México

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Pese a la llegada de un nuevo gobierno, el optimismo por una estrategia de seguridad diferente y la instalación de un Sistema para Protección de los Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, hubo retrocesos en materia de libertad de prensa debido al incremento de las agresiones contra periodistas y la crisis dentro del propio Sistema. En octubre el país recibió fuertes críticas durante el Examen Periódico Universal ante el Consejo de las Naciones Unidas reunidos en Ginebra, Suiza, por las agresiones a periodistas. De 89 países, al menos 30 manifestaron preocupación por los ataques a periodistas, la impunidad y las fallas en el Sistema de Protección. Estados Unidos, Inglaterra y Francia, pidieron fortalecer ese mecanismo y erradicar la impunidad. Ante ese foro, Lía Limón, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que se habían iniciado 458 averiguaciones previas por delitos contra la libertad de expresión, se determinaron 374 expedientes y otorgaron 172 medidas cautelares, pero sin revelar el número de casos resueltos o sentencias dictadas. También habló del Mecanismo, y de los 13 millones de pesos listos para aplicarse, incluso en el 2014. Al regresar al país, la delegación mexicana minimizó la llamada de atención de los 30 países, y evaluó el examen internacional como satisfactorio. El 24 de marzo, los consejeros civiles del Mecanismo se retiraron de la sesión de la Junta de Gobierno encabezada por la subsecretaria de Gobernación, Lía Limón, al considerar que no existían condiciones para su funcionamiento. Las fallas del organismo también habían sido señaladas en un diagnóstico de Organizaciones de la Sociedad Civil, criticándose la falta de personal idóneo y recursos económicos para su operación. Según difundieron, para febrero de este año, el Mecanismo había recibido 152 peticiones de ayuda de periodistas y defensores de derechos humanos. 22 de ellas no fueron aceptadas, 89 quedaron pendientes, y 41 fueron revisadas y discutidas. Más del 70% de las solicitudes no fueron atendidas. Los mismos consejeros que abandonaron la mesa del Mecanismo señalaron fallas estructurales por faltar un programa de trabajo a largo plazo. De acuerdo a Artículo 19, en  2013 se documentaron 330 casos de agresiones contra periodistas. Pero lo más lamentable es que, 6 de cada 10 agresiones fueron ejecutadas por funcionarios públicos. Además, 38 medios de comunicación recibieron ataques a sus instalaciones. Casos más representativos contra la libertad de prensa en este período: El 1 de diciembre, durante la cobertura de una manifestación contra las instalaciones de Televisa, un grupo de granaderos detuvo con violencia a Alejandra Natalia Rodríguez, del portal “Somos el Medio”. La reportera de La Jornada Tania Maldonado que grababa la detención fue golpeada con una macana y le fue arrebatado su celular. Ese día también fue agredido el foto reportero Víctor Hugo Torres, del portal Izquieda Mexicana. El 15 de diciembre, el periodista Hernán Villarreal Cruz, del Diario Presencia, en Las Choapas, Veracruz, fue privado de su libertad y torturado por una hora por un grupo de la delincuencia organizada. El 17 de diciembre, Ismael García Morales, quien labora en el periódico Noticias de Oaxaca, fue golpeado en el interior del recinto legislativo por seguidores de un diputado local del PRI. El 19 de diciembre, el fotógrafo del diario Reforma, Jorge Luis Plata, y los reporteros Luis Cruz, del diario El Imparcial de Oaxaca, así como Jorge Morales, corresponsal de Televisa fueron golpeados por agentes de la Policía Estatal de Oaxaca, durante un enfrentamiento entre estos y una manifestación pública. El 20 de diciembre, también en Veracruz, el reportero Miguel Ángel Roblero Monzón, del diario El Liberal, fue privado ilegalmente de su libertad por un grupo de policías navales que primero lo amenazaron e intimidaron por tomar fotos a los patios del ex Penal de Palma Sola, Coatzacoalcos y luego dañaron su equipo de trabajo. El 21 de diciembre, la casa de la periodista