Estados Unidos

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Después de la gran controversia respecto de las denuncias que siguieron al caso Edward Snowden y la campaña masiva de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), el presidente Barack Obama anunció a finales de marzo un nuevo proyecto de ley para restringir la recolección de datos telefónicos y preservar el derecho de los ciudadanos a la privacidad, aunque sin afectar la capacidad de la NSA para obtener información sobre terroristas. El Congreso tiene tres meses para definir las regulaciones de la propuesta. Su esencia es que las empresas de telefonía entreguen a la NSA cualquier conversación sospechosa de terrorismo, mediante una orden judicial que les permita grabar las conversaciones en curso desde una línea telefónica específica. A principios de febrero, el Departamento de Justicia (DOJ) finalizó la normativa sobre citaciones judiciales a los medios de comunicación. Esto ocurrió tras la revelación de que dicho departamento había obtenido secretamente registros telefónicos de la agencia Associated Press e intervenido la cuenta de correo electrónico de un reportero de Fox News. El Comité de Reporteros pro Libertad de Prensa encabezó una coalición de más de 50 organizaciones de medios que enviaron una propuesta a la Fiscalía General que sugiere modificaciones a los lineamientos del Departamento de Justicia sobre citaciones a medios. Las directrices fueron escritas por primera vez en 1970 y sólo se aplicaron a citaciones dirigidas directamente a los periodistas. Estas se modificaron en 1980 para incluir citaciones a terceras partes (tales como registros telefónicos de un periodista). Se lograron algunos avances importantes, aunque otros temas se quedaron pendientes. Mientras las recomendaciones de la Fiscalía General no proporcionan notificación al periodista u organización de medios sobre una citación de terceros en todos los casos, tal como la coalición lo solicitó, sí hacen más difícil para el Departamento rechazar el aviso y en ningún caso este puede dilatarse por más de 90 días. Las recomendaciones también aclaran que el DOJ no invocará la “excepción sospechosa” de la Ley de Protección de la Privacidad, la cual permite al gobierno obtener una orden de registro de material perteneciente a un periodista que es sospechoso de un delito, cuando el periodista toma parte en actividades regulares de recopilación de noticias y no es el objetivo de la investigación criminal. La pregunta sigue siendo, sin embargo, lo que se entiende por “actividades regulares de recopilación de noticias”, frase que aparece varias veces en la nueva normativa. El bloguero de Alabama Roger Shuler permanece en la cárcel cinco meses después de su arresto por negarse a retirar las entradas del blog sobre el hijo de un ex gobernador. Shuler escribió que Robert Riley Jr. tenía una relación con la cabildera Liberty Duke y luego le pagó en secreto un aborto. Riley y Duke juraron que nunca habían estado juntos a solas en la misma habitación y demandaron a Shuler por difamación. El juez accedió a su solicitud de una medida cautelar, la cual exige que Shuler elimine dichas entradas del blog y no publique “ninguna declaración difamatoria” sobre Riley y Duke. Shuler se negó a cumplir con la exigencia y fue arrestado por desacato al tribunal y luego encarcelado. Es poco común en Estados Unidos que un tribunal dicte medidas cautelares en un caso de difamación. El Comité de Reporteros pro Libertad de Prensa escribió una carta al juez expresando su preocupación en vista de que había tomado una determinación inmediata sobre la difamación sin un juicio o adjudicación sobre el asunto. El Comité de Reporteros argumentó que sin haber determinado adecuadamente si existió difamación, el tribunal estaba participando en la restricción previa ilegal al forzar el retiro del contenido del blog. El capítulo del estado de la Unión Americana de Libertades Civiles también presentó un escrito  amicus curiae en el caso. El juez expresó que Shuler permanecerá en la cárcel a menos que se comprometa a eliminar las entradas del blog. Shuler insiste en que el tribunal no tiene jurisdicción sobre él y no contratará abogados para apelar la decisión. El Comité para la Protección de los Periodistas presenta a Shuler como el único periodista actualmente encarcelado (por actos relacionados con su trabajo) en EEUU. El más alto tribunal de Nueva York dictaminó en diciembre que la periodista Jana Winter, de Fox News, no tenía que testificar en un juicio por asesinato en Colorado. El fallo fue significativo porque el tribunal sostuvo que Winter, periodista de Nueva York, podría estar protegida por la ley escudo de Nueva York, incluso en Colorado. Nueva York tiene una de las leyes escudo más fuerte