Perú

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Las amenazas y discusiones sobre el estado de la libertad de prensa en el Perú se multiplicaron durante el último semestre. La Ley de Delitos Informáticos. El gobierno ha promulgado la ley 30171, que modifica la ley 30096, aprobada la primera por el Congreso en octubre del 2013. Sin embargo, la nueva norma no modifica el inciso 2 del artículo 11 que aumenta la pena privativa de la libertad hasta un tercio por encima del máximo legal fijado por los delitos previstos en dicha ley, para el caso del agente que comete el delito mediante el abuso de una posición especial de acceso a la data o información reservada o al conocimiento de esta información en razón del ejercicio de un cargo o función. En aplicación de este artículo, un funcionario público que denuncie una ilegalidad podrá incurrir en el delito contemplado en el artículo 7 que alude a la “interceptación de datos informáticos”, con penas privativas de libertad no menores de tres años ni mayores de seis años. El texto modificado no incorpora, nuevamente, el “interés público” como excepción del delito. Por otro lado, los casos de agresión física, amenazas de muerte y asedio judicial contra periodistas y medios de comunicación, en represalia por denuncias contra funcionarios públicos, autoridades o el crimen organizado, se han acentuado en diversas regiones del país. Llamamos la atención de las autoridades del Ministerio Público y del Poder Judicial sobre el uso indiscriminado y tendencioso de las Cortes en la admisión de demandas civiles y penales contra periodistas y medios de comunicación, en particular del autodefinido “Grupo Orellana”, del empresario Rodolfo Orellana Rengifo, objeto de investigación por la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, el Congreso de la República y numerosos medios de comunicación por los delitos de lavado de activos, tráfico de tierras, estafa y asociación ilícita para delinquir. El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) del Perú y el Consejo de la Prensa Peruana han denunciado que las querellas de Orellana y Benedicto Jiménez (abogado del primero) obedecen a un patrón de acoso judicial contra la prensa independiente en un intento por silenciar las investigaciones. Asimismo, es materia de intenso debate la presunta concentración de la propiedad en la prensa escrita, como resultado de la asociación entre el Grupo El Comercio y el Grupo Epensa, dos de las tres principales cadenas de diarios en el ámbito nacional, en agosto del 2013. Se discute  sobre si la operación comercial tiene algún impacto sobre la libertad de expresión y el pluralismo de los medios de comunicación. Ocho ciudadanos Enrique Zileri Gibson, Mirko Lauer Holoubeck, Rosa María Palacios , Augusto Álvarez Rodrich, Luz María Helguero , Fernando Valencia , Mario Saavedra Piñón y Gustavo Mohme han presentado una demanda de amparo constitucional contra El Comercio y Epensa, solicitando la anulación de la operación comercial amparándose en el artículo 61 de la Constitución del Perú, argumentando que ha generado que controlen el 78% de la propiedad y circulación y casi el 90% de la venta de publicidad  total nacional en diarios. Esta situación perjudica fatalmente la libre competencia y la libertad de expresión, afirman. En cambio, el Grupo El Comercio argumenta que no hay tal concentración porque las dos compañí¬as ahora asociadas “continúan administrando sus contenidos independientemente”, que cada compañía  “continúa practicando sus propios principios y valores periodísticos” y que “los riesgos para la libertad de prensa son sólo suposiciones” y que la asociación no afecta el pluralismo. En particular, Luis Agois, presidente del Directorio de Epensa, afirma que: “La producción periodística, el manejo de los contenidos y la línea editorial está en manos de la familia Agois. En la parte comercial e industrial El Comercio tiene el 54%, y en la parte periodística, la familia Agois tiene el 100%”. En diciembre, el presidente de la República, OIlanta Humala, calificó de “vergüenza” que en el Perú “estemos teniendo un grupo que sea prácticamente dueño de los medios de comunicación”. El mandatario peruano añadió que la compra “…ahorita no es ilegal”, lo que se interpretó como una señal de que el Ejecutivo preparará una ley para regular los medios de comunicación. El presidente dijo que la presunta concentración debe ser debatida en el Congreso.    