CONSIDERANDO que el régimen de Nicolás Maduro continúa opacando los pocos vestigios que quedan de las libertades de expresión y de prensa, y que el periodismo independiente permanece sujeto a una estricta política oficial de bloqueo de Internet que también afecta a los ciudadanos en las redes sociales
CONSIDERANDO que durante el período electoral se incrementaron los ataques de las fuerzas policiales y grupos paraestatales contra el periodismo independiente ante los reclamos de fraude, lo que produjo la detención de docenas de periodistas y represalias contra medios
CONSIDERANDO que el gobierno continuó ejerciendo bloqueos y restricciones a internet a través de compañías telefónicas y proveedoras de servicios, lo que afectó servicios de comunicación como WhatsApp, X, Signal, Reddit y Microsoft Teams, así como de medios internacionales como The Wall Street Journal
CONSIDERANDO que Conatel cerró ocho estaciones de radio en distintos estados, entre abril y septiembre, y mantiene la censura sobre los canales de televisión, lo que deja casi inexistente el espectro radioeléctrico, y continúa bloqueando internet
CONSIDERANDO que las autoridades continúan allanando medios, como el diario El Caroreño, y que las instalaciones de El Nacional siguen tomadas por la fuerza pública desde hace tres años
CONSIDERANDO que el gobierno dificultó la labor de la prensa extranjera durante las elecciones, restringió el ingreso de equipos de transmisión y deportó a 11 periodistas, y que acosó las oficinas de medios y agencias extranjeras como CNN, AFP, AP, Reuters y Bloomberg con inspecciones de entidades tributarias
CONSIDERANDO que los principios 4 y 5 de la Declaración de Chapultepec establecen que "las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa", lo mismo que "las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas".
LA 80ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
Expresar solidaridad a periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos y ciudadanos que ven comprometidos sus derechos a las libertades de expresión y de prensa
Exigir a los organismos internacionales que promueven los derechos humanos que continúen creando conciencia sobre las atrocidades del régimen en contra de sus ciudadanos, para que cesen la persecución de las voces críticas, las detenciones arbitrarias y la criminalización de la actividad periodística.
