El Salvador

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El reciente proceso de elecciones presidenciales fue precedido por una larga campaña de propaganda política que afectó a los medios de comunicación y la libertad de prensa. A finales de octubre de 2013, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ordenó retirar del aire tres spot de televisión, pretendiendo que los medios se responsabilizaran de los spot de tv o radio, o mensajes impresos o digitales que los partidos políticos u otros grupos políticos divulgaran como parte de su propaganda. El TSE quería decidir y calificar qué se debía o no publicar, es decir que los medios realizaran censura previa, algo contrario a la Constitución. Los medios se negaron en consideración que los partidos políticos son responsables de su propaganda. Igualmente el TSE, basado en el Código Electoral, inició una serie de demandas exigiendo a los medios información sobre el contratante de la propaganda con la advertencia que quien no cumpliera, pudiera ser castigado con cárcel. El TSE, en forma constante, envió escritos durante los últimos meses de actividad electoral, exigiendo a los medios facturas y contratos. Al culminar las elecciones, ha quedado como tarea la reflexión sobre los límites del TSE respecto a la libertad de contratación de los medios y así evitar mayores atropellos en futuras elecciones como las de marzo de 2015 para alcaldes y diputados. En febrero, se registró un conflicto entre la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y un ciudadano que hizo una petición de información a través de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) sobre despidos de gerentes de la Corte Suprema. El ciudadano pidió toda la información sobre los despidos y las razones que hubo detrás. También solicitó toda comunicación entre los magistrados que ordenaron los despidos y los gerentes despedidos, incluyendo correos electrónicos. La Corte Suprema se negó a entregar esa información por considerar que ese tipo de comunicación violenta la seguridad de la institución. El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) opinó que ninguna comunicación de los funcionarios públicos es privada. La demanda está en proceso y se llevará hasta la Sala Constitucional de la Corte Suprema. En febrero, los entonces candidatos a la Presidencia, Norman Quijano por ARENA, y Salvador Sánchez Cerén del FMLN, se comprometieron a respetar la libertad de expresión firmando la Declaración de Chapultepec. También en febrero pasado el presidente Mauricio Funes optó por la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta, vigente desde septiembre de 2013, pidiendo a los periódicos que le dieran espacio, en respuesta a una demanda que el asesor político JJ Rendón le interpuso en Miami. Cada medio resolvió ese espacio a su manera. No ha habido insistencia del Presidente. Al amparo de esa ley han llegado escasas peticiones a los medios, y hasta el momento no se registra demanda alguna en los tribunales. En el programa sabatino “Conversando con el Presidente”, el presidente Funes atacó y denigró a propietarios, directores, editores, periodistas y columnistas de El Diario de Hoy. El presidente, además de desacreditar a ese diario, suele negarle información o en las conferencias de prensa cuestiona todas las preguntas de los reporteros de ese medio. Dos miembros del Consejo Editorial de El Diario de Hoy, Miguel Lacayo y Salvador Samayoa, han sido señalados por el gobernante, que los ha implicado en supuestos hechos de corrupción.  Después de estas acusaciones se abrió un proceso formal contra Lacayo en un tribunal penal y estuvieron a punto de cerrarle su cadena de farmacias, además de imponerle una multa de varios miles de dólares. Todavía no se ha resuelto el caso de la revelación de los nombres y salarios de los 769 asesores del Congreso que un periodista planteó formalmente a las autoridades a través del IAIP. El presidente del Congreso, quien se niega a dar información, interpuso un recurso en la Sala de lo Contencioso Administrativo y el proceso permanece sin respuesta en esa instancia de la Corte Suprema. En febrero un juez de primera instancia exoneró a los dos sindicalistas de la Corte de Cuentas por considerar que había falta de pruebas y no se comprobaban los delitos referidos a las agresiones que le infligieron a la periodista Jessica Ávalos en 2011. La Fiscalía ha apelado esa decisión y el caso ha pasado a una Cámara Penal de segunda instancia, ya que se considera que sí se consumaron los delitos contra la periodista.  

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