Claudio Paolillo

DISCURSO DE APERTURA DE LA SESIONES DE LA COMISION DE LIBERTAD DE PRENSA E INFORMACIÓNDE LA SIP

Presidente CLAUDIO PAOLILLO

Charleston, Carolina del Sur

“Si usted comunica una mentira lo suficientemente grande y la repite con suficiente frecuencia, ella será creída por la gente”. “Es verdad que la libertad es un bien precioso; tan precioso que debe ser cuidadosamente racionado”. ¿Quiénes fueron los autores de estas frases? Pudieron haber sido, sin ningún problema, numerosos presidentes, congresistas y hasta jueces latinoamericanos de nuestros días. Sin embargo, les voy a decir quiénes son sus verdaderos autores: Aquella frase que dice que “si usted comunica una mentira lo suficientemente grande y la repite con suficiente frecuencia, ella será creída por la gente”, fue Hitler. Y la que sostiene que “la libertad es un bien precioso” pero es “tan precioso que debe ser cuidadosamente racionado”, fue Lenin. Puede parecer una desproporción. La cantidad de muertos y actos de terrorismo que esa concepción de la libertad determinó en las dictaduras soviética y nazi fueron de una dimensión tan bestial que no tienen comparación alguna en términos cuantitativos. Fueron un cáncer del cual la Humanidad aún no se ha recuperado totalmente. Pero si la comparación es conceptual, y no en función de los millones de inocentes muertos que aquellas ideas totalitarias provocaron, entonces la comparación aparece como legítima. Comunicar mentiras desde la cúspide del poder y repetirlas sin cansancio, y racionar la libertad en función de los intereses de los gobiernos, se ha vuelto en los últimos años algo demasiado frecuente en numerosos países de América. ¿Qué otra cosa han hecho los gobiernos de Argentina, Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, por ejemplo, que no sea comunicar al pueblo mentiras sin parar y racionar la libertad de expresión en función de sus propios intereses? Han hecho precisamente eso. Y no sólo ellos. En el resto de América, la libertad ha sido racionada o ha habido peligrosos intentos para hacerlo y la mentira o la ocultación de información de interés para la sociedad, que es otra forma de engañar a la gente, son moneda corriente. Ningún país de América está a salvo de esta corriente censuradora que prostituye la idea central según la cual los gobernantes son administradores circunstanciales de los asuntos públicos y, por tanto, están obligados a rendir cuentas ante sus mandantes, que son los ciudadanos comunes y corrientes. En lugar de eso, en muchos países de América, los mandatarios —es decir, los empleados que los pueblos colocaron en posiciones de poder por un tiempo acotado para que administren sus recursos— olvidan que son mandados por otros y asumen una posición cuasi monárquica que es, por supuesto, profundamente anti democrática y profundamente anti republicana. Los vicepresidentes regionales de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP serán más explícitos y detallados a medida que vayan presentando ante la asamblea los informes correspondientes a cada país. Pero, haciendo un repaso de lo que ya nos han comunicado, vale la pena destacar algunos hechos salientes. En Argentina, en un año electoral que culminará a fines de este mes, el gobierno de la presidenta Cristina Kirchner ha batido récords en gasto de propaganda oficial y, a pesar de dos claras sentencias de la Corte Suprema de Justicia, continúa utilizando la publicidad que paga el Estado para castigar a medios críticos e independientes, y para premiar a los medios que considera “amigos”. La presidenta, además, ha abusado de las cadenas nacionales de televisión con el explícito y evidente propósito de hacer propaganda partidaria, algo que no sólo se contrapone a la Constitución y a la ley, sino que además, y sobre todo, va en contra de un límite ético mínimo de cualquier gobierno que se respete a sí mismo y que, además, quiera ser mirado por el resto del mundo como democrático y republicano. Lo mismo ocurre en Bolivia, donde el gobierno del presidente Evo Morales utiliza la publicidad oficial para presionar a medios independientes o críticos, algunos de los cuales han prescindido de periodistas influyentes, y donde ha aumentado considerablemente el gasto de propaganda sobre actividades oficiales. En Nicaragua sucede algo similar: allí quedan sólo un canal de televisión, una radio y un diario no oficialistas. Todos los demás medios están en manos del duopolio compuesto por la familia presidencial y un empresario mexicano, amigo del poder. En Cuba todavía estamos esperando algún resultado positivo de la reanudación de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Hay mucha foto del presidente Obama y del dictador Raúl Castro estrechando sus manos, hay mucha foto del Papa conversando con el