Pide eliminar decreto ejecutivo sobre difamación contra medios en Haití
Pide eliminar decreto ejecutivo sobre difamación contra medios en Haití
Miami (14 de abril de 2014).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su consternación por el asesinato de Carlos Hilario Mejía Orellana, empleado de Radio Progreso en Honduras, pidiendo a las autoridades indagar los móviles del crimen con prontitud.
Mejía Orellana, de 35 años, trabajaba desde hacía 13 años en Radio Progreso, emisora de la Compañía de Jesús. Laboraba en el Departamento de Venta de Publicidad de la radio. Su cadáver apuñalado fue hallado el viernes 11 de abril en su vivienda en la colonia Roberto Suazo Córdova, en la ciudad de El Progreso, departamento de Yoro, al norte de Honduras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había otorgado medidas de protección desde 2009 a Mejía Orellana y a otros integrantes del grupo Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la emisora, después que denunciaron ser blanco de amenazas de muerte.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó que “pese a que la policía está investigando distintos móviles por el asesinato, no puede ni debe descartar ninguna hipótesis debido a las acciones adoptadas por la CIDH”.
Haití
Por otra parte, la SIP se hizo eco del reclamo de la organización haitiana de prensa SOS Journalistes que denunció que el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) amenazó con represalias a los medios que publiquen información considerada falsa o difamatoria. Esta posibilidad – que podría aplicarse contra Radio Zenith, por informaciones sobre autoridades gubernamentales y policiales - está basada en una orden ejecutiva adoptada en 1977 durante el mandato del ex dictador Jean-Claude Duvalier.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, expresó que el “Gobierno no debe asumir actitudes autoritarias, configurándose como juez y parte, ya que una supuesta difamación debe analizarse bajo el prisma de la justicia ordinaria, teniéndose en cuenta, a los efectos de juzgar, requerimientos como la responsabilidad ulterior vs. la censura previa, la real malicia, la diligencia en la búsqueda de la verdad y el mayor escrutinio al que están sometidos los funcionarios públicos en casos de temas de interés público”.
Tanto la SIP como SOS Journalistes coinciden que decretos de este tipo son retrógrados sobre principios de libertad de expresión y derechos humanos, al brindar blindaje y privilegios especiales para los funcionarios públicos.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Estados Unidos. Para mayor información, por favor, visite http://www.sipiapa.org
FUENTE: nota.texto7
