Canadá

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78 Asamblea General
27 - 30 de octubre de 2022
Madrid, España
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En este período no se registraron hechos graves que afectaran la libertad de prensa y el ejercicio periodístico, aunque medios, periodistas y organizaciones levantaron su voz ante los crecientes ataques de odio que sufren a través de las redes sociales.

El 1 de septiembre, 52 organizaciones y medios de comunicación denunciaron por carta al primer ministro Justin Trudeau, "el creciente y alarmante odio y acoso en línea contra los periodistas y el periodismo como profesión". Consideraron que no se trata solo de ataques contra la prensa, sino contra la democracia. Pusieron de relieve que la mayor cantidad de ataques son por género y raza, dado que la mayoría afecta a mujeres periodistas y reporteros pertenecientes a minorías étnicas.

En esa carta, pidieron a Trudeau algunas soluciones, entre ellas, que los medios entreguen a la policía informes sobre patrones de abuso contra periodistas para que no actúen solo ante denuncias individuales y que se reclame a las plataformas digitales que actúen con urgencia y eficacia para moderar los ataques y abusos contra los periodistas en las redes sociales.

El 11 de agosto, varias organizaciones y medios, entre ellas la Asociación Canadiense de Periodistas (CAJ), The Hill Times, el Toronto Star y Global News, pidieron a los jefes de policía de Ottawa y Toronto que investiguen las amenazas de muerte y violación que recibieron las periodistas Saba Eitizaz, Rachel Gilmore y Erica Ifill.

Todavía persiste en el gobierno una cultura de clasificación injustificada de información de interés público, mientras que la Ley Antiterrorista, en vigencia desde 2015, amplió la autoridad de los organismos gubernamentales para compartir información sobre las personas.

Según informes del Índice Chapultepec de la SIP, el Parlamento viene discutiendo los proyectos de ley C-10 y C-11 que redefinen el sistema de telecomunicación y radiodifusión, así como los poderes y mandatos de la autoridad federal, es decir la Comisión Canadiense de Radiotelevisión y Telecomunicaciones (CRTC, siglas en inglés).

El proyecto C-11 otorgaría poderes a la Comisión para monitorear el contenido audiovisual que se produce en la televisión y en las redes sociales. Google había expresado su desacuerdo al considerar que el proyecto limitaría el acceso a contenido en YouTube, porque la nueva regulación privilegia el contenido producido en el país.

El Tribunal Supremo ha reconocido que la garantía de libertad de expresión de la Constitución no es absoluta y que tiene límites como por ejemplo la incitación al odio.

Sigue avanzando en el Parlamento el Proyecto de Ley C-18 sobre noticias en línea que obligará a los medios y plataformas digitales negociar una remuneración por el uso de contenidos noticiosos. Esta ley aplicaría a Google y Meta, pero estas empresas podrían solicitar se les exima en caso de que alcancen acuerdos de compensación justa con los medios. A diferencia de una ley similar en Australia que es implementada por un Ministerio, en Canadá se creará una Comisión autónoma para la supervisión de los acuerdos y la transparencia de los mismos.

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