de Estados Unidos. El estatuto de Colorado, ofrece menos protección, y bajo la ley de protección de ese estado, Winter probablemente se vería obligada a revelar su fuente confidencial o enfrentar cargos de desacato. La corte de Nueva York salvó a Winter de tener que revelar su fuente confidencial en el juicio de Colorado. En términos generales, este fallo debe proteger a todos los periodistas que viven en Nueva York a quienes se les pida testificar en otro estado, cuando la ley escudo de ese estado ofrezca significativamente menos protección que la ley de Nueva York. Semejante fallo podría repetirse potencialmente en otros estados, donde se le pida a un periodista declarar en otro estado que ofrezca menos protección que en su estado de origen. En enero el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito de D.C. asestó un duro golpe a los defensores de la “neutralidad de la red” o “red abierta”. Estos grupos están preocupados de que, en ausencia de regulación, los proveedores de Internet, como porteros que controlan la infraestructura de redes, puedan cobrar más a ciertos operadores web o excluir ciertos contenidos debido a cualesquiera razones. También podrían ralentizar el tráfico de contenidos desfavorecidos y acelerar el tráfico de contenidos favorecidos. Los opositores de la neutralidad de la red argumentan que la regulación gubernamental en esta afectaría la autonomía e impondría rigidez a la industria. El Tribunal de Circuito D.C. declaró que la Comisión Federal de Comunicaciones no podría seguir regulando los proveedores de Internet bajo el paradigma actual. Sin embargo, si la FCC fuera a reclasificar la Internet como un “portador común”, entonces podría tener el poder para regularla. La FCC respondió diciendo que emitiría nuevas reglas que, al igual que las viejas, tendrían como objetivo regular a los proveedores de Internet, pero sin decir que reclasificaría la Internet como portador común. El gobierno de EE.UU. anunció en marzo sus planes de renunciar al control sobre el organismo que gestiona los nombres de dominio y direcciones de Internet, conocido como la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN). Desde el nacimiento de Internet, Estados Unidos ha administrado la asignación de direcciones de Internet, incluyendo la determinación de cuáles direcciones se consideran com, org, gov, y así sucesivamente, y asegurar que el tráfico de Internet fluya sin problemas. En 1998, el gobierno de Estados Unidos comenzó a trabajar bajo contrato con ICANN, una organización internacional sin fines de lucro. Ese contrato vence en septiembre del 2015, y el gobierno estadounidense ha dicho que se retirará de la supervisión de ICANN en ese momento. Mientras algunos alaban los esfuerzos de Estados Unidos para eliminar cualquier sugerencia de dominación o control secreto acerca del contenido de Internet, otros temen que el cambio podría dar lugar a la censura o problemas con el funcionamiento básico de Internet. A finales de febrero el Noveno Circuito falló en el caso García vs. Google que, si una actriz tiene la propiedad de derechos de autor sobre su actuación en una película, el tribunal puede obligar a Google a retirar la película de YouTube. Afirmar que una actriz tiene la propiedad de los derechos de autor sobre su actuación resulta muy inusual. Quienes discrepan argumentaron: “al igual que cantar una canción no otorga derecho de autor, mientras que la grabación de toda la canción sí otorga derechos de autor, la actuación en una película no concede derechos de autor, mientras que la grabación de toda la película sí”. El caso se relaciona con la película anti-islámica Inocencia de los musulmanes, que provocó protestas en Egipto y amenazas de muerte contra el director y los actores. A Cindy Lee García, quien trabaja como actriz en la película, se le dijo que aparecería en una película de aventuras ambientada en la antigua Arabia llamada Desert Warrior. Más tarde ella descubrió que aparecía en Inocencia de los musulmanes, en YouTube, diciendo: “¿Es tu Mohammed un abusador de niños?”. García podría haber demandado al director de cine por incumplimiento de contrato, publicidad denigratoria, fraude, enriquecimiento injusto, y por ocasionarle estrés emocional, entre otras reivindicaciones. Con todos esos reclamos, García podría haber recibido dinero por daños. Pero con una reclamación de derecho de autor, García fue capaz de solicitar medidas urgentes, es decir, solicitar a la corte que obligue a un editor o a una plataforma como YouTube a eliminar contenido del dominio público si infringe sus derechos de autor. Este caso es preocupante, ya que amplía los límites para que un tribunal pueda obligar la retirada de contenidos de la web.    

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