Los tres principales diarios de los grupos en conflicto (El Comercio, Correo y La República) editorializaron oponiéndose a la declaración presidencial. El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, Claudio Paolillo, invitó al presidente peruano “a que su gobierno se mantenga al margen del contencioso para que sea debatido en las instancias correspondientes” y valoró las declaraciones públicas del ministro de Justicia, Daniel Figallo, quien negó que el Ejecutivo está preparando una ley sobre la materia. A su vez, el Consejo de la Prensa Peruana ha rechazado cualquier intento regulatorio externo de la información u opinión, y ha reiterado su compromiso con la autorregulación de la prensa. En ese sentido, preocupan los anuncios de legisladores sobre la preparación de una “ley de medios” que supondrá una regulación estatal sobre la propiedad y los contenidos de los medios. El Grupo El Comercio presentó ante el Consejo de la Prensa Peruana un Compromiso de Autorregulación Comercial con el propósito de reforzar su voluntad de que no ejercerá un abuso de posición dominante ni en materia comercial, ni en materia de impresión, ni en materia de distribución. En el marco de fomentar debates con el objetivo de resolver las divergencias, el Consejo de la Prensa Peruana convocó a Lima a la relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, Catalina Botero, quien realizó una visita de carácter académico al Perú en febrero. El Consejo de la Prensa Peruana también coauspició el seminario “Reflexiones sobre la regulación y la propiedad de los medios de comunicación en América Latina”, organizado por el Centro Carter en marzo, en cuyo debate participaron directivos y asociados del Consejo de la Prensa Peruana así como especialistas nacionales e internacionales. Asimismo recientemente se realizó una audiencia de la CIDH de la OEA sobre la presunta concentración en el Perú. En dicha reunión el embajador peruano ante la OEA Juan Jiménez Mayor, ex primer ministro del actual gobierno,  señaló la importancia que el gobierno asigna a una reglamentación del artículo 61 de la Constitución en lo relativo a medios de prensa impresa. Hechos más relevantes en este período: El 10 de diciembre, Edvan Ríos Chanca, colaborador del semanario Hildebrandt en sus Trece, denunció que fue víctima de un atentado con artefacto explosivo cuya detonación destrozó parte de la puerta y ventanas de su casa. Ríos publicó numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades y corrupción vinculada a la gestión del presidente Regional de Junín, Vladimir Cerrón.  El 21 de marzo, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal declaró culpable del delito de difamación agravada en perjuicio del presidente regional de Ancash, César Álvarez Aguilar, al periodista Quino Escudero. La sentencia condena al periodista a un año de prisión condicional suspendida y al pago de 3.000 soles ($84 dólares) por concepto de reparación civil. El proceso también incluye a los periodistas Santos Paredes García y Noé García Velásquez.  En enero, la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima inició el proceso contra el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, acusado de desviar millonarios fondos de las Fuerzas Armadas y el Servicio de Inteligencia (SIN) para solventar su ilegal tercera reelección y la compra de la línea editorial de los llamados ‘diarios chicha’. La  Procuraduría Anticorrupción ha solicitado una pena de ocho años de prisión.  El 22 de enero, la reportera Vicky Vargas y el camarógrafo Jorge León, corresponsales de Canal 2, Frecuencia Latina en la ciudad de Tacna, frontera con Chile, denunciaron que cuando captaban imágenes en las inmediaciones del puesto de control fronterizo chileno de Chacalluta, efectivos de la de la Policía de Investigaciones los maltrataron y amenazaron con demandarlos por espionaje.     