Se registró un preocupante aumento del cerco judicial a la prensa durante este período, así como agresiones contra periodistas y medios, en especial durante el proceso de las elecciones municipales programadas para octubre. Siguen preocupando las agresiones, amenazas e intimidaciones estigmatizantes en redes sociales en contra de mujeres periodistas. También los incidentes causados por el autoritarismo o la falta de preparación de funcionarios públicos.
El Supremo Tribunal Federal (STF) tiene un historial de decisiones favorables a estos dos derechos constitucionales. Sin embargo, el ministro de la STF Alexandre de Moraes suspendió el 30 de agosto la red social X (anteriormente Twitter), prohibió el acceso incluso a través de VPN (red privada virtual) e impuso una multa diaria de R$ 50.000 a cualquier persona o empresa que se conectara a la plataforma. La decisión del magistrado, una reacción a repetidos incumplimientos legales (órdenes de bloqueo de perfiles), a la falta de un representante de la empresa en el país y al impago de multas por casi R$ 20 millones, impactó negativamente en el trabajo de los periodistas.
La Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) expresó su "profunda preocupación" por las restricciones al trabajo de la prensa tras la prohibición del STF, que imposibilita y amenaza con multas a los medios y profesionales que, "por la naturaleza de su misión, necesitan monitorear lo que ocurre dentro de la plataforma". La entidad resaltó haber recibido una serie de informes de medios y periodistas que ya no tienen acceso a opiniones, relatos y pensamientos de diversas fuentes de noticias, tanto dentro como fuera del país.
En otro caso, en 2023 se determinó que los medios de comunicación pueden ser responsables por injurias, difamaciones o calumnias proferidas por un entrevistado. El 8 de marzo, el STF publicó el acuerdo con el texto final de la Tesis Jurídica aprobada por la Corte. Según las principales entidades defensoras de las libertades de prensa y de expresión del país, entre ellas la ANJ, amicus curiae en el caso original —juicio del Recurso Extraordinario (RE 1075412) de la denuncia del exdiputado federal Ricardo Zarattini, ya fallecido, contra el Diario de Pernambuco—, el ahora Tema de Repercusión General 995 afecta la libertad de prensa. Puede llevar a un estado creciente de autocensura y a una mayor restricción de la difusión de contenidos periodísticos de interés público, sin mencionar la posibilidad de eliminación de textos, videos y fotos producidos por el periodismo profesional brasileño.
El 15 de abril la ANJ solicitó una modificación en la Tesis, para que los medios sean responsables sólo cuando no haya duda de la falsedad de la información y se demuestre la mala fe del medio en la publicación de la acusación.
En agosto, el pleno del STF comenzó a analizar las manifestaciones de las partes y, posteriormente, el ministro Fachin, relator del caso, presentó una nueva redacción para el Tema 995, considerada positiva por las entidades brasileñas ligadas al periodismo. Según él, la responsabilidad de la prensa debe ocurrir en casos de negligencia y concluyó que el medio no debe ser sancionado por acusaciones falsas hechas durante entrevistas en vivo.
Una tercera situación de acoso judicial que había restringido a la prensa durante mucho tiempo tuvo un desenlace positivo. El 22 de mayo, el pleno del STF reconoció como acoso judicial la presentación de numerosas demandas simultáneas sobre los mismos hechos, en distintos lugares, con el fin de coaccionar a periodistas u órganos de prensa y dificultar o encarecer su defensa. A juicio del tribunal, esta práctica es abusiva y compromete la libertad de expresión.
El pleno del STF concluyó que "constituye acoso judicial, comprometedor de la libertad de expresión, la presentación de numerosas demandas sobre los mismos hechos, en diferentes jurisdicciones, con el propósito o efecto de coaccionar a un periodista o a un medio de prensa, dificultar su defensa o hacerla excesivamente onerosa". Los magistrados también reafirmaron que la responsabilidad de los periodistas o medios de comunicación sólo ocurre en caso de dolo inequívoco o negligencia grave.
