Ecuador

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Informe ante la SIP
28 de marzo de 2020
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Los periodistas y medios fueron víctimas de varias agresiones en octubre tras una jornada de protestas debido a las medidas económicas anunciadas por el Gobierno Nacional que implementó una eliminación al subsidio a los combustibles.

Varios equipos de prensa fueron agredidos por parte de la Policía Nacional mientras cubrían las protestas y un paro general de actividades en todo el país, del que participaron varios gremios de transportistas, indígenas, sindicatos, estudiantes y ciudadanos en general.

Ante el reclamo de los medios y las agrupaciones de prensa, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, prometió realizar una investigación sobre el uso inadecuado de la fuerza de agentes policiales y garantizó el trabajo de la prensa. Posteriormente, el 11 de octubre el presidente Lenín Moreno decretó el estado de excepción para proteger los derechos de los ciudadanos y evitar la desestabilización del país.

El 8 de octubre agentes de la Policía Nacional y la Fiscalía General realizaron un allanamiento en las instalaciones de Radio Pichincha Universal, ubicada en Quito, con el objetivo de "recabar información sobre el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos". Radio Pichincha Universal pertenece al Consejo Provincial de Pichincha, entidad del estado dirigida por Paola Pavón, miembro del movimiento político de Rafael Correa. Radio Pichincha Universal y Pichincha Comunicaciones suelen difundir propaganda anti gubernamental.

El 11 de octubre en Quito, manifestantes atacaron las instalaciones de Teleamazonas y El Comercio, lanzaron una bomba dentro de las instalaciones e incendiaron un vehículo en el interior de la propiedad.

Pichincha Comunicaciones informó por Facebook que aceptaba la acción de protección a su favor y el juez del caso dispuso el levantamiento de la suspensión de actividades solicitadas por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (ARCOTEL). Sin embargo, a mediados de enero, ARCOTEL, mediante una resolución, dispuso la extinción del título habilitante de Radio Pichincha Universal, emisora pública del Gobierno Provincial de Pichincha. El relator especial de la CIDH manifestó su preocupación por la medida.

En noviembre, la fundación Churo y Wambra denunció ante el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la estigmatización de los medios digitales, comunitarios y alternativos por parte de periodistas y medios de comunicación comerciales, así como ataques informáticos que les impidieron publicar información sobre las protestas en octubre.

En febrero, el portal de opinión 4Pelagatos fue demandado en Holanda, donde está alojado su servidor, por el uso de imagen del presidente Moreno. La demanda fue presentada por Juan Carlos Chávez Cevallos, técnico de la Dirección de Síntesis y Alertas de la Presidencia. Luego el gobierno desmintió una supuesta censura contra la prensa.

Otras agresiones en este período.

El 3 de octubre varios periodistas fueron agredidos durante el paro nacional: Freddy Toapanta, camarógrafo de Teleamazonas, fue arrollado por un taxista cuando realizaba una transmisión en vivo, en Quito; Julio Estrella de elcomercio.com fue pateado por uniformados que estaban protegidos con cascos, botas y escudos; Daniel Molineros, de Agencia API, fue agredido por agentes de la Policía Nacional mientras cubría las manifestaciones en Quito; Diego Pallero, fotógrafo de El Comercio y el reportero Roberto Rueda, de Expreso, también fueron golpeados mientras cubrían las marchas en el centro de la capital.

Ese mismo día se registró una agresión de policías al equipo de TVC en Quito. Camila Santillán y Yasser Quevedo, estudiantes de cine de la UARTES de Guayaquil, fueron detenidos cuando filmaban imágenes de las protestas sociales.

El 8 de octubre el reportero de El Universo, Ronald Cedeño, fue embestido por un motorizado de la Policía Nacional en Guayaquil y la reportera Belén Zapata de El Universo denunció que un grupo de personas la seguían e insultaban.

El 27 de noviembre Fundamedios denunció que los periodistas Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscan, del medio digital La Posta, fueron amenazados tras sus declaraciones sobre el movimiento indígena.

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