El clima de libertad de prensa fue alterado por un decreto del gobierno que antepone los "deberes de lealtad y reserva del funcionario público" a la obligación de transparencia y publicidad a los que están obligados los funcionarios estatales.
El clima de libertad de prensa fue alterado por un decreto del gobierno que antepone los "deberes de lealtad y reserva del funcionario público" a la obligación de transparencia y publicidad a los que están obligados los funcionarios estatales.
El decreto aprobado el 13 de febrero implica que para el gobierno la lealtad y reserva de los funcionarios es prioridad ante el derecho del público a saber sobre la "cosa pública", estableciendo que el funcionario "que haga público, divulgue o dé a conocer a terceros" solicitudes, proyectos, informes y dictámenes "incurrirá en falta muy grave pasible de destitución".
