Caribe

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Barbados El presente informe se prepara sin los criterios de la Asociación de Periodistas de Barbados, que ha estado inactiva durante el período. El año se caracterizó por la continuación de los retos a los que se han enfrentado los medios de comunicación durante las últimas dos décadas: el intento manifiesto o encubierto por parte del gobierno o partido gobernante de intimidar y manipular a los periodistas y el fracaso de los periodistas en unirse y mantener una organización representativa. Hay una creciente evidencia de que algunos de los miembros más poderosos de la comunidad de negocios se inclinan cada vez más a utilizar el arma de la publicidad para influir en las decisiones editoriales. Y esto resulta más frecuente entre aquellos que están alineados o asociados con el partido de gobierno. La amenaza más desconcertante para la libertad de prensa fue el arresto y la presentación de cargos contra el Editor, el Editor en Jefe y el Editor de Noticias del diario The Nation por la publicación de una fotografía y un reportaje acerca de escolares que supuestamente tuvieron relaciones sexuales en un aula, tema que había recogido un video que circuló ampliamente en los medios sociales. La publicación tuvo lugar el 26 de octubre del 2013 y los cargos por publicar una fotografía obscena bajo la Ley de Protección de la Infancia se impusieron el 14 de noviembre. Inmediatamente la policía también notificó su intención de interrogar oficialmente al Editor, al Editor en funciones y al reportero sobre un reportaje anterior que informó acerca de la salida del Parlamento de la oposición, y una conferencia de prensa momentos después en la que la líder de la oposición objetó algunas decisiones de la presidenta de la Asamblea. La policía planea entrevistarlos el 28 de marzo sobre la historia de julio del 2013 y otra vez la policía ha advertido de que los cargos criminales podrían surgir de esta “prueba”. Tanto el público como los profesionales del periodismo están alarmados por la evidente falta de equilibrio en la transmisión de noticias de la estación de televisión controlada por el Gobierno, cuya dieta de “noticias” nocturnas consta de informes sobre discursos y actividades de los miembros del Consejo de Ministros o el partido gobernante. Sigue existiendo el contacto cordial y respetuoso entre periodistas y líderes políticos, empresariales y sociales. No existen casos conocidos de violencia física contra periodistas organizados o auspiciados por el estado. Una de las áreas de mejoría de las relaciones entre “la burocracia” y la prensa es la vinculada con la aplicación de la ley. La Real Policía de Barbados tiene excelentes relaciones con la prensa. Grenada La libertad de prensa ha sido objeto de un apasionado debate en los últimos años, pero especialmente, en los últimos meses. Las pasiones se encendieron cuando el gobierno se encontró con una fuerte oposición a tres secciones polémicas que fueron incluidas en una ley sobre difamación a través de internet que fue aprobada el año pasado. La sección 6 de la Ley establece hasta un año de prisión por el envío por vía electrónica de cualquier información que sea “manifiestamente ofensiva” o a sabiendas de es falsa pero reproducida con el fin de causar la “molestia”, “insulto” o “mala voluntad”. La sección 16 castiga el “acoso electrónico” —definido como “intimidar, coaccionar o molestar a otra persona mediante el uso de un sistema electrónico”— con hasta tres años de prisión. La sección 25 permite a la policía hacer arrestos sin orden judicial de cualquier persona “razonablemente sospechosa de haber cometido un delito” bajo la ley. Los expertos legales y los defensores de la libertad de expresión critican que el proyecto de ley presente una terminología “vaga”, posea un enfoque demasiado amplio y no incluya la verdad como defensa. Los expertos también expresaron su preocupación de que la aplicación del proyecto de ley a los comentarios aparecidos en secciones en los medios en línea podría utilizarse para silenciar el legítimo debate público. En respuesta a la creciente inquietud pública sobre el proyecto de ley, el Primer Ministro Dr. Keith Mitchell se comprometió a “hacer los cambios necesarios”. Pero se aprobó una versión inalterada y el proyecto en cuestión es ahora ley a pesar de la promesa del gobierno y ha sido publicada en la Gaceta del Gobierno de Granada. El 7 de marzo, el sitio web oficial del Servicio de Información del Gobierno de Granada informó de que la Cámara de Representantes votó a favor de enmendar la Ley de Delitos Electrónicos del 2013, mediante la supresión de las tres secciones que la Asociación de Trabajadores de Medios de Granada, la Unión de Radiodifusión del Caribe, el IPI y otros grupos habían criticado por sus efectos potencialmente nocivos sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión. La protesta pública se produjo justo un año después de que el gobierno anterior había derogado las leyes de difamación penal y algunos consideraban que el nuevo gobierno de Keith Mitchell estaba usando la Ley de Delitos Electrónicos como una manera de restablecer la antigua legislación contenciosa. La reforma de julio del 2012 al Código Penal del país incluyó la derogación de la Sección 252, que regulaba la calumnia “negligente” e “intencional”. La disposición había previsto penas de prisión de hasta seis meses y dos años, respectivamente. La sección 253, que establece las circunstancias en que podría cometerse el delito de difamación, también fue derogada. Los cambios se produjeron en el marco de la Ley del Código Penal (enmienda) del 2012. La decisión se produjo en medio de la presión ejercida por el IPI y la Asociación de Medios del Caribe (ACM), un socio estratégico IPI. El IPI y la ACM lanzaron una campaña para abolir las leyes de difamación penal en todo el Caribe, e instaron al Primer Ministro de Granada, Tillman Thomas, a eliminar los delitos de difamación del Código Penal. El Fiscal General de Granada Rohan A. Phillip ha sido citado por decir lo siguiente: “Este