El prestigio del país en materia de derechos humanos y libertad de expresión no permite apreciar, en el extranjero, las señales de alarma que se vienen encendiendo en los últimos dos años. Hay agresiones verbales, en algún caso convertidas en vapuleo físico; denegatoria de información pública, y desviación de poder con la intención de afectar los intereses económicos de los medios y sus accionistas.
El 17 de abril, el presidente Rodrigo Chaves anunció su intención de vetar un proyecto de ley impulsado por cuatro partidos políticos para modificar el monto cobrado a las concesionarias de radio y televisión por el uso del espectro. Las sumas fueron fijadas hace décadas y hay consenso sobre la necesidad de actualizarlas, pero el gobierno viene utilizando el argumento para denunciar un supuesto abuso por parte de los principales medios electrónicos, que también se han manifestado a favor de la actualización. El gobierno pretende cobrarles un 7,7% de los ingresos brutos, lo cual afectaría a los medios más importantes, también sus principales críticos. Además, constituye un impuesto adicional sobre ingresos.
El 22 de abril, un informe sobre los derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos alertó sobre los ataques del presidente Chaves contra periodistas y medios de comunicación. El documento también contiene observaciones sobre la concentración de la pauta estatal en el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) y la reducción de la publicidad pública en los medios críticos a la gestión de Chaves.
El 25 de abril, alegando razones de austeridad, la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, pidió cancelar las suscripciones contratadas por la Asamblea Legislativa, casi todas con medios críticos del gobierno.
El 3 de mayo, el informe de Reporteros sin Fronteras situó al país 18 puestos por debajo del informe de libertad de prensa publicado en 2021.
El 10 de junio, una comisión legislativa que durante nueve meses investigó el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) concluyó que el gobierno utilizó la agencia de publicidad de la institución para concentrar y politizar toda la pauta estatal para favorecer a los medios afines y castigar a los críticos. El informe, aprobado por el plenario, califica de "método perverso" el recurso a las contrataciones, "como una forma de control para dominar la línea editorial de los medios de comunicación y asignar los recursos a aquellos medios que no ejerzan una crítica al Ejecutivo".
Las instituciones públicas recibieron instrucciones de contratar al Sinart para que manejara sus presupuestos de publicidad con la intención de "democratizar" la pauta publicitaria. Luego, la exministra de Comunicación Patricia Navarro confesó ante la comisión, tras ser removida del cargo, que "la democratización de la pauta del Gobierno es pagar para que hablen bien de Rodrigo Chaves".
"Comprometieron y sometieron a una crisis sin precedentes al Sinart, institución que fue utilizada con un fin estrictamente político por Casa Presidencial", señala el informe.
Los parlamentarios recomendaron al Ministerio Público investigar al "Comité Editorial" creado en Casa Presidencial, por el delito de tráfico de influencias en lo relacionado con la concentración de fondos en el Sinart y el manejo de recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para pagar servicios de comunicación, en particular mediante un concurso cuyos términos fueron redactados por quienes estaban destinados a ganarlo.
El 10 de julio se demostró que las conferencias de prensa son coreografiadas para favorecer las preguntas obsecuentes. Cuando Héctor Guzmán, de Stay TV, preguntó al mandatario sobre las cuestionadas actuaciones de su gobierno en la zona silvestre protegida de Gandoca-Manzanillo, la respuesta fue acusarlo de preguntar para que terceros concluyan lo que él desea. El 30 de julio el mismo periodista fue descalificado y silenciado por el mandatario cuando preguntó sobre los defectos detectados en una ley impulsada por el gobierno.
El 11 de septiembre, escoltas de la Unidad de Protección Presidencial (UPP) rodearon a los periodistas David Bolaños y David Chavarría, de los medios Doble Check e Interferencia, cuando intentaron hacer preguntas a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y al presidente Chaves, durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial. El mandatario se burló de los informadores y sus medios a lo largo de la conferencia.
El 16 de julio, un informe sobre el estado de la libertad de expresión del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) y el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom), ambos de la Universidad de Costa Rica (UCR), denunció que "las garantías para la libertad de prensa se han visto erosionadas, en los últimos dos años, producto de los ataques sistemáticos del presidente Rodrigo Chaves a periodistas y medios de comunicación, a la pérdida de confianza de la ciudadanía en los medios de comunicación y a los altos niveles de violencia en línea".
El 65,6% de los encuestados en el informe señaló que la libertad de expresión está en peligro y el 53% considera que hay censura o limitaciones para expresarse libremente.
El informe estudió las 64 conferencias de prensa semanales del presidente Chaves durante su gestión hasta enero de 2024. Contabilizó 291 menciones a la prensa, de las cuales 287 fueron negativas.
El 24 de julio, durante la celebración de la anexión de la provincia de Guanacaste, Chaves criticó a Canal 7. Uno de sus partidarios gritó "son cobardes" y el presidente le pidió repetirlo: "¿Qué dijo usted? Ustedes oyeron, yo no lo voy a repetir, pero el director de ese medio no tiene lo que se ocupa (necesita), que a los guanacastecos les sobra para invitarme, para decir, Chaves, venga lo voy a entrevistar en vivo porque si no después cortan más que una costurera. Venga, lo entrevisto en vivo y debatamos los temas nacionales".
El 9 de agosto, la reforma a dos artículos del Código Disciplinario de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) estableció severas multas para cualquier declaración "peyorativa, burlona, despectiva u ofensiva" sobre los árbitros, vertida por protagonistas del deporte en los medios, redes sociales o internet.
El 4 de setiembre, el diario La Teja consultó al presidente Chaves sobre una investigación abierta por la Fiscalía por supuesta "legitimación de capitales" cuando adquirió su casa y varios relojes de lujo. El medio aguardaba la respuesta y, sin que la noticia estuviera publicada, Chaves desató un ataque contra La Nación, integrante del mismo grupo editorial, que no había formulado la pregunta ni informó sobre la investigación que existe, según lo confirmó el Ministerio Público.
No obstante, Chaves dirigió el ataque contra La Nación y su director, Armando González, a quien calificó, una vez más, como mentiroso. Meses atrás, dedicó un largo vídeo a preguntar si a La Nación y a su director no les daba vergüenza decir que una ley impulsada por el gobierno pretendía limitar las potestades de la Contraloría General de la República. Poco después, la Sala Constitucional dictaminó que la reforma no es compatible con la Carta Fundamental porque limitaría las potestades de la Contraloría.
Una ley vigente desde el 11 de noviembre de 2022 exige a todos los órganos colegiados de las instituciones públicas grabar en audio y video sus sesiones y ponerlas, junto con las respectivas actas, a disposición del público. Prácticamente ninguna cumple y el país ocupa el último lugar en acceso a la información de interés público entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) según el informe de esa entidad publicado el 26 de marzo bajo el título "Perspectivas de la OCDE sobre integridad y anticorrupción 2024″.
Los funcionarios de la administración, particularmente los mandos altos, se rehúsan a responder consultas de la prensa y cuando lo hacen, dejan transcurrir los diez días fijados por la ley general de administración pública para responder peticiones, aunque tengan la información a mano cuando se les consulta.
