El presidente Daniel Ortega, después de su tercera toma de posesión continua y su cuarto período presidencial en el que por fin daría el informe a la Nación ante el Congreso Nacional, el segundo en 10 años, no se presentó. Fue a un Centro de Convenciones y dijo que iba a enviar a su ministro de Hacienda a dar el informe. Tampoco permitió la entrada a ningún periodista que no perteneciera a los medios controlados por el oficialismo.
Esta prohibición contra los medios independientes abarca todo tipo de información o actividad gubernamental, desde una conferencia de prensa de la policía, informes sobre desastres naturales, instrucciones para vacunar o para prevenir epidemias y hasta la entrada a las audiencias en los juicios públicos.
La Prensa publica una coletilla que dice: "Desde el 10 de enero de 2007 van 3.759 días sin que el Presidente inconstitucional Daniel Ortega ofrezca una conferencia de prensa". Este cuadro de secretismo absoluto, pese a la Ley de Acceso a la Información, es el que prevalece. Un monitoreo de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro establece que de un total de 218 instituciones estatales obligadas por ley, solamente 32 instituciones tienen establecidas oficinas de Acceso a la Información Pública, pero sus páginas web están desactualizadas y tienen abundante propaganda partidaria.
Sigue suprimida la publicidad en los pocos medios independientes y con ella se premia a los medios de la familia de Ortega. Según un monitoreo de las agencias de publicidad, en 2016 se invirtieron 16,2 millones de dólares en los medios. La mayoría de los medios, incluidos los populares como son las televisoras y radios, están en manos del duopolio entre la familia de Ortega y el empresario Ángel González, con abundante publicidad oficial. Solo Canal 12, de la familia Valle-Flores, es independiente en televisión abierta. En la radiodifusión, la situación es similar. Los Ortega son dueños de Radio Ya, La Sandino y 10 emisoras más, mientras que González es dueño de otras 17 radioemisoras.
En las elecciones del 6 de noviembre pasado, la abstención se calculó entre un 60 y 70%. Para esas elecciones, se eliminó la coalición principal de oposición y casi no hubo campaña ni propaganda ni observación electoral.
A los medios independientes se les negó el acceso a la inscripción de candidatos, al conteo de votos y a la información de los resultados, los que no fueron publicados, como exige la ley.
La hostilidad contra los defensores de los derechos humanos llegó a tal punto que la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, divulgó una carta firmada por ella y todas las ministras y viceministras en contra de Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, por haber sido distinguida por la embajadora de EE.UU. por su trayectoria, nominándola al premio Internacional Mujer de Coraje, en una recepción donde estuvieron presentes las firmantes de la carta y donde aplaudieron la nominación. La carta califica el acto de la embajadora como "hostil" e "injerencista", considerando que se reconoce a una persona que ha ofendido al pueblo y gobierno de Nicaragua.
La presidenta del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cedhjucan), Lottie Cunningham, recibió amenazas de muerte por parte de desconocidos que le advirtieron: "Ya no vamos a permitir que hablen en contra del Frente Sandinista de Liberación. Una publicación más en La Prensa, radio o televisión, ya saben lo que va a pasar; si quieren guerra tendrán guerra, la guerra significa sangre".
La encuesta del Barómetro de las Américas refleja que los nicaragüenses tienen miedo a hablar de política. El estudio realizado entre septiembre y octubre de 2016 refleja que el 63 por ciento de los nicaragüenses opina que "hay que cuidarse al hablar de política, aun entre los amigos".
Este porcentaje aumentó en comparación con otra encuesta del 2014, cuando solo fue el 55 por ciento. El estudio fue elaborado por la Universidad de Vanderbilt y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop).
La represión del gobierno ha abarcado a los campesinos que se oponen al canal interoceánico. Una marcha organizada el 30 de noviembre fue impedida con retenes, cateo de vehículos y represión con bombas lacrimógenas y balas.
