Paraguay

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En este período la libertad de prensa e información se ha desarrollado sin grandes contratiempos, salvo episodios aislados. En diciembre como hecho positivo, fue aprobado en la Cámara de Senadores un proyecto de ley de acceso a la información. Otro hecho relevante fue un pedido de la lista completa de funcionarios en la nómina salarial del Congreso que no fue satisfecho y mediante el apoyo de la ciudadanía derivó en una fuerte campaña de prensa en favor de la transparencia, a través de las redes sociales, y luego en una gran manifestación de repudio contra la manipulación del presupuesto público por parte de los parlamentarios. Se pudo descubrir que algunos funcionarios no solamente hacían pagar al erario el sueldo de sus operadores políticos sino también de sus peones de fincas y hasta de la niñera de sus hijos, con sueldos de primer mundo que, en vez de llegar a los destinatarios, engrosaban sus ya sobrecargados ingresos. ABC Color instaló en su edición digital un buscador con los nombres de los funcionarios de diversas entidades públicas, lo cual posibilitó que la ciudadanía pudiese denunciar nuevos y desconocidos casos de corrupción y nepotismo que llevaron a la justicia a tomar cartas en el asunto y al pedido de desafuero de varios legisladores. Por otra parte, un proyecto de ley que busca reglar el acceso a la información pública está a punto de ser sancionado por el Congreso. La propuesta legislativa fue presentada en diciembre del 2013 por un grupo de senadores, representantes de los partidos políticos mayoritarios como el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico. También sumó su apoyo el Partido Democrático Progresista de tendencia izquierdista. El proyecto de ley en su artículo 1 establece que habrá excepciones para acceder a la información pública, mientras en el artículo 22 crea la figura de “información reservada” señalando que se resguardará bajo dicha figura aquella información que así sea calificada o determinada en forma expresa por las leyes, o cuya difusión pueda comprometer la seguridad pública o la defensa nacional; menoscabar las relaciones internacionales o la conducción de las negociaciones efectuadas en tal sentido; y dañar la estabilidad financiera, económica del Estado. Abre la posibilidad de interponer un recurso jerárquico ante la Secretaría de la Función Pública, e independientemente acudir ante a un juez. El listado de excepciones está tomado de la ley uruguaya. Sin embargo, la mayoría de ellas ya están adecuadamente contempladas en la legislación nacional como se menciona en los artículos 84 a 86 y 91 de la Ley 861/96 “De bancos, financieras y otras entidades de crédito”; artículos 322 a 326 de la Ley 1268/98 “Código Procesal Penal”, artículos 12 y 13 de la Ley 1337/99 “De defensa nacional y seguridad interna”. También se establece la reserva en los artículos 23 y 71 de la Ley 1630 “De patentes e invenciones”; artículo 4 de la Ley 1682/01 con la reforma de la Ley 1969/02 “Que reglamenta la información de carácter privado” y los artículos 27 a 29 de la Ley 1680/01 “Código de la Niñez y la Adolescencia”. En diciembre del 2013, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia remitió los antecedentes de la empresaria y ex modelo Zunilda Castiñeira y de su abogado, Julio Vasconsellos, a la Superintendencia, por considerarlos litigantes de mala fe en la querella contra la periodista Sandra López, del diario ABC Color. Los ministros Alicia Pucheta, Sindulfo Blanco y Luis María Benítez Riera rechazaron recusaciones presentadas el 2 de agosto de 2012 y el 11 de setiembre de 2013 por Castiñeira y Vasconsellos. El 30 de junio de 2011, en el caso de difamación, calumnia e injuria abierto en su contra por Castiñeira, la periodista de ABC Color Sandra López fue absuelta por el juez Manuel Aguirre, quien consideró un artículo de opinión “Si esto no es tráfico de influencias, ¿qué podría ser?”, de junio del 2009. En diciembre, un fallo del juez de Ciudad del Este, Nelio Prieto, que imponía al diario ABC Color la obligación de borrar los nombres de Fredy Cuéllar Soler y Claudecir da Silveira Savino de varias notas ya publicadas, fue revocado en la