Colombia

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El clima de violencia contra la prensa continúa. Según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en los primeros dos meses del 2014 se registraron 22 violaciones contra la prensa que dejaron 32 periodistas víctimas. Preocupa que en varios casos, los responsables de esos ataques sean agentes del Estado, convertidos en obstructores de la información y para el ejercicio del oficio, especialmente durante protestas sociales. Se observa que el nivel de amenazas contra los periodistas no disminuye. Noventa reporteros corren riesgos extraordinarios, según la Unidad de Protección del Estado, que les ha asignado esquemas de protección. En cuanto a la justicia por crímenes contra periodistas, la impunidad sigue siendo la regla. Lo demuestra el caso del subdirector y columnista de La Patria, Orlando Sierra, y otros cinco casos, que prescribieron en los últimos meses; y 142 crímenes contra periodistas continúan impunes. La violencia contra periodistas no cesa y en los departamentos del Valle y Cauca al suroccidente del país. En la ciudad de Buenaventura, el 19 de febrero fue asesinado por sicarios el camarógrafo Yonni Steven Caicedo. El joven de 21 años, había trabajado como camarógrafo para programas locales de televisión, hasta que tuvo que salir de la ciudad por recomendación de la Policía Nacional, tras ser amenazado y retenido mientras cubría un asesinato siete meses atrás en la comuna 12 de Buenaventura. Luego de este período fuera, Caicedo regresó a comienzos de año a la ciudad. No se ha determinado si su asesinato se debió a actividades profesionales. Un avance importante fue la sanción en marzo de la ley 1712 de 2014 por parte del presidente Juan Manuel Santos, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. Esta ley se originó en un proyecto de varias organizaciones, basado en las recomendaciones y estándares aceptados de la Corte Constitucional colombiana. La ley obliga a las entidades públicas, funcionarios y prestadores de servicios públicos, entregar de manera clara, oportuna y ágil, información sobre la organización administrativa y financiera, los servicios que prestan y contratos que celebran. Precisa qué documentos e informaciones están sometidas a reserva en temas de relaciones internacionales, seguridad y defensa nacional. Establece qué pueden hacer los ciudadanos cuando se les niegue información y obliga a los funcionarios explicar por qué niegan información. En la Corte Constitucional se analiza el proyecto de Ley No. 31 de 2012 Senado, 227 de 2012 Cámara, sobre Derecho de Petición, el cual contiene algunas normas que implican un retroceso frente a las contenidas en la aprobada Ley de Acceso a la Información Pública. También fue positiva la creación de la Unidad Nacional de Análisis y Contexto, por parte de Fiscalía General de la Nación, que permitirá el seguimiento a los crímenes contra periodistas. Tendrá como objetivo unir investigaciones dispersas en distintos despachos judiciales y reconstruir hechos en el marco de la memoria. Aunque esta unidad, operativa desde octubre de 2013, no tiene resultados puntuales. Se espera que se le designen los recursos humanos y económicos necesarios. Otros hechos de relevancia en este período. La absolución en primera instancia de Ferney Tapasco, presunto autor intelectual del crimen de Orlando Sierra en Manizales, después de un largo proceso de 11 años, generó protestas entre las agremiaciones defensoras de la libertad de expresión, como Andiarios, la Flip, y los diferentes medios de comunicación del país. El 24 de diciembre de 2013 un juez de Pereira (Risaralda), notificó la absolución en primera instancia a Ferney Tapasco, Henry Calle y los hermanos Fabio y Jorge López Escobar, quienes se encontraban sindicados de la presunta autoría intelectual del asesinato de Orlando Sierra, Subdirector del periódico La Patria de Manizales, ocurrido el 30 de enero de 2002. El autor material del crimen, Luis Fernando Soto, capturado luego del atentado, fue condenado a 19 años de prisión, aunque cumplió cinco y fue puesto en libertad, siendo abatido meses después en un enfrentamiento con la policía en Cali. Nueve testigos fueron asesinados en diversos escenarios. La lentitud de los organismos judiciales para adelantar este proceso hizo que se perdieran pruebas importantes como la que se había logrado vincular al presunto autor intelectual. Buenaventura, el puerto colombiano ubicado en el Pacífico, en el departamento del Valle del Cauca, enfrenta desde hace tiempo una grave situación de inseguridad por la guerra entre bandas herederas del paramilitarismo conocidas como Urabeños y Rastrojos, que luchan por el control del narcotráfico. En 2013 los Urabeños ingresaron a esta ciudad generando enfrentamientos con una facción local de la banda Los Rastrojos conocida como La Empresa, quienes controlaban el territorio. Este grupo, los Urabeños, ha sido responsable de las amenazas contra dos periodistas de esa ciudad. El 8 de febrero, mientras periodistas realizaban un reportaje, fueron abordados por un hombre que se identificó como miembro de esa banda criminal, quien les pidió borrar el material periodístico que tenían en su cámara. Los comunicadores se resistieron y salieron de la zona con la intención de publicar la noticia. Sin embargo, y a pesar de que las autoridades locales estaban advertidas, los periodistas no recibieron protección, por lo que no se publicó la nota. El 21 de febrero, también en el Valle del Cauca, en el municipio de Tuluá, cinco periodistas que realizan el programa “Cuentos verdes” del canal Telepacífico, fueron interceptados por dos encapuchados que se identificaron como miembros de las FARC. Les amenazaron con armas de fuego y luego quemaron sus equipos y los automóviles en los que se movilizaban, rociándolos antes con gasolina. El 11 de febrero, en el departamento del Cauca, un redactor y propietario del medio