El STF estuvo involucrado en otros casos de censura judicial. El 22 de agosto, el ministro Alexandre de Moraes prohibió al exasesor de la Presidencia de la República, Filipe Garcia Martins, dar una entrevista al periódico Folha de São Paulo. Sospechoso de haber participado en un complot golpista encabezado por el expresidente Jair Bolsonaro, Martins estuvo preso durante seis meses bajo el argumento de que podría huir del país.
Moraes alegó que el reportaje violaría una de las condiciones impuestas para la liberación de Martins, la cual estipula que no debe comunicarse con otros investigados en la supuesta trama golpista, como Bolsonaro, los exministros Walter Braga Netto y Augusto Heleno, y el excomandante de la Marina Almir Garnier.
También por decisión del ministro Moraes, el 18 de junio el STF ordenó la retirada de dos videos y dos artículos periodísticos que contenían declaraciones de Jullyene Lins, exesposa del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (PP-AL), en las que esta afirmaba que había sido agredida por el parlamentario. La medida respondía a una solicitud presentada por la defensa de Lira e incluía un video de una entrevista con Jullyene realizada por Folha de São Paulo en 2021, otro de Mídia Ninja, un reportaje del portal Terra y otro de Brasil de Fato sobre el caso. Sin embargo, al día siguiente Moraes revocó la sentencia.
En los tribunales de primera instancia, el Tribunal de Justicia de São Paulo (TJ-SP) condenó, el 6 de junio, al periodista Luan Araújo por difamación, tras publicar un artículo en internet con críticas a la diputada Carla Zambelli (PL-SP), según el seguimiento realizado por ABERT. Poco antes de las elecciones de 2022, Zambelli persiguió al periodista con un arma en la mano en São Paulo (SP). Después del episodio, Araújo publicó en el DCM (Diário do Centro do Mundo) un texto en el que afirmaba que la diputada "sigue cometiendo atrocidades tras atrocidades". La pena de ocho meses de prisión fue convertida en servicios comunitarios.
El 5 de junio, el Juzgado Civil Nº 1 de la Comarca de Brusque (SC) censuró el sitio Metrópoles y ordenó la eliminación del reportaje de la columna que revelaba, en agosto de 2022, mensajes intercambiados en un grupo de WhatsApp por empresarios bolsonaristas que defendían un golpe de Estado en caso de derrota de Jair Bolsonaro en las elecciones de ese año, y que atacaban a diversas instituciones.
El primer informe de la Coalición en Defensa del Periodismo (CDJor), basado en las dos primeras semanas de la campaña electoral y en el monitoreo de las redes sociales, muestra "un cuadro de difusión y banalización de ataques a periodistas y medios de comunicación en todo el país".
También se registraron agresiones. El 1 de septiembre, Marçal (PRTB) atacó al periodista de TV Gazeta/UOL, Josias de Souza, y a la prensa, durante un debate promovido por Gazeta/MyNews.
Las prácticas de desvalorización de la prensa ya se veían antes de las elecciones. En la cobertura que realizó el periodismo profesional sobre los impactos de las inundaciones de mayo en Río Grande do Sul, las hostilidades estuvieron acompañadas de una gran cantidad de desinformación propagada en las redes sociales. Rede Globo, que desplazó a varios de sus profesionales al Estado, fue el principal objetivo.
El 8 de mayo, el reportero Arildo Palermo, de RBS, afiliada a TV Globo en Río Grande do Sul, fue hostigado por un hombre mientras realizaba una transmisión en vivo sobre las inundaciones en el Estado.
El periodista William Bonner, de Jornal Nacional, TV Globo, también fue hostilizado mientras grababa un anuncio. El agresor cuestionó la demora de la emisora en llegar al Estado. "¿Por qué no estuvieron con nosotros en este rescate?", dijo el hombre, grabando la escena. Más adelante, el agresor gritó: "Globo estaba transmitiendo a Madonna mientras los gaúchos estaban bajo el agua, Canoas estaba bajo el agua, personas murieron. Vergüenza de Globo, vergüenza de ustedes".
