Brasil

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78 Asamblea General
27 - 30 de octubre de 2022
Madrid, España
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La situación de libertad de prensa sigue siendo crítica, e incluso empeoró en el periodo previo a la primera vuelta de las elecciones generales del 2 de octubre, especialmente en el ámbito digital.

Según Reporteros sin Fronteras (RSF), a partir del inicio de la campaña, el 16 de agosto, se registraron 2,8 millones de mensajes con contenido ofensivo para los periodistas, 86% en contra de mujeres profesionales. Según RSF, la mayoría de los mensajes provinieron del presidente Jair Bolsonaro, sus aliados políticos, su familia y partidarios.

Algunos ataques fueron más allá de las redes sociales y se reprodujeron en persona. Durante la campaña, el principal objetivo del presidente y sus aliados fue la periodista Vera Magalhães, columnista del periódico O Globo, de la emisora de radio CBN y presentadora de Cultura TV. En el primer debate entre los candidatos presidenciales, del 28 de agosto en la cadena de televisión Band, el presidente atacó a la periodista, justo después de que esta formulara una pregunta sobre las vacunas al candidato Ciro Gomes (PDT). "Vera, no podía esperar otra cosa de ti (...) Eres una vergüenza para el periodismo", dijo Bolsonaro.

El 13 de septiembre, el diputado estatal Douglas García, aliado del presidente Bolsonaro, repitió la práctica e intentó intimidar a Vera Magalhães al final del debate para el gobierno de San Pablo, promovido por TV Cultura en colaboración con UOL y Folha de São Paulo. Filmando a la periodista con su teléfono móvil, el parlamentario repitió la frase del presidente: "Eres una vergüenza para el periodismo". También cuestionó su salario.

Continúan las agresiones físicas a periodistas, en general por desacuerdo con su función. El 21 de septiembre, los reporteros Bruno Motta y Alexandre Perassoli, de TV Centro América, filial de TV Globo en Mato Grosso, fueron amenazados y agredidos por un productor rural mientras informaban sobre los incendios en la producción de algodón.

El ataque a los profesionales de Mato Grosso es sólo una de cientos de violaciones a la libertad de prensa que la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) identificó en 2022. Del total de alertas recogidas en el año (353), 81 son casos graves, con violencia física, destrucción material de equipo de trabajo, amenazas y asesinatos. La cifra representa un aumento del 33% en comparación con el mismo periodo de 2021 (61).

El caso más emblemático de la violencia fue el asesinato del periodista británico Dom Phillips, colaborador del diario The Guardian. Fue asesinado, junto con el activista indigenista Bruno Pereira, el 5 de junio en Amazonas. Trabajaban en la búsqueda de información sobre pesca, caza y minería ilegales. Los cuerpos fueron encontrados 10 días después, en una de las orillas del río Itaquaí. El Ministerio Público Federal (MPF) identificó y denunció a tres personas acusadas de doble asesinato en primer grado y ocultación de cadáver. El Tribunal Federal de Amazonas aceptó la denuncia y los acusados están en prisión a la espera de juicio. El presunto autor intelectual del crimen también está en prisión. Las investigaciones continúan.

En los últimos seis meses también se registraron casos de censura judicial. Uno de los más flagrantes fue la decisión del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios que ordenó al portal UOL retirar del aire dos artículos y posts en sus redes sociales sobre informes por el uso de dinero en efectivo en 51 de las 107 propiedades adquiridas por la familia Bolsonaro en los últimos 30 años. La decisión fue anulada poco después por el ministro André Mendonça, del Tribunal Supremo (STF).

Lo mismo ocurrió en un caso relacionado con el periódico O Estado de São Paulo. El ministro Luiz Fux, del STF, anuló la censura impuesta por el Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul, que prohibía al periódico paulista publicar un reportaje sobre un club de tiro. Aunque el STF anuló ambas sentencias, los medios mostraron su preocupación de que los jueces de primera instancia no respetan el principio constitucional, incluso después de reiteradas sentencias del máximo tribunal del país contra la censura judicial en los últimos años.

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