dictador Fidel Castro, pero el gigantesco aparato de seguridad que sojuzga a la ciudadanía en la isla se encarga de encarcelar a todo aquél que disienta del régimen y quiera acercarse al Papa o a quien sea para expresar su protesta por el cerrojo a las libertades de expresión, de asociación y de prensa, que en ese país permanece incólume. Quizá, después de más de medio siglo de totalitarismo, suene un poco ansioso. Pero no podemos dejar de denunciar que el restablecimiento de las relaciones diplomática con Washington y la visita oficial del Papa no sirvieron para nada en términos de conseguir la excarcelación de periodistas, parar la censura contra sitios digitales críticos, frenar la revisión continua por parte del régimen de los correos electrónicos de los disidentes y de sus teléfonos celulares, y poner coto a las agresiones físicas y verbales contra activistas por la libertad y contra periodistas independientes. En suma: muchas fotos, muchas visitas, mucha cortesía, mucha especulación… y nulos resultados a favor de la libertad. El gobierno del presidente Rafael Correa, en Ecuador, no cesa de aplicar una dura represión contra los periodistas y la prensa que quieren hacer uso de su libertad, y los organismos de control y aplicación de la “ley mordaza”, vigente desde hace dos años, ejercen todos los días y a cada minuto una presión tan intolerable que ha llevado a periódicos y organizaciones no gubernamentales a declararse en “resistencia”, acogiéndose a un artículo de la Constitución correísta sobre el cual, ahora, el mandamás está arrepentido de haberlo hecho aprobar. Todos los sábados, y ayer de nuevo, mientras aquí en Charleston llovía, en Quito el presidente Correa abusó de la cadena nacional de televisión (lleva ya 444 cadenas obligatorias para todos los medios) para insultar y estigmatizar a diarios, radio, canales de televisión y periodistas que se apartan del discurso oficial. A todos les llama “prensa corrupta” y, desde las alturas del poder, incita a la población a atacar a esos medios y periodistas, en un comportamiento de evidente raigambre fascista. Este 2015, aunque todavía tiene casi tres meses por delante, ya se convirtió en el año más violento para el ejercicio del periodismo y la protesta en Ecuador. Durante los primeros nueve meses del año, la ONG Fundamedios contabilizó 279 agresiones contra la libertad de expresión, es decir, 24 más que las registradas en todo el 2014. Desde el año 2008, Fundamedios detectó 1.310 agresiones contra este derecho humano. Quiere decir que pasan los años y la furia de Correa y sus colaboradores contra la prensa libre no sólo no decrece, sino que aumenta. Venezuela es, por desgracia, un clásico en los informes de la SIP desde hace ya más de una década. No será esta asamblea la excepción. Durante el último semestre el régimen del presidente Nicolás Maduro provocó casi 300 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre agresiones a periodistas, criminalización de la actividad periodística y limitaciones del acceso a la información. Sobre esto, los colegas venezolanos están listos para aportarnos abundante información. La creatividad para la censura es una constante, y no sólo en los gobiernos más represivos. En Chile, por ejemplo, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha resuelto impedir la circulación de periódicos si no presentan un detallado y minucioso plan para encargarse de lo que hacen los lectores con los periódicos después de que los leen. Esto es: si alguien tira el diario que compró en un parque, el gobierno quiere endilgarle al diario la responsabilidad por degradar el medio ambiente. Parece broma, pero no lo es. Estados Unidos, donde hoy se celebra esta asamblea, no escapa a este panorama. El Departamento de Justicia reveló en un informe reciente que durante el año 2014 expidió dos citaciones, una orden de registro y autorizó en dos ocasiones, interrogatorios a medios de comunicación y periodistas. Además, dos periodistas que cubrieron los disturbios del año pasado en la ciudad de Ferguson fueron acusados por presunta “interferencia y violación a la propiedad”. En algunos casos, el gobierno, la policía y ciertos jueces estadounidenses deberían hacer un curso acelerado para recordar el significado de la Primera Enmienda a la Constitución que los padres fundadores de este país dejaron como legado imborrable hace 224 años. Si la Primera Enmienda está vigente —como lo está— y si dice que “el Congreso no podrá hacer ninguna ley (…) que limite la libertad de expresión, ni de prensa”, entonces todos los que en este país limitan este derecho humano están actuando contra la Constitución y bajo el amparo de ninguna ley. Lamentablemente, los asesinatos de periodistas no han cedido desde nuestra asamblea de medio año en Panamá. Entre marzo