Bolivia

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Las libertades de información, de expresión y de opinión están condicionadas y cuestionadas por acoso del poder. La pretensión oficialista de implantar un nuevo paradigma de la información, se refleja en la imposibilidad de conocer hechos de interés público. El caso emblemático es la falta de información sobre el paradero de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, fundador del Partido Socialista en Bolivia, asesinado hace 34 años durante el golpe militar que llevó a la presidencia al general Luis García Meza. Junto a Quiroga Santa Cruz fueron asesinados el diputado Carlos Flores Bedregal y el dirigente minero Gualberto Vega Yapura. Aunque el gobierno actual pregona afinidad ideológica con esas víctimas, hasta ahora ha sido imposible conocer dónde fueron enterrados sus restos. Existen decenas de casos en los que el acceso a la información oficial es imposible. Por ejemplo, el caso sin esclarecer de presunto terrorismo que sirvió para la explicación oficial de la muerte de tres personas, dos de ellas extranjeras, acribilladas a tiros en un hotel del centro de Santa Cruz en abril del 2009. O la violencia policial contra una marcha indígena que avanzaba sobre La Paz para expresar su rechazo a un proyecto vial del Gobierno. El gobierno estudia un proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Sin embargo el Poder Legislativo fija 13 excepciones concretas, que van más allá de las lógicas que tienen que ver con la seguridad nacional.  Más grave aún, habilita a los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, a las Fuerzas Armadas y a la Policía a crear nuevas excepciones, según su propio criterio. El período previo a las elecciones generales de octubre presenta un panorama poco alentador por la censura que aplicará el Tribunal Supremo Electoral a los medios que deseen publicar resultados de encuestas, preferencias electorales y otra información dirigida a formar opinión entre los lectores. Por primera vez, el Poder Electoral podrá obligar a toda empresa que realice encuestas a registrarse e informar sobre su actividad de consulta y encuestas entre los electores. El resultado del mecanismo de censura es previsible. La independencia de las firmas encuestadoras estará condicionada al criterio de funcionarios de una institución que, según los partidos de oposición, responde al mandato del presidente Evo Morales que volverá a postularse para un nuevo periodo de cinco años. Durante las elecciones judiciales, registradas en octubre de 2011, la misma institución impuso prohibiciones a los medios de comunicación para que entrevisten a los candidatos a máximas autoridades de la justicia. Así se minó la credibilidad de la justicia. La población rechazó a candidatos desconocidos y los votos blancos y nulos, representaron el 60 por ciento de los sufragios, además del alto nivel de abstención. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresó el temor frente a la censura y alerta sobre las consecuencias en una democracia dominada por el partido oficialista.El debilitamiento de los medios se ha convertido en objetivo de los gobernantes. Los métodos se repiten: Silenciamiento a través de una reducción de los ingresos de los periódicos; uso de la torta publicitaria estatal como mecanismo de presión y la supresión de papel. El Gobierno presiona a los medios impresos independientes obligándolos a publicar campañas y mensajes gratuitos. Bajo el argumento de difusión de medidas de protección a mujeres, niños y por la seguridad ciudadana, el gobierno creó, por ley, la obligación para los medios de destinar amplios espacios con mensajes oficiales. Existen cinco normas que imponen la publicación de avisos contraviniendo los principios constitucionales que protegen la libertad de empresa. El pasado año, los periódicos El Diario y La Prensa sufrieron el embargo de los edificios en que funcionan. Los empresarios de ambos medios realizaron las gestiones correspondientes para cumplir con las obligaciones tributarias, pero sorprende la acción del gobierno para imponer acciones de embargo sin negociación previa o a pesar de compromisos de pago en vigencia. El gobierno ha creado, además, nuevas e irregulares cargas impositivas sobre los medios de comunicación. Entre ellas, la de entregar el uno por ciento de sus ingresos brutos para financiar un seguro de vida para los trabajadores de la prensa a ser administrado por una comisión integrada en mayoría por representantes del Estado. A esos hechos se suma la compra de varios medios independientes por terceras personas, generalmente desconocidas, para ponerlos al servicio de los intereses políticos del gobierno. Se han dado ya casos concretos de periodistas obligados a renunciar o despedidos de sus fuentes de trabajo como represalia por el contenido de sus notas informativas o por emitir criterios que el Gobierno considera negativos para su gestión.      

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