Cuba

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80ª Asamblea General de la SIP, 17 – 20 de octubre de 2024, Córdoba, Argentina
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La enésima ofensiva contra el periodismo independiente se ha desatado en septiembre en forma de citaciones, antecedidas por diferentes medidas de acoso psicológico por parte de las autoridades. Como ante cada nueva elección en Estados Unidos, la dictadura trata de maniatar a la sociedad civil, en especial al escaso y golpeado periodismo independiente.

Jóvenes y mujeres periodistas fueron acosados, citados, amenazados por agentes de la Seguridad del Estado y forzados a dejarse filmar por la policía secreta, con declaraciones desmoralizadoras sobre su trabajo. Estas declaraciones serán, seguramente, editadas y exhibidas en programas televisivos denigratorios, como ocurrió otras veces. También se les decomisó bienes de trabajo y salarios, al tiempo que sus allegados fueron amenazados. Annery Rivera, Yennys Hernández Molina, Yadira Álvarez Betancourt y María Lucia Expósito fueron algunas de las víctimas.

Mayelín Rodríguez Prado fue condenada en mayo a 15 años de prisión tras participar en una protesta contra los apagones y la pobreza. Su delito fue entrevistar y transmitir videos sobre dos niñas golpeadas por agentes del Ministerio del Interior durante esa manifestación.

Lázaro Yuri Valle Roca es el único periodista independiente preso que fue liberado en este periodo. Lo excarcelaron por su deplorable estado de salud y por desatención médica. Aceptó emigrar con su esposa. El periodista Jorge Bello continúa encarcelado desde que se sumó a las protestas del 11 de julio de 2021. Tiene una condena a 15 años de prisión.

El medio El Toque, diario digital sobre temas cubanos con sede en Estados Unidos, fue objeto de una campaña de descrédito por parte del aparato de propaganda gubernamental. El Toque hacía un seguimiento de la continua devaluación del peso y un cálculo diario sobre el valor del peso frente al dólar, a partir de las ofertas de compraventa publicadas en redes sociales. La campaña oficial culpabilizó a El Toque de esa devaluación.

En octubre entraron en vigor la Ley de Comunicación Social, así como los decretos 101 y 102 de 2024, que la reglamentan, además de fortalecer la represión a la libertad de prensa.

En agosto fue publicado en la Gaceta Oficial el Decreto 107, que en su sección 1 (arts. 59 al 61, 63 al 66 y 69) prohíbe a todos los actores económicos privados la "edición y maquetación de (--) periódicos, tabloides y revistas en cualquier formato o soporte", la producción audiovisual profesional, la exhibición de documentales y otras obras cinematográficas, las transmisiones de radio y televisión –y su programación–, todas las facetas del manejo y la oferta de servicios de Internet y el manejo de agencias de noticias.

Varios periodistas independientes fueron arrestados, agredidos y seguidos por agentes del Ministerio del Interior. Entre ellos, Camila Acosta, tras intentar entrevistar a familiares de presos de las protestas del 11 de julio de 2021; Dagoberto Valdés, intelectual católico; Yoandy Izquierdo, miembro de la directiva de la Revista Convivencia; José Luis Tan, periodista y activista humanitario, quien además fue multado por sus publicaciones críticas en redes sociales, y el periodista Julio Aleaga.

Muchos ciudadanos fueron agredidos por la Policía por sus posts en Facebook, además de ser citados, detenidos y condenados. Desde enero de 2023, la joven Sulmira Martínez espera su juicio tras un escrito en el que incitaba a protestar.

Adisbel Bueno, Aroni Yanko García, Asdrúbal Kindelán, Liuber Caballero, Ernesto Salazar, Rey Asiel Naranjo, Consuelo Rodríguez, Lázaro Roberto Aguiar, Juan Luis Bravo, fueron detenidos por posts críticos en redes sociales. Los sacerdotes católicos Castor Álvarez y Kenny Fernández fueron amenazados por sus denuncias en Facebook. La lista es incompleta, pues la mayoría no hace denuncias oficiales ni públicas por temor a represalias.

Se mantiene la práctica de los arrestos domiciliarios en contra de periodistas independientes ante fechas especiales como el 1 de mayo y el 11 de julio. Casi todos los reporteros del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) sufrieron ese castigo, entre ellos Boris González Arenas, Camila Acosta y José Luis Tan. Veris Curbelo Aguilera fue detenido para impedirle asistir a un juicio contra manifestantes pacíficos, y Vladimir Turró, después de salir de la casa sitiada de la líder de las Damas de Blanco. Laura María Labrada y Niurka Ortega fueron arrestadas por repartir boletines independientes del ICLEP.

La directiva de la revista digital musical Magazine Am/Pm anunció su cierre debido al acoso de la Seguridad del Estado.

La conexión de internet de algunos comunicadores ha sido cortada o ralentizada antes y después de esas fechas.

Además de mantener vigilancia con agentes de civil sobre su vivienda y contactos, el director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP en Cuba, Henry Constantin, recibió varios a través de un familiar mensajes amenazadores a raíz de la publicación de reels en Instagram; se le advirtió que la Seguridad del Estado estaba detrás de él.

Varios periodistas independientes son personas "reguladas" por interés público (prohibición de salir del país). Entre ellos, Reinaldo Escobar, Camila Acosta, Anais Remón, Henry Constantin y Armando Sardiñas. La condición que se les exige para autorizarlos a salir del país es que no regresen.

El periodista José Luis Tan fue detenido al intentar viajar a La Habana en fecha cercana al 1 de mayo. Fue llevado a Villa Marista, el principal centro de detención, interrogatorio y tortura de la policía política. Durante cuatro días fue humillado, encerrado en solitario y privado del sueño. Fue sometido a otras vejaciones sin ningún pretexto, excepto que viajó a La Habana y por sus publicaciones en redes sociales.

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