Anabel Hernández fue allanada por un comando armado. Al no encontrar a la autora del libro “Los Señores del Narco”, fueron detenidas dos personas, una de ellas el escolta que el Estado le había asignado. Posteriormente fue liberado. La periodista interpuso la denuncia ante el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Pero no ha  habido investigación hasta el momento. El 1 de enero, durante la toma de protesta del alcalde de San Miguel Soyaltepec, en Oaxaca, los reporteros del periódico El Tuxtepecano,  Antonio Mundaca, Eduardo Jiménez Sandoval, Víctor López y José de Jesús Alcantara, fueron golpeados con piedras y machetes por miembros del Partido Unidad Popular, quienes les impidieron realizar su cobertura. El Gobierno de Chihuahua todavía no honra  una deuda que reclama el presidente y director del diario El Pueblo de Chihuahua , Ildefonso Chávez , en concepto de publicidad oficial. Durante una misión de la Asociación Mexicana de Editores de Periódicos (AME) en enero se efectuó una reunión con el gobernador César Duarte y representantes de la entidad a los que les entregó la documentación sobre el adeudo. El Gobernador se comprometió a pagar la deuda con el medio.   Chávez inició el 2 de diciembre una huelga de hambre que concluyó 42 días más tarde en la plaza de armas frente a la Gobernación para reclamar el pago de una deuda y para protestar por ser discriminado con la cancelación de la publicidad oficial del gobierno estatal, hecho que atribuye a represalias por su posición editorial crítica. El director de El Pueblo también denunció ataques cibernéticos a la página de internet, una campaña de desprestigio en su contra y amenazas que derivaron en la salida temporal del país de sus familiares. El 23 de enero se llevó a cabo el primer homicidio contra un periodista en el 2014. Miguel Ángel Guzmán Garduño, columnista del diario Vértice, en el estado de Guerrero, fue asesinado a golpes en su domicilio de Chilpancingo. Aunque las autoridades declararon como posible móvil el robo, la CNDH que dirige Raúl Plasencia, no descartó que pueda estar relacionado con su labor periodística, por lo que se ordenó una investigación en ese sentido. A la muerte de Guzmán Garduño le siguió la de Gregorio Jiménez, reportero de los diarios Notisur y Liberal del Sur, en el municipio Las Choapas, en Veracruz, quien el 11 de febrero fue encontrado muerto en fosas clandestinas, luego de haber desaparecido desde el día cinco. Gregorio ya había sido amenazado por la dueña de un bar en octubre del 2013, por denunciar que en dicho establecimiento habían asesinado a dos migrantes secuestrados por grupos del crimen organizado. La investigación llevó a la detención de la dueña del bar y otras tres personas, autores materiales e intelectuales del asesinato. El 2 de marzo, tres periodistas del diario Noroeste en Culiacán y Guamúchil, en el estado de Sinaloa, fueron golpeados por policías durante la cobertura de las marchas a favor del ‘Chapo’ Guzmán. Héctor Parra Zurita, fue detenido cuando se acercó a tomar fotografías a los agentes ministeriales que lanzaban disparos al aire. Parra Zurita denunció que le fue robado su equipo y material fotográfico. El 16 de marzo se registró un allanamiento a la casa de Darío Ramírez, director de la asociación Artículo 19, confiscándosele documentos de trabajo, computadora y objetos de valor. El hecho sucedió unos días antes de presentar el informe de la asociación sobre la situación del periodismo en el país. El 3 de abril, el director general de Grupo Editorial Noroeste, Adrián López Ortiz, fue baleado en una avenida de la capital de Sinaloa. Luego de ser despojado de su automóvil, computadora, teléfono y cartera, y cuando ya los delincuentes empezaban a huir, regresaron para dispararle a las piernas, por lo que se estima pudo ser un acto intimidatorio. López Ortiz está fuera de peligro. Este ataque se suma a la serie de agresiones que han sufrido periodistas de Noroeste en los últimos años, y que se recrudecieron en los últimos meses.  

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