Miami (19 de junio de 2020).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó preocupación por un proyecto de ley en Uruguay que sobreprotege las actuaciones de los policías, al punto de castigar hasta con 18 meses de cárcel a quienes los agravien, insulten o critiquen en forma verbal o por escrito.
El Senado aprobó el 6 de junio la Ley de Urgente Consideración (LUC), crea un nuevo tipo de delito penal contra las libertades de expresión y de prensa en el artículo 11. El artículo 11 establece que "el que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte, por palabras, escritos o hechos, a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas, será castigado con una pena de tres a dieciocho meses de prisión". La ley está en discusión en la Cámara de Diputados.
En una época en que existe una controversia en el mundo entero entre los abusos cometidos por policías contra los ciudadanos y por dotar a las fuerzas del orden con mayor institucionalidad, Christopher Barnes, presidente de la SIP, y Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, coincidieron en que los legisladores "se han excedido en sus labores, al crear 'un nuevo delito de comunicación' o una nueva acción penal contraria a principios constitucionales sobre las libertades de expresión y de prensa".
Barnes, director de The Gleaner Company (Media) Limited, Kingston, Jamaica and Rock, director del portal La Silla Rota, Ciudad de México, México, dijo que "los agentes de policía deben estar protegidos de las quejas físicas y violentas, sin embargo, para castigar las críticas, verbal o escrito, de ciudadanos, periodistas y medios de comunicación es una forma de crear privilegios que se remontan a la desafortunada era cuando en América Latina había muchas leyes de desprecio e insulto que protegían erróneamente el honor de las autoridades".
Agregaron que "el agente policial es quizás el primer contacto que el ciudadano tiene con el Estado, y el canal por el que frecuentemente experimenta violaciones a sus derechos, lo que lo transforma en sujeto natural de escrutinio social y de los medios en particular".
Al justificar su pedido a los diputados para que modifiquen la ley, Barnes y Rock argumentaron que "Uruguay siempre ha dado muestras de una profunda cultura democrática y de libertad de expresión, por lo que esperamos que los diputados sean fieles a esa tradición".
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami.
