos en publicidad de 120 millones de dólares del primer semestre de 2013. Como viene ocurriendo en los últimos años, empresas periodísticas cercanas al oficialismo fueron premiadas con altos porcentajes del paquete publicitario que no guardan relación con los niveles de sus audiencias. Paralelamente, medios que resguardan su independencia editorial recibieron porcentajes ínfimos de pauta. Diarios de una misma zona geográfica, con una circulación diez veces más alta que un competidor, recibieron la vigésima parte que este último. Para estimar el costo total que implica nutrir el aparato propagandístico oficial hay que sumar al monto consignado, los gastos publicitarios de órganos estatales  descentralizados, el mantenimiento de medios públicos, la generación de contenidos con fines proselitistas y el costo de programas como Fútbol para Todos. De acuerdo al presupuesto oficial, la suma de estos rubros es superior a los 600 millones de dólares para 2014. La discriminación publicitaria desconoce las diversas sentencias de la Corte Suprema. En febrero pasado, a través de un nuevo fallo, la Corte ratificó la condena del uso de los recursos públicos para intentar disciplinar a un medio. Con una paradójica interpretación de los principios republicanos, el Jefe de Gabinete afirmó que ese fallo implicaba una violación a la división de poderes. Los medios no alineados con el oficialismo sufrieron la exclusión de las partidas publicitarias estatales junto a un boicot de anunciantes privados promovidos por el Gobierno. 2013 fue el año en que la prensa independiente sufrió el golpe económico más duro desde el regreso de la democracia en 1983, a raíz de la retracción publicitaria de sus principales anunciantes. También fue un año fértil para los embates contra periodistas y otras restricciones a la libertad de expresión. La Fundación Libertad + Democracia registró 455 casos de ataques durante el año pasado. La detención durante nueve días del editor de Ultima Hora Diario, en la provincia de Santiago del Estero, acusado del delito de sedición; las amenazas de muerte y los golpes recibidos por el fotógrafo Brian Palacio por parte de efectivos de Gendarmería; el ataque de allegados al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos contra integrantes de un equipo periodístico del canal TN en Río de Janeiro, son  algunos de los abusos sufridos por periodistas en el último semestre. También sufrieron amenazas periodistas del diario El Sol de Mendoza y el ataque con una bomba molotov al domicilio del director del periódico Síntesis de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Ambos hechos están vinculados a la expansión del narcotráfico. El clima para el ejercicio del periodismo sigue siendo adverso. A raíz de las exposiciones ofrecidas por los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá en noviembre pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este organismo manifestó su preocupación por la situación de la libertad de expresión en la Argentina. Entre otros avasallamientos, los periodistas denunciaron la persecución que sufrían sus colegas por ejercer su oficio de manera crítica. Horas después de efectuar las denuncias, inspectores del órgano encargado de recaudación impositiva se presentaron sugestivamente en el domicilio de Ruiz Guiñazú, en lo que constituye una práctica intimidatoria habitual de los organismos de control del Estado contra quienes expresan puntos de vista críticos. El 29 de octubre de 2013, un fallo de la Corte Suprema determinó la constitucionalidad de la denominada Ley de medios. Seis de los siete integrantes del máximo tribunal coincidieron en que no afectan la libertad de expresión el artículo 41, que exige autorización estatal para la transferencia de licencias y establece limitaciones a su enajenación, y el artículo 45, que fija límites de licencias para un mismo propietario. Con respecto a los otros dos artículos cuestionados, tres de los siete jueces votaron en disidencia. Se trata de los artículos 161 y 48, que regulan los procesos de integración entre medios y la forma y plazos de desinversión para adecuarse a los topes de la ley. La sentencia de la Corte incluye una serie de advertencias. "Todo lo que se ha dicho acerca de la ley y su propósito de lograr pluralidad y diversidad en los medios masivos de comunicación perdería sentido sin la existencia de políticas públicas transparentes en materia de publicidad oficial. La función de garante de la libertad de expresión que le corresponde al Estado queda desvirtuada si por la vía de subsidios, del reparto de la pauta oficial o cualquier otro beneficio, los medios de comunicación se convierten en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas. Lo mismo ocurre si los medios públicos, en lugar de dar voz y satisfacer las necesidades de información de todos los sectores de la sociedad, se convierten en espacios al servicio de los intereses gubernamentales". Los jueces sostienen, además, que los fines de la ley quedan desvirtuados si el órgano de aplicación no es independiente, no se ajusta a los principios de la Constitución o a los de los tratados internacionales con rango constitucional, o si tiene un trato discriminatorio o no garantiza el derecho de los ciudadanos al acceso de información plural. Las exigencias de la Corte para evitar desvirtuar los objetivos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fueron sistemáticamente incumplidas antes y después del fallo. El Gobierno ha montado un gigantesco aparato mediático paraestatal, a través de medios públicos o empresas periodísticas privadas alimentadas por la pauta oficial o beneficiadas con otras concesiones, dedicado a deslegitimar al periodismo crítico. La AFSCA, el órgano de aplicación de la ley, ha utilizado la norma de manera selectiva contra un grupo mediático en particular. La última muestra de la falta de independencia que demanda la Corte al órgano, quedó evidenciada por declaraciones del ministro de Economía de la Nación, que participó a mediados de marzo en una asamblea del Grupo Clarín y afirmó que había coordinado su posición con el titular de la AFSCA. La información plural que pide la Corte sigue estando amenazada en el país. El Gobierno no ha dejado de hostilizar, con particular intensidad desde hace seis años, a las voces críticas. Los recursos públicos se emplean para disciplinar y seducir medios, multiplicando las empresas periodísticas que avalan el discurso oficial. Una ley de acceso a la información pública sigue siendo una aspiración plasmada en proyectos ignorados por el oficialismo.

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