gobierno, incluso en la oposición, sentía, al igual que una gran parte del mundo siente, que tener el delito de calumnia en los libros es un obstáculo formal a la libertad de expresión y de prensa. Éramos de la opinión de que las responsabilidades civiles y las formas de reparación son adecuadas”. Jamaica No ha habido grandes amenazas o impedimentos por parte del Gobierno para que los periodistas realicen su trabajo de forma independiente. El gobierno dijo que sigue estando comprometido en hacer cambios a la Ley de Libertad de Información a fin de facilitar el acceso a los documentos del estado y otra información. Se espera que presente las enmiendas ante el Parlamento durante el próximo año fiscal que comienza en abril del 2014. El Parlamento ha aprobado la revisada Ley de Difamación 2013 que ha sustituido las leyes de calumnias e injurias que datan de 1851. El proyecto de ley largamente esperado incluye elementos críticos tales como la abolición de la difamación criminal, la reducción del plazo de prescripción de las acciones de difamación de seis a dos años, la supresión de la distinción entre difamación y calumnia para establecer una única causa de acción que será conocida como difamación, y ha sustituido la defensa de la justificación con la defensa de la verdad. Continúan los debates sobre las enmiendas propuestas por el regulador de emisiones, que se considera enemigo de la sostenibilidad financiera de las estaciones de televisión y radio. La Asociación de Medios de Jamaica se opone firmemente a las propuestas. Los miembros de los medios de comunicación siguen expresando serias preocupaciones acerca del acceso limitado al Primer Ministro. Señalan que el primer ministro no da conferencias de prensa regulares y concede muy pocas entrevistas. La Asociación de Prensa de Jamaica (PAJ) intervino en el asunto y después de discusiones con la Oficina del Primer Ministro propuso protocolos que regulan el acceso al Primer Ministro. Tales reglas fueron rechazadas por la PAJ la cual estimó que no veía la necesidad de llegar a un acuerdo formal para asegurar entrevistas y opiniones de funcionarios estatales, y dijo que seguirá comprometida a buscar la verdad y a controlar a los funcionarios públicos. Trinidad y Tobago Durante este período las entidades de medios de comunicación se han beneficiado de fugas de información y denuncias, que han hecho posible la cobertura impactante de hechos ilícitos. El crimen ha proporcionado otra fuente importante de noticias llamativas. Un área de esta cobertura es la respuesta de las autoridades responsables, incluso en el plano político. Aquí aparecen cuestionamientos sobre la adecuación de recursos humanos, operativos, organizativos y de recolección de inteligencia dedicados al combate de la delincuencia. La investigación y presentación de estos escándalos delictivos y políticos han tenido el efecto de endurecer las actitudes de las autoridades hacia los medios. Así, personalidades del gobierno han hecho acusaciones retóricas acerca de sesgos y afiliación política a la oposición. Tampoco han dudado, en ocasiones, de emitir advertencias o amenazas de litigio civil por difamación mediante cartas protocolares. La agresividad real o virtual contra los medios no ha logrado hasta el momento intimidar o inducir a la autocensura. Sin embargo, todos los medios de comunicación han permanecido vigilantes sobre el desarrollo de los acontecimientos, listos para defender los valores y las prácticas de la prensa libre. La importancia cada vez más creciente de los medios sociales ha complicado las operaciones y retos de los principales medios de comunicación. Todos los medios que también publican en línea están cada vez más obligados a vigilar y regular las colaboraciones de lectores, siempre anónimos, que pueden contener desinformación, inexactitudes, tergiversaciones, cuando no son deliberadamente abusivas y maliciosas. Otros temas de interés: Tras una serie de informes sobre operaciones de una empresa estatal, autores no identificados acusaron al periodista de difamación. En una campaña de represalias en contra de la cobertura que había dado lugar a la eliminación del directorio y altos ejecutivos de la empresa estatal, carteles anónimos divulgaron detalles privados de la vida del reportero. Los ataques difamatorios en línea también apuntaron al editor en jefe del periódico en cuestión, pero no se presentó ningún recurso ya que los creadores de los mensajes escondían sus identidades. En lo que fue interpretado como una sanción punitiva de efecto escalofriante, funcionarios de la residencia del jefe de Estado negaron la entrada a un reportero que pretendía cubrir un acontecimiento nacional. En una visita anterior, el reportero había aprovechado la ocasión para cuestionar al jefe de Estado sobre nombramientos. No quedó claro si la prohibición tenía el visto bueno del presidente. Utilizando recursos financieros para fines altamente sospechosos, el servicio de información del estado contrató a dos de las personalidades más conocidas de la emisora líder de la televisión. Su salida, resultado de una oferta de altos salarios, debilitó el impacto de la estación. Dicho reclutamiento, calculado para privar a la estación de sus activos clave, pudo haber sido diseñado para castigar a la estación por difundir historias adversas o políticamente controvertidas. Casi en el momento de redactar este informe, los ataques inesperados e infundados por parte del líder de la oposición en dos periódicos contra un columnista han dado lugar a la preocupación compartida por la gente de los medios. Un editorial del periódico: “Hechos antes de atacar a los medios”, refleja la inquietud acerca de la actitud mostrada por el líder de la oposición de acusar falsamente al columnista de ser un político disfrazado, que se había postulado y había sido derrotado. Los medios prosiguen vigilando los acontecimientos relacionados con las enmiendas propuestas a los poderes de la Autoridad de Telecomunicaciones, un organismo regulador integrado por nombramientos políticos.

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