En tres semanas habrá elecciones presidenciales que marcarán el cierre de un ciclo de 12 años de gobierno, en el que la prensa ha vivido su período más adverso desde el regreso de la democracia.
Los obstáculos que ha encontrado el periodismo son los mismos que se registraron en esta etapa en los países latinoamericanos que tuvieron gobiernos intolerantes de las voces críticas. Entre otros problemas se destacan: uso de recursos públicos para montar gigantescos aparatos comunicacionales destinados a la deslegitimación del periodismo independiente y de la oposición; partidización de los medios públicos; distribución discriminatoria de la pauta oficial con el objetivo de cooptar a sus beneficiarios o castigar a los medios no adictos; aplicación selectiva de normas para perseguir la disidencia; sanción de leyes específicas para desarticular medios críticos y favorecer voces oficialistas; presión a los anunciantes privados para quebrar económicamente a las empresas periodísticas; utilización de los organismos de control y de los servicios de inteligencia para presionar, intimidar y espiar; clausuras comunicacionales sufridas por periodistas críticos; destierro de las conferencias de prensa presidenciales; empleo de cadenas nacionales con fines proselitistas; discurso oficial estigmatizante para los periodistas.
En este período se presentaron diversos ataques y dificultades para el periodismo.
La presidenta Cristina Kirchner habló en 40 oportunidades por cadena nacional en lo que va del año, para destacar su gestión, alejándose de lo establecido en la ley de medios sancionada durante su Presidencia que solo permite su uso "en situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional". En reiteradas ocasiones han sido vehículo de manifestaciones injuriosas dirigidas contra la prensa, como el 5 de agosto, al comparar a magistrados, periodistas y medios que se ocupan de presuntos hechos de corrupción con los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y mataban durante la dictadura militar.
En este contexto de ataques permanentes a las empresas periodísticas, preocupa el impulso por parte del Gobierno de un proyecto de ley que ya tiene media sanción, tendiente a crear una comisión de neto carácter político que apunte a denigrar al sector empresario, asociándolo con la dictadura militar de hace 40 años. Todo ello al margen del Poder Judicial y eludiendo, por ende, las garantías del debido proceso.
Los gastos en difusión y propaganda oficial del Estado nacional en el segundo mandato de Cristina Kirchner, alcanzan los 900 millones de dólares a tipo de cambio oficial. Una cifra todavía superior será la empleada en Fútbol para Todos, programa estatal que televisa las competencias futbolísticas de primera división y que tiene al Estado nacional como anunciante casi exclusivo.
El canal público program este ciclo en el horario en el cual se realizaba el primer debate de candidato presidenciales en la historia argentina del que se había declinado a asistir el candidato del oficialismo. Al día siguiente se conoció que el gobierno había destinado una partida adicional de $400 millones en publicidad official.
Siguiendo denuncias de parte de la prensa, un candidato perteneciente al partido del jefe de gobierno de Buenos Aires abandonó su candidatura al Congreso nacional por el cuestionamiento de una asignación de publicidad oficial que está siendo investigado por el poder judicial.
El primer semestre de este año concluyó con una erogación de más de 145 millones de dólares en pauta oficial. Su arbitraria asignación respondió, en gran medida, a intereses electorales y actuó como combustible para medios alineados con el discurso oficial.
Este doble estándar se refleja también en otras políticas de medios, como la asignación de frecuencias audiovisuales. Días atrás, la editorial Perfil denunció haber sido excluida de un concurso de televisión digital por su línea editorial.
Tras las denuncias de la prensa un candidato del partidodel jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires renunció a ser candidato a diputado nacional, por una asignación cuestionada de publicidad official que está investigando la justicia.
El trabajo periodístico fue perturbado por numerosos actos de violencia e intimidación. En abril, el periodista Rodrigo Mansilla, de FM El Chubut y diario El Chubut, fue golpeado y amenazado por un empleado del municipio con cargo de secretario. En julio, la garita de seguridad del edificio del periodista Jorge Lanata fue apedreada y en el lugar fueron encontrados casquillos de bala aparentemente arrojados con intención intimidatoria. En agosto, el camarógrafo Jorge Ahualli, del canal de cable CCC, de Tucumán, fue golpeado cuando filmaba el reparto de alimentos por parte de militantes políticos en pleno proceso electoral en esa provincia.
Muchos de los ataques registrados en este período están vinculados a la cobertura de casos de narcotráfico, fenómeno que crece de manera alarmante en nuestro país. Un grupo de empleados de los canales 5 y El Tres y del diario La Capital, todos de Rosario, fueron amenazados y agredidos cuando realizaban crónicas sobre un homicidio atribuido a bandas de narcotraficantes. Maximiliano Pascual, del periódico La Posta Hoy, de Arroyo Seco (Santa Fe), que informa sobre el caso de narcotráfico denominado “Carbón Blanco”, sufrió cortes con arma blanca en sus orejas por parte de desconocidos.
En junio, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba ratificó la validez de leyes que obligan a los medios gráficos de esa provincia a ceder una página diaria a los partidos políticos durante los 10 días previos a cada elección provincial. En julio fueron inmovilizadas las cuentas bancarias de la empresa editora del diario El Tribuno, de Salta, como medida previa y excesiva en una demanda por difamación promovida por el ministro de Economía de esa provincia. En septiembre, el diario Democracia, de Junín (Buenos Aires), sufrió un corte abrupto en el suministro de pauta publicitaria municipal en represalia por informaciones críticas a la gestión del alcalde.
Argentina no cuenta con una ley de acceso a la información pública ni con normas que regulen la distribución de la pauta oficial. El país presenta disposiciones discriminatorias en materia impositiva que recaen sobre medios gráficos. Carece de normativas que contemplen la defensa de los derechos sobre los contenidos periodísticos digitales. Los medios públicos siguen siendo usados como instrumentos políticos y no hay conferencias de prensa.
