Durante el periodo, se registraron diversos episodios que afectaron la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, incluidos hechos de extrema gravedad como el asesinato de dos periodistas, amenazas contra integrantes de medios de comunicación, detenciones y posibles actos de criminalización, así como intentos de limitar el acceso a la información pública por parte de funcionarios del gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
El hecho más grave fue el asesinato de dos periodistas en distintos puntos del país. En ambos casos se desconocen los móviles.
Carlos Humberto Cal Ical, periodista comunitario, fue asesinado el 26 de abril en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. Colaboraba con Radio Tezulutlán, Stereo Gerardi, Al Día y Noticias La Esfinge Cobán. Se desconocen los móviles del crimen.
Evelio Lisandro López Sánchez, de 34 años, fue asesinado el 2 de octubre en San Pedro Necta, Huehuetenango. Había denunciado públicamente amenazas de muerte relacionadas con su labor periodística. Dirigía la página de Facebook Huehue Es Noticias HNT2 y era miembro activo de la Asociación de Prensa de Huehuetenango.
En materia de acceso a la información pública, el Ministerio de Finanzas Públicas modificó la información disponible en el portal Guatecompras, que permite a cualquier persona fiscalizar las compras y contrataciones realizadas por el Estado mediante licitaciones o compras directas. Los cambios impedían conocer si una persona tenía relación con una o varias empresas o personas individuales proveedoras del Estado, lo que limitó las posibilidades de fiscalización y análisis de organizaciones sociales, medios y periodistas que dan seguimiento a estos procesos. Después de varias semanas de críticas por parte de medios de comunicación y organizaciones civiles dedicadas al análisis económico, el Gobierno revirtió la decisión y mantuvo la información disponible para consulta pública.
El 13 de agosto, Rodrigo Arenas, presidente del medio digital República, denunció un supuesto contrato de sicariato en su contra, contra José Fernando Orellana, director general, y Alejandro Palmieri, editor de Política del medio, que atribuyó a publicaciones sobre dirigentes políticos que estarían presuntamente vinculados al narcotráfico. República señaló al precandidato presidencial Roberto Arzú García-Granados y a los diputados Luis Contreras, presidente del Congreso de la República; Luis Aguirre, Nery Ramos y César Fión, como presuntos responsables de un plan para atentar contra los responsables del medio. Los dirigentes rechazaron las acusaciones y anunciaron que presentaron acciones legales contra Arenas y el medio.
El caso generó preocupación por la aplicación del artículo 35 de la Constitución y de la Ley de Emisión del Pensamiento, que establece el Tribunal de Imprenta como procedimiento para atender asuntos relacionados con publicaciones, en lugar de la vía penal ordinaria, particularmente cuando involucran a funcionarios públicos. Organizaciones empresariales y la Embajada de Estados Unidos repudiaron las amenazas y solicitaron investigaciones independientes y protección para los periodistas. Arenas salió del país con su familia, mientras Orellana y Palmieri recibieron protección estatal. La Fiscalía contra el Crimen Organizado investiga el caso bajo reserva.
A inicios de septiembre, la organización Red Rompe el Miedo publicó su informe semestral, en el que documentó 51 casos y 73 agresiones contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación. El reporte registró restricciones al acceso a fuentes informativas, bloqueos informativos, intimidación, amenazas verbales, campañas de desprestigio, violencia digital, agresiones físicas y criminalización.
El 1 de septiembre, el periodista Sonny Figueroa, del medio digital Vox Populi, fue detenido por la Policía Nacional Civil por supuesta falta de identificación personal, insultos a la autoridad y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. El hecho ocurrió en el contexto de una investigación que Figueroa realiza junto con el periodista Marvin Del Cid sobre supuestos negocios fraudulentos de diputados en funciones. Durante el procedimiento fueron decomisados su teléfono, computadora y bicicleta, y Figueroa denunció haber sido agredido durante su traslado a los tribunales. El juez le impuso una fianza de Q500 (aproximadamente US$65), tras lo cual recuperó su libertad. La Policía Nacional Civil aseguró que la detención no tuvo relación con su trabajo periodístico. La APG expresó preocupación y señaló que los hechos podrían constituir actos de intimidación y criminalización contra periodistas.
También a inicios de septiembre se hizo pública una investigación del Instituto Reuters para la Universidad de Oxford sobre una campaña digital coordinada en la red social X contra el periodista José Rubén Zamora, fundador y director del desaparecido diario elPeriódico. El estudio académico independiente, realizado por el investigador Harald Waxenecker, recopiló y analizó 675.835 publicaciones difundidas entre julio de 2022 y enero de 2026. Aunque la mayoría de las menciones globales sobre Zamora eran favorables, la investigación identificó un patrón estructurado de publicaciones hostiles orientadas a desacreditarlo, presentar su trabajo periodístico como delictivo y presionar a sus allegados y defensores legales. El estudio señala que la campaña habría sido iniciada y dirigida por un núcleo de 44 cuentas, identificadas como “creadores de agenda” (agenda-setters), cuyas narrativas fueron posteriormente replicadas por otras cuentas y redes de amplificación.
Zamora permaneció en prisión preventiva durante más de tres años antes de que, en febrero de 2026, se le permitiera cumplir arresto domiciliario. En julio, la Corte Constitucional de Guatemala ordenó su liberación, aunque continúa sujeto a otros procesos penales.
El 17 de octubre fue asesinado Juan Francisco Solórzano Foppa, abogado y exfiscal guatemalteco que denunciaba en redes sociales la corrupción y el narcotráfico. El crimen, perpetrado en un complejo deportivo de Ciudad de Guatemala y en presencia de su hijo, conmocionó al país y reavivó las alarmas sobre la violencia criminal como mecanismo para silenciar a las voces críticas.
