Costa Rica

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La violación más relevante a la libertad de prensa durante el período sucedió cuando Diario Extra denunció que la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (FECO) ordenó el rastreo de las llamadas entrantes y de las llamadas salientes del periodista Manuel Rodríguez Estrada, conocido como Manuel Estrada, así como de las llamadas de otros números de teléfono de periodistas y personal de ese periódico. La Policía Judicial y la FECO ordenaron el espionaje para detectar la identidad de los funcionarios públicos que le estaban suministrando información al periodista quien, con base en esos datos, habría difundido una serie de hechos de alto interés público.  Haciendo uso de los resultados del rastreo los criminólogos y analistas de la Sección de Estupefacientes de la Policía Judicial lograron identificar a unos 20 funcionarios judiciales con quienes el comunicador tuvo contacto telefónico, y a quienes la Inteligencia Policial señaló como “fuente” de noticias elaboradas y difundidas por el comunicador. Por ese espionaje, fue detenida una agente judicial la que acusaron del delito de divulgación de secretos y de divulgación de información confidencial. La detención de la funcionaria produjo un efecto disuasivo entre muchos otros informantes quienes por temor a represalias se inhibieron de suministrar información de interés público. El 21 de enero, los directores de Grupo Extra, de La Prensa Libre y Canal 42; de Grupo Nación (La Nación, Al Día y La Teja), de Telenoticias Canal 7, del telenoticiero Repretel Canal 6 y el presidente del Colegio de Periodistas, presentaron ante el Tribunal Constitucional una demanda de amparo contra la Fiscalía y la Policía Judicial, por violación al derecho a la libertad de prensa, derecho a la información y el derecho a la reserva de la fuente consagrado en el octavo principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 21 de marzo los jueces del Tribunal Constitucional acogieron el reclamo y declararon que la Fiscalía y Policía Judicial violaron los derechos a la intimidad y secreto de las fuentes del periodista Rodríguez Estrada. La Corte ordenó: 1) Anular todos los rastreos de las llamadas telefónicas entrantes y salientes efectuados o vinculados con el periodista Manuel Rodríguez Estrada; 2) Prevenir a las autoridades recurridas, conforme lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, no volver a incurrir en los actos u omisiones que dieron mérito para acoger este recurso. Todo lo anterior, bajo apercibimiento de que podría incurrir en el delito tipificado en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, el cual dispone que se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de 20 a 60 días multa, a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. 3) Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria. La parte dispositiva del voto indica que “ponen notas separadas los magistrados Armijo, Rueda, Castillo y Hernández. El magistrado Jinesta Lobo declara parcialmente con lugar el recurso por razones diferentes que son, esencialmente, las siguientes: Los ‘rastreos telefónicos’ respecto de los periodistas o de quienes se dedican de manera habitual o regular a informar al público o a la opinión pública, violenta, siempre, el derecho fundamental al secreto de las fuentes de información reconocido por esta Sala Constitucional en el Voto No.7548-2008, asimismo estimo que los ‘rastreos telefónicos’, respecto de los periodistas o de quienes se dedican de modo habitual o regular a informar al público, resultan total, absoluta y radicalmente inconstitucionales, en cuanto revelan las fuentes de información del mismo, de modo que no pueden ser siquiera ordenados por un Juez. Respecto de la funcionaria judicial, que fue fuente de información del periodista los rastreos deben ser, también, anulados, por cuanto, tampoco admito, bajo ningún concepto, el ‘rastreos telefónicos’ respecto de las personas que son fuente de información de un periodista o de persona que se dedica de manera habitual o regular a informar al público.” La decisión de la Sala Constitucional fue bien recibida por los periodistas quienes antes del fallo y por distintos medios, habían externado su preocupación por la acción de la Fiscalía y de la Policía. La sentencia integral fue informada el 27 de marzo. El abogado director del proceso de demanda de amparo, Carlos Serrano, manifestó que: “Aunque la sentencia nos favorece en el caso concreto, la verdad es que en lo personal no me satisface. Y no me satisface porque nos deja a todos en un buen estado de incertidumbre porque no define cuáles son las limitaciones que tiene el derecho a la reserva de la fuente y, desde esa óptica, me parece que está atentando contra el principio de seguridad jurídica y contra el principio de reserva de Ley al que se refiere la jurisprudencia y la doctrina del sistema interamericano para la protección de los Derechos Humanos”. De acuerdo a Serano, “la sentencia, en vez de establecer que los límites al Derecho deben estar contenidos en una ley especial y en una ley que cumpla con las exigencias de la jurisprudencia de la Corte Interamericana (cumplir con fines del Art. 13,2 de la Convención y ser necesarios en una sociedad democrática), lo que dice es que la determinación de esas limitantes queda al arbitrio de los (as) señores (as) Magistrados de la Sala Constitucional”. El juez Castillo Víquez opinó que ese Derecho tiene límites y limitaciones pero esas restricciones deben estar sometidas a un test de razonabilidad. Señaló que “cuando el derecho al secreto de la fuente de información está asociado a la comisión de un ilícito penal, el derecho a la reserva de la fuente debe prevalecer si el delito ya se ejecutó o si bien, el informante hace de conocimiento público hechos que son ilícitos o hechos de corrupción. Esta ponencia, en mi opinión, se adecúa a la doctrina establecida en los Principios de Johannesburgo pero requiere de una Ley Formal para su consolidación”. Comentó que: “La jueza Hernández López, por su parte, dispuso que la afección al derecho a la protección de la fuente admite excepciones sólo en casos muy justificados sometidas al test de razonabilidad lo que es posible sólo con la orden de un juez.” Para el abogado Serrano la definición de cuáles son los límites a los que está sujeto el Derecho no puede depender de cada caso sino de reglas precisas y claras porque se viola la Libertad de Prensa. “Definirlo de manera casuística –como lo señala la Corte Constitucional costarricense– atenta contra el Principio de Legalidad y contra el Derecho a la Seguridad Jurídica porque los comunicadores, y los operadores del sistema tenemos derecho a saber, con antelación, cuáles son las reglas del juego”.    

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