Durante este periodo se intensificó el uso de mecanismos policiales y judiciales como instrumentos de presión y represión contra periodistas independientes, creadores de contenido y activistas que informan, documentan y difunden información sobre la situación del país. Estas prácticas se tradujeron en un aumento de las detenciones, citaciones, interrogatorios y procesos judiciales, profundizando las restricciones al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.
El episodio de mayor gravedad fue el encarcelamiento preventivo del periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP. A ello se sumaron restricciones de movimiento masivas contra periodistas en La Habana, advertencias policiales en Pinar del Río, un juicio contra la creadora de contenido Anna Bensi y su madre por grabar a un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y la nueva detención de Andy García, expreso político del 11J que documentaba las protestas en Santa Clara.
El contexto sigue marcado por una profunda crisis energética. Medios independientes reportaron en septiembre el octavo colapso total del sistema eléctrico nacional en lo que va de 2026, además de cortes prolongados que afectan la conectividad, la capacidad de producir y difundir información. Los apagones de más de 20 horas diarias, hasta ahora más frecuentes en otras regiones del país, se extendieron también a La Habana. Los prolongados cortes de electricidad provocaron protestas espontáneas y cacerolazos en la capital, documentados con teléfonos celulares por periodistas y ciudadanos. Algunas de estas manifestaciones derivaron en detenciones.
Al mismo tiempo, se registraron brotes de enfermedades como dengue, influenza y hepatitis en la ciudad de Camagüey, que afectaron a amplios sectores de la población en un contexto de escasez de medicamentos, insumos y personal especializado. Las interrupciones de electricidad y de agua en centros hospitalarios agravaron la situación sanitaria.
Entre mayo y septiembre se produjo una escalada en las restricciones de movimiento y presiones contra el periodista Henry Constantín. En julio, agentes de la Seguridad del Estado (SE) le impidieron asistir a la celebración por el 4 de Julio en la residencia en La Habana del embajador de Estados Unidos, Mike Hammer, mediante vigilancia y advertencias en los alrededores de su domicilio en Camagüey. Este episodio se suma a otros en los que se ha obstaculizado su contacto con representantes diplomáticos.
El 8 de septiembre Constantín fue citado por un agente de la SE para presentarse al día siguiente en la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de la ciudad de Camagüey. El 15 de septiembre el mismo agente le informó de otra citación, esta vez en la segunda unidad de la PNR para el 16 de septiembre, en la cual quedó detenido. Las autoridades le atribuyen el supuesto delito de desobediencia por la citación del día 9, aunque el periodista sí asistió, solo llegó tarde y ya los agentes se habían retirado.
Tras su detención fue trasladado a Villa María Luisa, sede de operaciones de la SE. Se presentó un recurso de habeas corpus a su favor el 21 de septiembre, pero el Tribunal Provincial Popular no lo admitió, decisión comunicada directamente a Constantín a finales de mes.
El 24 de septiembre fue trasladado sin aviso a la cárcel de máxima seguridad Kilo 7, donde permanece bajo prisión provisional. A la defensa se le indicó de modo errado el lugar donde se encontraba: Cerámica en lugar de Kilo 7, se supo el sitio correcto por una llamada que realizó Constantín a su pareja, la periodista Alejandra García. Estos procesos se han desarrollado en un contexto aplicación arbitraria de las normas, acompañado por prácticas de desinformación.
El 30 de septiembre, su defensa presentó ante el Tribunal Municipal un manuscrito y una queja a la solicitud de variación de la medida cautelar, con el objetivo de sustituir la prisión provisional por una medida menos gravosa, conforme a la Ley del Proceso Penal.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba y el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Juan Pablo Segura, se pronunciaron en la red social X, calificando esta situación como injusta y señalando que Constantín permanece recluido por “reportar la verdad y revelar los abusos del régimen”.
En otros incidentes, entre el 17 y el 18 de septiembre se documentó un operativo de la SE para impedir que periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil asistieran a la celebración “Noches americanas”, organizada por la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Las medidas incluyeron advertencias personales, patrullas frente a domicilios y prohibiciones verbales de salir. Entre los periodistas afectados figuran Camila Acosta —quien denuncia que suele tener este tipo de vigilancia de manera constante—, Boris González Arenas, Yoani Sánchez, Reinaldo Escobar, Yunia Figueredo y Frank Correa. También se reportaron restricciones contra el activista Adelth Bonne Gamboa y otros miembros de la sociedad civil.
De igual forma, el 17 de septiembre, un agente de la SE identificado como el mayor John se presentó en la residencia de Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia, una organización de pensamiento independiente dedicada al análisis de la realidad cubana, para advertirle que sus miembros tenían prohibido asistir a “Noches americanas”. El Centro confirmó públicamente la visita.