El 20 de febrero, Úrsula Pinedo, periodista de los programas Hoy por Hoy y Línea Directa de Canal 43, de la Región Tumbes, denunció que fue agredida y amenazada de muerte por Alba del Rosario y Esmeralda García García allegadas al Presidente del Gobierno Regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, en los exteriores de la radio La Hechicera. La periodista atribuye las agresiones a sus investigaciones sobre supuestas compras fraudulentas de terrenos por testaferros del Presidente Regional.   El 27 de febrero, Milka Pacheco Infante y Luis Daniel Oyola Atino, reportera y camarógrafo del Canal 43, junto con Wilmer Rodríguez, camarógrafo del Canal 21, de la Región Tumbes, denunciaron que serenos de la Municipalidad Provincial de Tumbes los agredieron durante la cobertura del desalojo de un grupo de comerciantes que ocupaban la vía pública.    El 26 de febrero, Eduardo Abusada y Manuel Alejos, editor general y redactor del semanario Velaverde, denunciaron que el mayor PNP Richard Román Pedraza, sobrino del ex Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, los amenazó de muerte en el mismo local de la revista.  El 4 de marzo, Enrique Vizcarra Tinedo, colaborador del diario Tumbes 21 y director del programa Impacto Informativo, transmitido por Cable 21, de la Región Tumbes, denunció que recibió amenazas de muerte vía telefónica. El periodista atribuye el hecho a la difusión de información sobre irregularidades cometidas por José Augusto Chuyén Vallejo, actual funcionario de la UGEL Tumbes.  El 7 de marzo, Pedro Escudero Cárdenas, periodista del portal http//.pomabamba.ning.com y Germán Escudero Saldarriaga, director de la web www.pomabamba-te-llevamos-en-el-corazon.com, de la Región Ancash, denunciaron haber recibido amenazas de muerte e insultos a través de un blog anónimo. Atribuyen el hecho a sus denuncias periodísticas sobre  actos de corrupción que habrían cometido a funcionarios y el alcalde de la municipalidad distrital de Pomabamba,  Juan Ponte Carranza, sobre quien pende una orden de captura.  El 10 de marzo, en la Región La Libertad, periodistas de medios regionales denunciaron agresiones e insultos por parte de técnicos del canal estatal TV Perú durante la visita de la ministra de Salud, Midori De Habich, en el distrito de Alto Moche. 17 de marzo, el Tribunal Constitucional (TC) declaró infundada la demanda de amparo interpuesta por el gerente general de la Autoridad Autónoma de Majes (AUTODEMA), en la que solicitaba que “se abstengan de seguir realizando publicaciones agraviantes, tendenciosas y maliciosas (…) por vulnerar sus derechos al honor (…) e inviolabilidad de documentos privados y de las comunicaciones” contra Ronald Arenas Córdova, del semanario El Búho, representado por su directora, Mabel Cáceres Calderón, y el periodista Luis Márquez Villalobos. El TC argumentó que la información trataba hechos de interés público. El 20 de marzo, Nilton Gamboa, corresponsal de América Televisión y director del Noticiero Regional de Chimbote, denunció que desde hace varios meses es sujeto de seguimientos que atribuye al entorno del  Presidente del Gobierno Regional de Ancash, Cesar Álvarez Aguilar. Asimismo, denunció que ya suman 19 los periodistas, todos críticos del gobierno regional, que son objeto de una campaña de difamación sistemática, en pasquines, programas y  avisos políticos contratados, transmitidos por Canal 25. Los periodistas que rechazan las acusaciones son Nilton Gamboa, Roxana Peña y Edwin Azaña, de América Televisión; Patricia Cardoza, Miguel Alcántara y Gonzalo Horna, del diario Correo, edición Chimbote; Javier Peláez, Willy Peláez y Raúl Palacios, del Diario de Chimbote; Walter Castro, Magaly Estrada y Laura Urbina, de Radio Santo Domingo (RSD); Noé García, César Quino y Santos Paredes, de Canal 55 de Chimbote; Américo Crispín, de Radio Exitosa; Elvis Núñez, de El Ferrol,  y Wylder Asmat, de Canal 88.

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