La libertad de prensa siguió enfrentando retos significativos en este período, relacionados al acceso a la información pública, las restricciones en actividades oficiales y el control de contenido en los medios audiovisuales.
Estos desafíos están relacionados con la implementación de la Ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información Pública, las sanciones impuestas a los medios por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR) y los riesgos potenciales asociados a la modificación de la Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El Grupo de Medios Panorama denunció en mayo a los ministerios de Cultura y Agricultura, así como a Edesur y al Consejo Estatal del Azúcar (CEA), por negarse a proporcionar información solicitada.
En junio, el periódico Diario Libre reportó que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) tardó más de seis meses en responder a una solicitud de información.
Otros medios, como El Día y Listín Diario, denunciaron la resistencia de funcionarios a entregar información pública, incluso en casos que no involucran datos sensibles.
El presidente Luis Abinader intervino el 25 de junio llamando a los funcionarios a cumplir con sus obligaciones bajo la Ley 200-04. Sin embargo, los medios continuaron reportando obstrucciones, como lo evidenció un amplio reportaje publicado por Listín Diario el 29 de junio.
Además, los periodistas han sido impedidos de realizar su labor. El 24 de julio Listín Diario condenó un incidente en el que a los corresponsales no se les permitió cubrir la inauguración de nuevos pabellones para migrantes en Haina.
El 25 de julio, el Senado culminó el trámite legislativo para aprobar en segunda lectura el proyecto de Ley 38-24, que establece la Cláusula de Conciencia como Protección de los Derechos Laborales en Favor de los Periodistas. Fue promulgada por el presidente Abinader el 9 de agosto. Esta cláusula y el secreto profesional están incluidas desde la reforma constitucional de 2010.
La CNEPR impuso sanciones a diversos programas y figuras públicas por el uso de lenguaje explícito. En junio, el programa Sin Filtro Radio Show y el cantante de música urbana Joan Manuel Nova fueron sancionados por el uso de "lenguaje exageradamente vulgar" en una transmisión en vivo.
En agosto, la comunicadora Tamara Martínez fue suspendida por 30 días de la radio y la televisión bajo el argumento de que utilizó un lenguaje vulgar en el programa Fogaraté Radio Show, que también fue suspendido por 10 días.
Estas acciones generan debate sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y la regulación de contenidos. Algunos sectores criticaron la ambigüedad de criterios de la CNEPR.
El 19 de septiembre se presentó ante el Senado un proyecto de ley para modificar la Ley 1-24 que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y se teme que algunas disposiciones puedan ser utilizadas para aumentar el control gubernamental sobre los medios en lo relacionado con la vigilancia y la seguridad nacional.
El anteproyecto de ley que reforma y moderniza la legislación sobre libertad de prensa, elaborado por una comisión consultiva creada por el presidente Abinader, todavía no se presentó al Congreso Nacional.