Proclama del Cauca (que por su línea crítica sobre diversos temas ha sido blanco de amenazas), fue atacado con armas de fuego pero salió ileso escapándose mientras se desplazaba en la ruta entre Cali y el municipio de Santander de Quilichao. La Policía le explicó que en esa zona eran habituales los robos de motocicletas y que no tenía personal para iniciar una búsqueda. También en la región Caribe del país, la acción de bandas criminales – mutación de grupos paramilitares – ha puesto en riesgo el cubrimiento judicial por parte de los medios. Estas bandas armadas, con presencia en ciudades como Santa Marta, Riohacha, Barranquilla y Valledupar, han amenazado a periodistas y directivos de periódicos, quienes denunciaron los hechos ante la Fiscalía General de la Nación. También los medios y asociaciones periodísticas han reclamado acciones disciplinarias contra algunos funcionarios y auxiliares judiciales de la Guajira y el Magdalena que impiden el cubrimiento de hechos de corrupción. En este período se supo sobre las interceptaciones ilegales a varios periodistas colombianos y extranjeros, encargados de cubrir el proceso de paz. Según cifras de la Flip, se conoce que habría más de 2.600 comunicaciones entre los portavoces de las FARC en La Habana y decenas de periodistas que fueron infiltradas. Este hecho supone un riesgo adicional para los profesionales que cubren el proceso de paz, al minimizar  las garantías con las que cuentan para ejercer su labor. El 30 de enero, un grupo de hombres armados exigió a los empleados de El Tiempo encargados de su distribución en Puerto López , que les vendieran toda la edición antes de que empezara a circular, llevándose toda la edición, incluso los de la suscripción. Esto sucedió después de que el diario publicara en primera página que un juez otorgó el beneficio de casa por cárcel a Hernán Darío Giraldo, alias Cesarín, condenado a 22 años por homicidio y concierto para delinquir. La misma situación se repitió durante los próximos dos días. Hombres armados en motos y  camionetas se encargaron de comprar y de interferir la circulación del periódico Llano 7 Días, también de propiedad de El Tiempo. El 20 de enero se aprobó la ley 1709 de 2014 por la cual se expide el nuevo Código penitenciario, de la cual se retiró, en el último debate en el Congreso, una norma muy criticada por medios y periodistas en virtud de la cual se prohibía entrevistar a personas detenidas que aún no hubieren sido condenadas. En el anteproyecto del Código de Policía, que será presentado en la próxima legislatura por el Gobierno Nacional, se incluyen algunas normas que vulneran la libertad de información. En el artículo 53 se prohíbe: utilizar dispositivos con Cámara o video de cualquier tipo en lugares donde se pueda atentar contra el derecho a la privacidad de las personas. Tomar fotografías o video de personas o de sus bienes en actividades de carácter privado, personal o familiar, y divulgarlas por cualquier medio con o sin fin de lucro, sin consentimiento expreso, salvo justificación legal. Hacer públicas las imágenes privadas de una persona sin su consentimiento, salvo justificación legal. A su vez, el artículo 60 establece comportamientos que afectan la integridad de los niños, niñas y adolescentes, tales como permitirles o inducirles a utilizar las telecomunicaciones, publicaciones y documentos para acceder a material pornográfico o con contenido de clasificación para mayores de 18 años, entre otros temas. Continúa el uso y abuso del Derecho Penal como instrumento de presión contra periodistas. Aunque no existe información consolidada sobre demandas por injuria y calumnia, ni tampoco un organismo que consolide esa información, se estima que hubo unas 20 demandas en el último año. Muchas de ellas interpuestas por funcionarios o figuras públicas que se sienten afectados con informaciones. La mayoría de estas acciones no prosperan, pero los procesos generan autocensura, además de tiempo y dinero que se invierte para la defensa. El 2 de diciembre de 2013, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali ordenó a la Casa Editorial El Tiempo S.A., borrar y eliminar “de su página web toda información negativa sobre Leydi Hernández Caballero (quien actuó como demandante), en relación a la investigación penal sobre el delito de trata de personas y concierto para delinquir. Esta sentencia desconoció la decisión adoptada por la Corte Constitucional que, al resolver un caso similar (Sentencia T- 401 de 2013), consideró improcedente ordenar al periódico El Tiempo la eliminación de contenidos de su página web. En materia de solidaridad con la prensa de Venezuela, más de 20 periódicos latinoamericanos afiliados a Andiarios y al Grupo de Diarios de América (GDA) y a Periódicos Asociados Latinoamericanos (PAL) vienen publicando desde el 6 de marzo, una página especial llamada “Todos somos Venezuela, Sin Libertad de Prensa no hay Democracia”, en la que se divulgan informaciones especiales remitidas por los mismos diarios venezolanos. En esa estrategia se planteó el envío de 52 toneladas de papel por parte de los periódicos afiliados a Andiarios, a algunos diarios venezolanos como El Nacional, El Impulso y El Nuevo País, entre otros. \ A principios de abril, la subdirectora del diario Vanguardia Liberal y coordinadora de su Unidad Investigativa, Diana Giraldo, recibió amenazas de muerte por teléfono en forma anónima. El acto de intimidación se suma a una campaña de desprestigio a través de las redes sociales en contra del diario y de su equipo periodístico. Giraldo denunció que estos hechos pueden estar vinculados a una columna publicada bajo el título “Alcalde Pastorcito”, en la cual se denunciaba que desde la alcaldía de la ciudad se generaba una cuenta en Facebook con instrucciones precisas para atacar a columnistas, posiciones editoriales e información crítica contra el alcalde.          

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