Bolivia

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78 Asamblea General
27 - 30 de octubre de 2022
Madrid, España
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La libertad de prensa atraviesa un momento de alta fragilidad, por el asedio y la asfixia económica de parte del gobierno nacional contra los medios de comunicación independientes.

En ese sentido, el diario Los Tiempos de la ciudad de Cochabamba denunció el intento de despojo, atribuido a uno de sus accionistas vinculado al partido gobernante, y la asfixia judicial, tributaria y económica con la que el gobierno intenta silenciarlo.

En el caso del periódico centenario El Diario, la persecución tributaria se extendió a sus anunciadores, a los que el gobierno amenaza para que no pauten publicidad en sus páginas. Además, la autoridad impositiva desconoce de manera sistemática el pago de deudas anteriores que hizo el periódico, pretendiendo someter al medio y asfixiarlo financieramente.

Las políticas gubernamentales continúan excluyendo a medios independientes de la pauta publicitaria que administra el Ministerio de la Presidencia. Fortalece, sin embargo, la economía de cadenas de medios afines, nacionales e internacionales, radioemisoras de sindicatos rurales que conforman un aparato comunicacional paralelo al estatal de radio, televisión, impresos y digitales.

Llama la atención la asignación de publicidad estatal a grandes plataformas digitales como YouTube, Facebook y otras redes sociales, en lugar de dirigirla a medios del país que podrían emplear los recursos en su fortalecimiento y aliviar la obligada racionalización de personal motivada por la crisis financiera que atraviesan.

En septiembre, se registraron tres casos de requerimientos orientados a quebrar el secreto de fuente informativa, protegido por la Ley de Imprenta. Jueces, fiscales y abogados intentaron obligar a periodistas a revelar el origen de información sobre casos de salud pública, corrupción y el fallecimiento de una persona en una celda policial.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechazó los requerimientos y respaldó a los periodistas, mostrando sorpresa de que los requerimientos provengan de profesionales del derecho y autoridades judiciales encargadas de preservar los principios constitucionales y las leyes en vigencia.

Esa indefensión ante una Justicia lenta y poco proclive a fallar a favor de la libertad de prensa la experimentaron varios periodistas. Hace un año seis periodistas fueron secuestrados y torturados en el departamento de Santa Cruz cuando cubrían la toma violenta de tierras. Los tribunales liberaron a dos autores intelectuales y materiales del atropello y las víctimas quedaron a la espera de una sanción reparadora.

Periodistas de diferentes ciudades y organizaciones protagonizaron marchas de protesta y demandaron a los administradores de justicia el respeto a la Constitución y a la Ley de Imprenta, en respaldo a su labor periodística y la libertad de prensa.

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