Anna Sofía Benítez Silvente (Anna Bensi), creadora de contenido de 21 años, y su madre Caridad Silvente (Cary), enfrentan un proceso penal por “actos contra la intimidad personal y familiar, la propia imagen y voz, identidad de otra persona y sus datos”, tras grabar y difundir un video de un suboficial del Ministerio del Interior (MININT) durante una citación. En un juicio el 1 de octubre, calificado como una “farsa”, Ambas recibieron una pena de dos años de “libertad limitada”, que podría convertirse en prisión si incumplen las restricciones impuestas.
El expreso político del 11J Andy García Lorenzo fue detenido el 30 de agosto mientras grababa una protesta vecinal por los apagones en Santa Clara. Fue acusado, en primera instancia, de “desórdenes públicos” y liberado tras más de 20 horas. Su familia denunció que agentes de la SE lo habían amenazado previamente con prisión si continuaba documentando protestas.
En julio y agosto, Austin Llerandi Pérez, director del medio comunitario Amanecer Habanero, en La Habana, fue objeto de vigilancia, citaciones y amenazas de prisión por partes de agentes de la SE. A finales de agosto recibió un ultimátum para abandonar el país en un plazo de dos meses. Otros colaboradores del medio también enfrentaron presiones, incluyendo citaciones, amenazas de acusación por espionaje y restricciones de movimiento.
El 18 de septiembre, coincidiendo con el octavo colapso eléctrico nacional del año, la historiadora y ensayista Alina Bárbara López Hernández fue detenida en Matanzas cuando se disponía a realizar su protesta cívica mensual por los presos políticos. Permanece bajo reclusión domiciliaria.
Asimismo, durante el periodo se mantuvieron en prisión varios casos emblemáticos de la represión contra la disidencia y el ejercicio de la libertad de expresión. El humorista Eddy Ceballos, creador del canal Despingovery Channel, recibió la negativa a un recurso de control judicial, lo que prolonga su permanencia en prisión por “espionaje”.
Integrantes del proyecto digital independiente El4tico (El Cuartico) Kamil Zayas y Ernesto Ricardo Medina continúan en prisión bajo cargos vinculados a sus videos de análisis y sátira política, por incitar al “desorden público”, en un contexto de criminalización de espacios de opinión en redes sociales. Además de los periodistas Jorge Bello y José Gabriel Barrenechea, encarcelados por su participación en protestas, así como el caso de Mayelín Rodríguez Prado (La Chamaca del Chamaco) quien, sin ser periodista, cumple una codena de 15 años tras entrevistar a menores durante una manifestación, o Yunaikis Linares que cumple condena por su actividad en las redes sociales.
Los periodistas cubanos continúan enfrentando restricciones a la libertad de movimiento, entre ellas prohibiciones de salida del país mediante su inclusión en la categoría de “regulados”. Esta medida impide que periodistas independientes puedan viajar al exterior y es utilizada como un mecanismo adicional de presión y control sobre quienes ejercen el periodismo crítico o expresan opiniones disidentes.
En el plano jurídico, organismos internacionales continúan calificando el ordenamiento vigente como restrictivo de los derechos civiles. Figuras del Código Penal como el “mercenarismo” y la “propaganda contra el orden constitucional” se aplican tanto en procedimientos administrativos como judiciales.
La prensa independiente carece de reconocimiento legal, y algunos de sus periodistas aparecen como “desocupados” en los registros oficiales. Los medios independientes funcionan sin amparo jurídico legal.
En cuanto a internet, se reportan cortes del servicio, conexiones de baja calidad y limitaciones para los proveedores no estatales.
El estado conserva el control de los principales medios, entre ellos la radio, la televisión y las telecomunicaciones. A esto se suman obstáculos para producir y distribuir publicaciones impresas independientes, por la dificultad de conseguir insumos como el papel. El reciente Decreto 160/2026, publicado en julio y vigente desde agosto, cierra la posibilidad de que los medios independientes se formalicen como actividades económicas privadas en Cuba y mantiene bajo control estatal áreas esenciales como el periodismo, la publicación de medios, las agencias de noticias, la radiodifusión y determinadas actividades editoriales y de información. La norma, además de reforzar la falta de reconocimiento jurídico del periodismo independiente, introduce una nueva prohibición administrativa.
Durante este periodo se identificaron varias tendencias relevantes que permiten observar patrones persistentes y nuevas modalidades de restricción a la libertad de expresión y al ejercicio del periodismo. Las citaciones verbales suelen funcionar como antesala de detenciones y procesos penales, mientras que delitos ambiguos como la “desobediencia”, los “desórdenes públicos” o los “actos contra la intimidad” se convierten en instrumentos de presión. Además, las detenciones breves dan paso a la prisión provisional y las restricciones de movimiento se coordinan en fechas y actividades sensibles. A esto se suma la criminalización de grabar a agentes o protestas, así como impedimentos procesales como las demoras en la resolución de medidas como habeas corpus, variación de una medida cautelar y la falta de acceso a un expediente. Persiste la ausencia de información sobre investigaciones o sanciones sobre los responsables de estas acciones.