También, de acuerdo con Poder360, durante una entrevista en vivo en CNN el 9 de mayo, un hombre con un chaleco de rescatista voluntario gritó "Globo basura" y "Fuera Lula". La emisora estaba cubriendo las búsquedas de sobrevivientes en la ciudad de Canoas cuando el reportero Pedro Teixeira fue sorprendido por los gritos.
El periódico Correio Braziliense informó que el periodista Eduardo Paganella, de RBS, fue hostigado en vivo mientras mostraba un refugio montado para recibir animales rescatados.
Coletiva.net, especializado en comunicación, informó que el Sindicato de Periodistas Profesionales de Rio Grande do Sul (Sindjors) recibió al menos ocho informes de profesionales que fueron hostigados durante su trabajo en la cobertura de las inundaciones.
Además, según Coletiva.net, meses después, en el contexto de la recuperación de Río Grande del Sur tras los daños causados por las inundaciones, continuaron los ataques a la prensa. El 3 de julio, la periodista Maria Eduarda Romagna, de Band-RS, fue hostigada por el público mientras cubría un evento oficial del gobierno federal en el Mercado Público de Porto Alegre.
En el contexto de las elecciones municipales, el 29 de agosto, en Manaos (AM), se registró un episodio de agresión física contra el reportero Adriano Santos, de Radar Amazônia. El periodista intentaba cuestionar al alcalde de la ciudad, David Almeida (Avante), sobre un posible delito electoral cometido en el lugar, cuando fue golpeado por su guardaespaldas.
El 9 de septiembre, según CDJor, un equipo de TV Norte Amazonas – SBT Manaos, compuesto por el reportero Gabriel de Abreu Lima y el camarógrafo Alan Glesseir, fue hostigado y amenazado por los guardaespaldas de la candidata a la reelección, Patrícia Lopes, en el municipio de Presidente Figueiredo (AM).
Los abusos autoritarios alcanzaron su extremo en Mato Grosso. Desde 2021, el gobernador Mauro Mendes (Unión) ha iniciado investigaciones policiales o acciones judiciales contra 18 periodistas que produjeron reportajes críticos sobre su gobierno. Las numerosas investigaciones llegaron al punto de que la Policía Civil de Mato Grosso creó la Operación Fake News para investigar una supuesta red de difusión de información falsa contra la gestión de Mendes. En una de las fases de la investigación, tres periodistas que reprodujeron contenidos críticos hacia el gobierno fueron considerados sospechosos de delitos de calumnia agravada, persecución y asociación delictiva. Los profesionales vieron sus equipos confiscados por agentes, y sus defensas recurrieron al STF alegando violación constitucional del derecho al secreto de la fuente periodística.
El gobierno niega persecución y afirma que solo está ejerciendo su derecho de "procesar a quienes mintieron".
A principios de este año, entidades representativas de periodistas denunciaron ante las autoridades federales la existencia de una supuesta "policía paralela" del gobierno de Mato Grosso que perseguía a los periodistas. Tras las denuncias, la Secretaría Nacional de Justicia (Senajus) del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública creó una comisión para seguir los casos y elaborar un informe. En el STF, la ministra Cármen Lúcia suspendió, por medio de una orden judicial, la Operación Fake News.
Las agresiones a mujeres periodistas son otra vertiente recurrente de violencia contra la prensa en Brasil. Según un monitoreo de ABERT, el 24 de agosto la reportera Alinne Fanelli, de BandNews FM, fue víctima de machismo por parte del entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira, durante una conferencia de prensa en el estadio Brinco de Ouro, en Campinas (SP).
El 8 de julio, la reportera Isadora Aires, de CNN Brasil, fue hostigada durante la cobertura de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), en Balneário Camboriú (SC). La profesional se preparaba para una transmisión en vivo, en el Centro de Convenciones, cuando fue rodeada por los participantes del evento, quienes al grito de "basura" y "fuera" intimidaron a la reportera.
