Preocupan a la SIP nuevas formas de censura judicial y legislativa en México

En semanas recientes, se han registrado varios casos que configuran una preocupante tendencia:

• Campeche: Un tribunal local impuso una orden judicial sin precedentes al periodista Jorge Luis González Valdez, prohibiéndole referirse a la gobernadora Layda Sansores, según informó la prensa local. La medida obliga al medio Tribuna Campeche a someter todo su contenido a revisión previa de un interventor judicial, constituyendo un claro caso de censura previa, proscrita por estándares internacionales y la Constitución mexicana. Esto sucede pese a que un tribunal federal ya había declarado inconstitucional una sanción anterior contra el mismo periodista.
• Puebla: La reciente reforma al artículo 167 del Código Penal de Puebla amplía el delito de “ciberacoso” e introduce un nuevo supuesto de “violencia digital” que castiga con prisión a quien “realice publicaciones que afecten la dignidad” de una persona, según informes de prensa. La SIP advirtió que su redacción ambigua y amplia de la norma puede utilizarse para perseguir a periodistas, activistas o usuarios de redes sociales que critiquen a funcionarios públicos, lo que representa una forma de censura legal anticipada.
• Ciudad de México: El Instituto Nacional Electoral (INE) exigió al medio digital La Silla Rota que entregue documentos, videos y fuentes vinculadas a una investigación sobre presunta entrega de “acordeones” en la elección judicial del 1 de junio. La amenaza de una multa de hasta 11 millones de pesos (cerca de US$590.000) en caso de incumplimiento, representa una forma de presión institucional e intimidación indirecta al ejercicio periodístico. La Silla Rota ha señalado que se pretende vulnerar su derecho constitucional al secreto profesional y la protección de fuentes. Se les llama “acordeones” a listas que contienen información sobre candidatos o partidos políticos, diseñadas para facilitar el voto durante las elecciones.

Según señaló la Alianza de MediosMx, el caso de La Silla Rota no es aislado. En las últimas semanas el Tribunal Electoral de Tamaulipas ordenó al periodista Héctor de Mauleón y a El Universal retirar una columna crítica, con base en una demanda promovida por una candidata local. El INE colaboró en ese proceso entregando al tribunal datos personales del periodista. En otro caso, el organismo también pidió a la periodista Laura Brugés revelar la identidad de una fuente relacionada con los mismos “acordeones”, en contra de la legislación vigente que protege la secrecía periodística.