Cámara de Apelaciones de Alto Paraná por los camaristas Isidro González Sánchez, Lorenzo Derlis Rodríguez Elizaur y Miryam Meza de López, que dejaron sin efecto la resolución Nº 29 del 25 de noviembre de 2013 en la que el juez Nelio Prieto hacía lugar a un hábeas data constitucional. Cuéllar y Da Silveira habían protestado en sendos hábeas data por notas periodísticas publicadas en el 2006, en el 2007 y en el 2010 que los implicaba en el negocio de robo de vehículos en la frontera con el Brasil y en el contrabando de cigarrillos. Alegaron que el registro de internet de las publicaciones del diario les “afecta el honor, reputación y el desarrollo de la imagen en el desempeño de actividades comerciales y empresariales”. El juez Nelio Prieto hizo lugar a los dos hábeas data; argumentó que los accionantes no tenían antecedentes judiciales ni policiales y que la divulgación en la página de internet afectaba sus derechos. Por tanto, ordenó a Editorial Azeta SA –que edita el diario ABC Color- “suprimir, borrar y excluir” los nombres de los recurrentes de todas las informaciones aparecidas en las fechas indicadas. ABC Color apeló la decisión. Patrocinado por los letrados Porfirio Garcete e Yrma Núñez, alegó que “el diario es una publicación que perdura en el tiempo como cualquier libro, revista, semanario. Las publicaciones que diariamente son puestas a conocimiento público no se constituyen en un archivo susceptible de actualizaciones, modificaciones, supresiones o agregados... Por lo que pretender sostener que una publicación debe ser actualizada o destruida es atentar contra la libertad de información”. La Cámara, por unanimidad, estableció: “La página digital del diario ABC no constituye un registro privado de carácter público, pues la misma es una fuente periodística, donde se hallan almacenadas todas las publicaciones realizadas por el diario ABC Color, no pudiendo en consecuencia obtenerse la modificación o eliminación de su contenido a través de la garantía constitucional del hábeas data”. En enero, miembros de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) acompañaron al periodista, Paulo López, del diario E’a, a sentar en la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público la denuncia por su detención ilegal durante una manifestación contra la subida del precio del pasaje en autobuses. En enero, el corresponsal de los diarios Crónica y La Nación en San Pedro Alberto Núñez denunció que fue víctima de agresión física y secuestro por parte de un grupo de campesinos durante la ocupación de una estancia en Capiibary, departamento de San Pedro. En febrero, tras asumir el cargo de vicepresidenta 2ª de la Corte Suprema de Justicia, la ministra Gladys Bareiro criticó a la prensa que opina sin que el periodista se identifique, para poder querellarlo. “Uno no puede estar litigando contra el director en caso de que su periodista no se identifique como el responsable”, indicó. El 28 de febrero, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) pidió a la Fiscalía General del Estado que investigara una supuesta amenaza que habría sido dirigida días antes por el concejal colorado Julio Colmán al corresponsal de Última Hora y Telefuturo en Curuguaty, Elías Cabral. El exdiputado Colmán, desde una radioemisora de su propiedad, advirtió a Cabral que “algo podría pasarle”, molesto al parecer por las publicaciones de este sobre presuntos hechos de corrupción. Colmán se hizo tristemente célebre cuando años atrás, siendo diputado, intentó liberar un cargamento ilegal de rollos de madera. Fue condenado a plantar arbolitos. Habitualmente, utiliza su radioemisora para denostar a sus adversarios políticos en Curuguaty. En marzo, el diputado colorado Bernardo Villalba lamentó la injerencia ciudadana en los pedidos de desafuero de los parlamentarios. Desde fines de 2013 numerosas movilizaciones ciudadanas exigieron el desafuero de varios legisladores por diferentes motivos, especialmente por hechos de presunta corrupción. El desafuero, sostuvo el diputado Villalba, es potestad exclusiva del Poder Judicial, y la Constitución no dice que un ciudadano pueda solicitar el desafuero de un parlamentario.

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