y setiembre de este año, ya fueron asesinados 11 periodistas: 3 en Brasil, 3 en México, 2 en Guatemala, 1 en Colombia, 1 en Honduras y 1 en República Dominicana. Estas muertes, sumadas a las que ya habían ocurrido en los primeros dos meses de 2015, elevan a 16 la cantidad de periodistas abatidos en lo que va del año por criminales que, en su casi totalidad, permanecen en la impunidad. Es bueno resaltar también las buenas noticias de este período y algunas victorias para la libertad de expresión. En todos estos casos, la SIP ha estado muy activa y su participación, su acción resuelta y su potente voz de protesta ha contribuido decisivamente a estos buenos resultados. Empecemos por la reciente decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó al gobierno de Venezuela a restituir la frecuencia y los equipos de RCTV a sus legítimas autoridades, luego de que Hugo Chávez se los quitara ilegalmente durante el año 2007. La Corte ha dicho que el régimen venezolano violó la libertad de expresión y las mínimas garantías del debido proceso al confiscar a RCTV. Desde ya que el gobierno del presidente Maduro ha resuelto ignorar el fallo inapelable de la Corte Interamericana, lo cual lo coloca, si aún era posible más, en la categoría de una dictadura. En mayo estuvimos en Costa Rica, donde el gobierno había presentado al Congreso un proyecto de ley parecido a la “ley mordaza” de Ecuador. Después de que desde la SIP desmenuzáramos y alertáramos contra la amenaza que se cernía sobre la libertad de expresión en ese país, tradicionalmente respetuoso de este derecho humano, el presidente Luis Guillermo Solís destituyó a los ministros responsables de ese engendro, lo echó a la basura y cuando nos recibió en la sede del gobierno, no sólo ratificó su decisión de no seguir adelante con la idea, sino que decidió suscribir la Declaración de Chapultepec en ese acto. Por supuesto, la Declaración de Chapultepec se da de frente contra el proyecto que el presidente acababa de desechar. Y en setiembre, la SIP estuvo en Ecuador, organizando junto con Fundamedios, el “Foro de Quito por la Libertad de Expresión”. El gobierno había decidido cerrar a esa ONG puesto que al presidente Correa ya le resultaban intolerables sus denuncias sobre los permanentes ataques a la libertad de prensa. Pues pocos días después del Foro de Quito, y luego del pronunciamiento de cinco relatores de derechos humanos de la OEA y de la ONU, el gobierno ecuatoriano dejó sin efecto, por el momento, su decisión inicial de clausurar definitivamente a Fundamedios. No ganamos la guerra, pero sin dudas sí ganamos una batalla importante. Pero estos importantes avances, conseguidos luego de largas y extenuantes luchas por la libertad, no nos pueden hacer bajar los brazos. En todos lados los que quieren impedir que el pueblo sepa lo que pasa están al acecho para pegar el zarpazo en cualquier momento. Ahí está la prensa de Panamá, batallando contra un espantoso proyecto de ley promovido por un diputado del gobierno del presidente Juan Carlos Varela, que pondría una terrible mordaza a la libre expresión y casi que retrotraería al país a oscuras épocas de censura. Ahí está la prensa de Colombia, preocupada por los reclamos de los guerrilleros de las FARC para incluir, en las negociaciones de paz que adelanta con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, una ley destinada a “democratizar” a los medios. Nosotros ya sabemos qué quieren decir algunos cuando proclaman la “democratización” de los medios. Sabemos que lo que buscan es controlar el flujo informativo e imponer la censura. Y ahí están muchas otra preocupaciones que se extienden a lo largo y ancho de todo el hemisferio, acerca de las cuales los vicepresidentes regionales de cada país nos ilustrarán durante la jornada de hoy. Por eso no podemos permitirnos bajar los brazos. Aquél gran estadista que fue Sir Winston Churchill, en circunstancias aciagas para la Humanidad, reclamaba a los ciudadanos: “Nunca se rindan, nunca cedan, nunca, nunca, nunca, en nada grande o pequeño; nunca cedan salvo por las convicciones del honor y el buen sentido. Nunca cedan a la fuerza; nunca cedan al aparentemente abrumador poderío del enemigo”. Y, agregaba Churchill: “Todo el mundo está a favor de la libertad de expresión. Pero para algunas personas, la idea de libertad de expresión es que ellos son libres de decir lo que quieren, pero si otro les responde, eso es un atropello”. La batalla por la libertad de expresión viene desde el fondo de los tiempos y jamás terminará. Por eso, en la SIP estaremos siempre atentos, redoblaremos nuestros esfuerzos y no nos rendiremos nunca. Que lo sepan bien todos: no nos rendiremos nunca, nunca, nunca.

FUENTE: nota.texto7

Claudio Paolillo

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