Panamá

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En este período se ha mantenido la hostilidad de algunas autoridades hacia el libre ejercicio del periodismo, que se manifiesta en tratamiento discriminado a los medios de comunicación y en las restricciones al acceso a la información. Desde la presidencia de la República hasta ministros y diputados, se refieren reiteradamente a diversos medios como “diario de la opo" o "medios de la opo". Esa estigmatización produce riesgos para el ejercicio profesional. Se observa con preocupación una serie de procesos presentados en la jurisdicción civil entablados por personas naturales o jurídicas allegadas al gobierno contra varios medios que buscan a través de condenas resarcir supuestos perjuicios. Las sumas reclamadas son desproporcionadas y conllevarían una limitación al ejercicio de la libertad de prensa. Varios medios de comunicación tienen dificultades para acceder a información de contenido público o para que servidores públicos contesten sus cuestionarios. El proceso electoral a nivel nacional ha generalizado la proliferación de campañas sucias, las cuales han sido denunciadas y condenadas por diversas instancias, incluidas la Iglesia y la Comisión Nacional de Justicia y Paz, que han promovido la firma de un Pacto Etico-Electoral.   Durante este proceso electoral se observó una parcialización inadecuada en la distribución y discrecionalidad de la pauta publicitaria gubernamental como los casos de los diarios La Prensa y Mi Diario que denunciaron el retiro de la pauta publicitaria oficial desde hace tres años. Esto preocupa en casos como la Caja de Seguro Social, que debe preservar independencia y autonomía. En lo que respecta a la actual campaña política, recientemente la del candidato de gobierno se quejó vía redes sociales de que sus spots de TV no estaban siendo pautados; aunque eran pagados por sus partidos. Los canales de TV señalaron que la cantidad de pauta contratada por el gobierno y los partidos políticos impide dedicar mayor espacio de publicidad en esos medios. El 28 de febrero de 2014, el ministro de Seguridad, José Raúl Maulino, dispuso a negar a los medios de comunicación acceso a la información que genere dicha dependencia, así se trate de adquisiciones o aspectos administrativos, bajo el argumento de que son temas de seguridad nacional. El 18 de marzo le fue solicitada su renuncia al juez Cuarto Penal de Circuito de Panamá, Alexis Ballesteros, por aceptar una apelación del diario La Prensa. Según Ballesteros, esto le fue solicitado por no “seguir instrucciones”y revocar el archivo del proceso seguido a cinco trabajadores de la empresa Transcaribe Trading, S, A, (TCT) por el bloqueo a Corporación La Prensa (Corprensa), ocurrido el 2 y 3 de agosto de 2012 y llevado a cabo contra sus instalaciones por parte de una empresa constructora, cuyo dueño es allegado al presidente de la república. El Fiscal Electoral, Eduardo Peñaloza, un funcionario ampliamente cuestionado por la falta de desempeño adecuado en el cumplimiento de sus funciones, ha presentado ante la Procuraduría de la Nación una solicitud para que se investigue la supuesta violación a su intimidad y la de sus dos hijos, mayores de edad, a través de publicaciones en los diarios La Prensa y Mi Diario, que replican los cuestionamientos a la Fiscalía Electoral por su ineficiencia en su labor constitucional y legal de velar por un proceso electoral legítimo. El 18 de marzo, el mismo fiscal, increpó a un reportero de La Prensa que, en compañía de un periodista, aguardaba su salida en la sede de la Fiscalía Electoral para obtener una declaración y una fotografía del funcionario. Cabe señalar que al igual que los más altos funcionarios de la administración, el Fiscal Electoral se ha negado siempre a dar declaraciones o responder preguntas de La Prensa y Mi Diario.

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